Una insurrección frustrada es una buena coartada para continuar e intensificar el trato desigual.

La reacción al inquietante ataque al Capitolio el 6 de enero ha sido profundamente asimétrica, y es lógico que esto preocupe a los conservadores. Las grandes compañías tecnológicas solo han vetado a personas o redes sociales de derechas, mientras que los medios de comunicación que una y otra vez se complacieron en llamar a los disturbios del año pasado “marchas por la justicia social” se niegan a hablar de “motín” al referirse a lo sucedido en el Capitolio. El término “insurrección” es el único que vale.

Apple, por ejemplo, se ha unido a Alphabet (propietario de Google) para expulsar de su tienda de aplicaciones a Parler, la plataforma de medios sociales frecuentada por numerosos conservadores. Amazon, por su parte, ha dejado de alojar a la plataforma en sus servidores.

La razón esgrimida es que Parler incumplió las condiciones del servicio al permitir que un pequeño grupo de sus usuarios diseñara un plan para generar el caos. Pero Facebook también fue utilizado por los manifestantes del verano para organizarse, y esos usuarios no han corrido la misma suerte. Otro ejemplo de doble rasero evidente es la forma en que se abordan las dificultades planteadas por las elecciones de noviembre de este año, en comparación con lo ocurrido otros años.

Los llamamientos a que los electores de los colegios electorales no siguieran los dictados de sus votantes, o que los políticos no certificaran los resultados estatales, se multiplicaron en 2016, cuando ganó Donald Trump y en años previos, cuando los republicanos resultaron vencedores. Sin embargo, ahora son considerados actos de traición, y se les acusa de haber incitado a la denominada “insurrección”.

En consecuencia, los seis senadores y los 121 miembros de la Cámara de Representantes que apoyaron la objeción contra los votos electorales de Arizona pueden enfrentarse a alguna forma de censura en ambas Cámaras. En cambio, cuando la senadora por California Barbara Boxer y la representante por Ohio Stephanie Tubbs Jones hicieron lo mismo en enero de 2005, tras la victoria electoral de George W. Bush, se convirtieron en héroes de la izquierda. El senador Durbin y la portavoz Nancy Pelosi felicitaron a Boxer.

Además, las redes sociales nunca pusieron “bajo sospecha” a los numerosos políticos que utilizaron las redes sociales para acusar a Trump de conspirar con el dictador ruso Vladimir Putin para distorsionar las elecciones de 2016. Un ejemplo: el tweet de Nancy Pelosi de 2017, en el que afirmaba que las elecciones de 2016 habían sido “secuestradas” no dio lugar a ninguna medida disciplinaria por parte de Twitter. De hecho, se retuiteó más de 20.000 veces.

También se consideró “súper cool” que Martin Sheen, Debra Messing y otras celebridades de Hollywood casi suplicaron a los electores republicanos que no votaran a Donald Trump cuando se reunieron el 19 de diciembre de 2016.

“Tienes la posición, la autoridad y la oportunidad de entrar en los anales de la Historia como un héroe norteamericano que cambió el curso de la historia”, afirmaron estas celebrities en el  vídeo producido por el grupo Unite For America. ¿Alguien se acuerda de aquello? Seguro que no: muy pocos le dieron importancia.

Una persona razonable puede argumentar que en aquella ocasión no se produjeron disturbios y ninguna turba asaltó el Capitolio, como ocurrió el 6 de enero. Ahora bien, eso demuestra que el mero hecho de cuestionar el resultado de unas elecciones no es un acto de insurrección o una incitación a la violencia.

Existe un consenso en Estados Unidos sobre lo inadmisible que resulta el discurso incendiario. También estamos de acuerdo en que la incitación a la violencia o los llamamientos a despreciar la Constitución no están amparados por la libertad de expresión de la Primera Enmienda. Al fin y al cabo, a los funcionarios públicos se les requiere que presten juramento para proteger la Constitución contra enemigos “extranjeros y nacionales”.

Sin embargo, también existe una gran cautela a la hora de recurrir a estas advertencias para eliminar formas de expresión que deben gozar de la protección de la Primera Enmienda. En este contexto, la izquierda ha afirmado en los últimos años que cierto discurso constituye violencia, incluso cuando es evidente que no implica un llamamiento a la violencia sino que es la libre expresión de posiciones con las que la izquierda no está de acuerdo. Por ejemplo, las opiniones pro-vida o anti discriminación positiva.

Y hay también una expectativa de juego limpio. Las mismas reglas deberían aplicarse por igual a conservadores y progresistas.

Por eso la insistencia en el uso del término “insurrección” lleva a mucha gente a recapacitar. Una insurrección frustrada es una buena coartada para continuar e intensificar el trato desigual.

Artículo original a continuación.

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