Las sociedades saludables requieren de individuos que puedan sacar a sus familias adelante, sin depender del favor de un político o de un burócrata.

El Socialismo del Siglo XXI desea ocupar el mayor número de espacios en el entorno iberoamericano. El concepto adquiere popularidad allá por el año 2005, cuando Chávez comienza a referirse a su movimiento utilizando dicho término. Desde entonces, han sido muchos los países ocupados por líderes pertenecientes al Foro de Sao Paulo y comprometidos con los principios de este movimiento político-ideológico. Venezuela, Ecuador, Nicaragua o incluso democracias más estables como Argentina o Brasil, han flirteado con estas ideas durante los últimos quince años. Los resultados han sido, como el lector puede suponer, desastrosos. ¿Cómo operan estos liberticidas? ¿Contribuyen con sus acciones a erosionar el ambiente socioespacial y el entorno moral que dominan? Sin duda alguna. 

Una vez arriban a posiciones de poder, los antisistema desean, en primer lugar, modificar la arquitectura institucional vigente. Para ello, promueven reformas constitucionales en el corto plazo con tal de cambiar las reglas del juego lo antes posible, habilitando en la mayoría de los casos la reelección ad eternum de los candidatos asentados en el poder ejecutivo. De lo anterior, son evidencia clara los procesos de reforma constitucional que en su momento han sufrido naciones como Venezuela, otrora una de las grandes democracias existentes en la región. Hugo Chávez <<juraba sobre la moribunda Constitución>> en el año 1999, enviando una clara señal a todos aquellos que creían en la recuperación del sistema político venezolano. Tal recuperación, no sucedería. 

Sin embargo, las medidas que toman los liberticidas autoritarios no acaban ahí. Además de la reforma Constitucional, que pretende modificar la estructura y naturaleza del sistema político, se ponen en práctica una serie de medidas sociales que, de forma contraintuitiva, someten a los individuos ante el poder despótico del Estado. Dichas políticas sociales parecen preocuparse de la población, pues van dirigidas a edificar una <<red de seguridad>> que garantice el acceso a determinados bienes que se consideran de primera necesidad. Sin embargo, el resultado es decepcionante tanto en términos económicos como morales, pues anulan la capacidad creativa y emprendedora de un elevado número de personas, condenándoles definitivamente a la pobreza. Puede servir de ejemplo <<las bolsas seguras>> que se implementaron en un gran número de países de América Latina. Dichas bolsas contribuyeron, sobre todo, a edificar redes clientelares que conectaban al receptor con la estructura de poder. No fueron una herramienta eficaz de lucha contra la pobreza. 

Estas políticas paternalistas contribuyen como hemos señalado al sometimiento progresivo de los individuos al poder. La dependencia como enfermedad social, como uno de los grandes limitantes del desarrollo. Una condena al inmovilismo. En algunas situaciones, incluso se han llegado a poner en práctica instrumentos más sofisticados. La elevada inflación se conforma como una eficaz herramienta de sometimiento y empobreciendo colectivo. También, los programas vinculados a la protección y nacionalización de determinadas industrias e instrumentos de comunicación. En definitiva, el Socialismo del Siglo XXI somete  eliminando la propiedad privada y la estructura de Derechos y Libertades individuales. Y todo esto lo hace en nombre de los más desfavorecidos de la sociedad. Realmente, sus acciones dibujan un macabro ciclo orwelliano. 

Solo así, eliminando esferas de acción que pertenecían a la sociedad y trasladando las mismas al Estado, se puede progresiva y suavemente concentrar poder. Como sabemos, España se encuentra en este momento en una encrucijada. Estamos sufriendo los efectos de un gobierno social comunista que pretende, siguiendo el manual desarrollado por los defensores del Socialismo del Siglo XXI, generar una población dependiente con el fin de hacer de esta un sujeto fácilmente controlable. La crisis que sufrimos provocará el  naufragio de un gran número de familias en los próximos meses. El Gobierno utilizará la necesidad para chantajearles. Sin querer, perdemos la ya limitada libertad que disfrutamos. Lo anterior es de una elevada gravedad, pues en el fondo lo que se busca es anular a la sociedad diluyéndola. 

¿Existe una salida a la actual situación? Por supuesto. Acciones en el ámbito económico comprometidas con rebajas fiscales, la limitación de gasto público y la reducción tanto de burocracia como de regulaciones innecesarias pueden revertir el proceso, aumentando la estructura de oportunidades de los españoles. Haciéndoles más fuertes frente al Estado. Una sociedad dependiente no es saludable. No es correcto ni moral, ni económica, ni políticamente. Las sociedades fuertes requieren de personas libres, con capacidad para emprender y sacar adelante aventuras empresariales de todo tipo. Las sociedades saludables requieren de individuos que puedan sacar a sus familias adelante, sin depender del favor de un político o de un burócrata. La acción pública debería facilitar las cosas, no complicarlas a través de la regulación. Solo así podremos, desde la política, contribuir a la mejora y recuperación de nuestra nación, pues la misma no existe sin esos españoles que día a día se esfuerzan por mejorar el nivel de vida de los suyos.