La maniobra de Iglesias de desprestigiar la democracia española desde una de sus principales instituciones (no olvidemos que nos referimos al vicepresidente segundo del Gobierno), respondería a un proyecto de consolidación de las distintas alianzas que han establecido la izquierda radical y el separatismo en nuestro país

Podemos ha iniciado una nueva campaña de deslegitimación de nuestra democracia. Su secretario general y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se refirió a España como una “democracia limitada”.

Iglesias, desde su posición privilegiada en el Gobierno, ha decidido emprender una campaña de desprestigio de nuestras instituciones con el objetivo de “disputar la democracia”.

Sus años de militancia en las juventudes comunistas, su compromiso revolucionario y su formación politológica en una facultad donde numerosos profesores han alentado un espíritu de radicalismo antidemocrático y antiliberal, son algunos de los elementos que caracterizan ese proyecto personalista que es Podemos.

Nadie recuerda ya cómo, entre finales de 2018 y principios de 2019, tras la resaca del conocido como Vistalegre II, el fundador y también politólogo, Juan Carlos Monedero, justificaba la marginación y la posterior expulsión de Íñigo Errejón aludiendo a la ausencia de validez de la “hipótesis populista”. Para el profesor de la Complutense, el populismo que, hasta aquel entonces, había caracterizado a Podemos, había dejado de ser funcional puesto que servía para una fase destituyente del régimen, pero no para una instituyente.

Pocos serán los que recuerden que tras este lenguaje neogramsciano, en el que también figuraban expresiones cuestionables como “crisis de régimen” o “régimen del 78”, Podemos, de la mano de un avezado Iglesias, siempre escondió su talante profundamente antidemocrático bajo una retórica “democrática”.

Por todo ello no debería extrañarnos que, en un contexto como el actual, donde Iglesias y sus principales apoyos ocupan ahora posiciones de poder en la estructura gubernamental, Podemos haya vuelto a la carga con una de las principales intuiciones que tuvo su máximo promotor: la de “disputar” el concepto de democracia.

De esta forma, las recientes declaraciones del vicepresidente del gobierno donde habla de “democratizar” los poderes mediáticos, de la ausencia de una “plena normalidad democrática” en España o de que la existencia de Podemos se justifica en que “España es una democracia mejorable” no son sino un conjunto de argumentos destinados a legitimar algunas de las principales tesis que tanto el separatismo catalán y vasco como la izquierda radical española llevan poniendo en boga durante muchos años.

Si España no es una democracia “normal”, si sus instituciones y su orden constitucional padece de una profunda crisis de legitimidad que emanaría de su supuesta “continuación” con el franquismo, entonces tanto el proyecto de una república plurinacional como el de la secesión que plantea el separatismo catalán, estarían justificados.

En definitiva, la maniobra de Iglesias de desprestigiar la democracia española desde una de sus principales instituciones (no olvidemos que nos referimos al vicepresidente segundo del Gobierno), respondería a un proyecto de consolidación de las distintas alianzas que han establecido la izquierda radical y el separatismo en nuestro país y que, de no verse respondidos adecuadamente, nos conducirán a una crisis institucional similar a la que padeció el sistema de la Restauración a finales de la década de 1910 y comienzos de la de 1920 del siglo pasado.

Conviene recordar que no es la primera vez que, desde Podemos, se fuerza este paralelismo. Ya en el año 2017 Iglesias y distintos miembros de su formación utilizaron tanto “oligarquía y caciquismo” de Joaquín Costa como la “historia de España en el siglo XIX” del historiador marxista Manuel Tuñón de Lara como principales arietes con el fin de forzar el derrumbamiento de nuestra democracia y nuestro sistema constitucional.

En esta ocasión su discurso sobre el carácter limitado de nuestra democracia ha prescindido de cualquier ropaje teórico para centrarse en legitimar el relato que el separatismo trata de propagar en las instituciones internacionales y, de manera colateral, legitimar y dotar de una pátina democrática a una formación que, a todas luces y desde dentro del propio gobierno, está trabajando en su contra.