Desde hace casi 200 años, la Monarquía española ha sido liberal y -llegado el caso- democrática. Y lo ha sido como nunca lo fueron los republicanos, los socialistas y las elites progresistas.

Nuestro país ha vivido mucho tiempo bajo el peso de la leyenda, o mejor dicho las leyendas negras. Una, la más famosa y veterana, es aquella que maltrata la naturaleza de nuestro país y a su posición en el mundo desde la expansión del siglo XVI. Está en discusión desde hace algunos años gracias a una reacción de defensa de España surgida ante una política activa de desmantelamiento de la nación y de su democracia liberal. Otras leyendas, sin embargo, permanecen casi intactas. Y eso por mucho que desde hace veinte años son numerosos los estudiosos y los historiadores empeñados en cambiar el marco de comprensión de los hechos. Es la historia del siglo XX español y la larga secuencia que va desde la fecha simbólica de 1898 a la Monarquía parlamentaria instaurada en 1978.

En realidad, habría que remontarse al Sexenio revolucionario, cuando, entre 1868 y 1873, triunfaron los partidos progresistas y republicanos, encabezados durante un largo momento por los ideólogos del grupo krausista. El monumental fracaso de aquella coalición apartó durante algunas décadas a republicanos, federalistas y krausistas de la vida política. Esta se volcó en el establecimiento y la consolidación de una Monarquía constitucional equiparable, en todos sus aspectos, con cualquier otro régimen liberal europeo de la época. Ni en la política, ni en la cultura, ni en la economía, ni en la sociedad, la España de la Restauración, o de la Monarquía constitucional, era un país distinto, mucho menos inferior, a sus vecinos europeos. Nada había en España -con las particularidades correspondientes, como es natural- que no correspondiera a la situación europea del momento.

La crisis del 98 tampoco fue exclusivamente española, y, como en muchos otros países europeos, propició el surgimiento del nacionalismo -un movimiento de ensimismamiento y de crítica truculenta y grotesca del liberalismo y los regímenes constitucionales. En nuestro país la pulsión nacionalista, destructora de la nación liberal, se llamó regeneracionismo, y se empeñó en demostrar que no éramos europeos. En alianza con un Partido Socialista que jamás aceptó las reglas de la democracia y con unos intelectuales progresistas hiperelitistas -ahora institucionistas o relacionadas con la Institución Libre de Enseñanza- herederos del krausismo y que tampoco aceptaron las reglas del liberalismo ni de la democracia, la embestida consiguió acabar con la Monarquía constitucional. Aquel régimen garantizaba las libertades públicas y privadas e iba evolucionando hacia una democracia plena, exactamente como muchos otros países europeos. Los supuestos modernizadores y progresistas acabaron con esa posibilidad.

Quedan, como resumen, tópicos lamentables como el de “España real contra España oficial”, el de “la vieja política y la nueva” y el omnipresente de la “europeización de España”, resumido en el eslogan de Ortega según el cual España era el problema y Europa la solución. Tres años después de pronunciada la frase, “la solución” se hundió voluntariamente en la mayor carnicería de la historia de la humanidad; treinta años más tarde, “la solución” se superó a sí misma.

 La Segunda República no fue un intento democratizador ni modernizador. Fue un ensayo revolucionario para implantar un régimen del que quedaban excluidos todos los que no fueran republicanos de izquierdas. Fue el triunfo renovado de algunas de las fuerzas que ya habían protagonizado el Sexenio revolucionario, las mismas que inspiraron parte del ideario de una República antiliberal y antidemocrática en esencia. Conocemos el éxito que consiguió, similar al que en 1914 había explorado, como se dice, “la solución” orteguiana.

A diferencia de lo ocurrido en 1876, después de aquel experimento en regresión e incivilidad, ya no había espacio ni ocasión para una nueva Monarquía constitucional. Reanudar con lo que se había destrozado en los cuarenta primeros años del siglo costó otros tantos de dictadura. Y lo más sorprendente es que, cuando se logró por fin instaurar una Monarquía parlamentaria, los mismos agentes que habían logrado la hazaña de una transición pacífica y pactada aceptaron una visión de la historia de su propio país que contradecía lo que estaban haciendo y la propia raíz histórica del nuevo régimen constitucional.

 Así que en vez de entroncar la Monarquía parlamentaria en la Monarquía constitucional (y protodemocrática), que era su auténtica predecesora, volvió esa leyenda negra según la cual los procesos de modernización y democratización de nuestro país sólo se producen en los momentos de ruptura revolucionaria y a ser posible republicana, como en el Sexenio y en 1931, convertidos en precedentes necesarios de aquello que era -y es- su negación.

La prudencia política de los protagonistas de la Transición y las dos primeras décadas de la Monarquía parlamentaria evitaron que aquello cobrara carácter político. Aun así, estaba en la base de la mentalidad y la cultura oficial, la investigación académica y la enseñanza en todos los niveles educativos, hasta que la semilla, plantada por los herederos del socialismo y de los institucionistas, fructificó en el siglo XXI. En lo intelectual, con el esfuerzo por demostrar que la nación española es un fracaso, en línea con lo más escabroso del  regeneracionismo -es decir, el nacionalismo español. Y en lo político, con una izquierda tan antiliberal como siempre, embarcada en el activismo y en la refundación de España, como si España necesitara ser refundada y reinventada otra vez. Todo bajo la mirada impávida de una derecha obsesionada con hacerse perdonar unas culpas imaginarias.

Como hace un siglo, y como ocurrió entre 1868 y 1873, el proyecto sigue siendo, por lo esencial, destructivo. Por eso el trabajo de desmontaje y desmitificación de esta segunda leyenda negra debe ser continuado y profundizado. Habrá que intentar evitar que la misma pulsión antiliberal y antidemocrática acabe una vez más con la prosperidad y la convivencia en libertad. En nuestro país, estas van relacionadas con la Monarquía, antes constitucional y ahora parlamentaria. Desde hace casi 200 años, la Monarquía española ha sido liberal y -llegado el caso- democrática. Y lo ha sido como nunca lo fueron los republicanos, los socialistas y las elites progresistas.