El modus operandi de la izquierda latinoamericana, inspirada por el bolivarianismo, consiste en promover el caos para forzar un cambio político. Eso es lo que se dirime hoy en Colombia.

No es nuevo que algún país de Suramérica esté en llamas producto del caos y de la violencia. Tampoco es algo exclusivo de nuestras latitudes, pues la izquierda no tiene límites geográficos a la hora de hacer valer su palabra y su forma de imponer el terror y el miedo. Ese es su propósito: arrasar todo a su paso, sin importar cuánto haya costado levantar un negocio, sin importar cuánta gente se quede sin empleo, sin importar cuántas vidas arruinen. Su chantaje, sin límites, es ese: violencia o nada.

Desde 2019 hemos venido viendo en la región un modus operandi muy bien elaborado, casi con guion, capaz de ir ampliando su alcance y desestabilizar a varios países en simultáneo. Esa forma de proceder lo primero que se propone es crear caos, quemar todo, destruir cada cosa a su paso, creyéndose indetenibles. Sus promotores se aprovechan de algún descontento legítimo en la sociedad, de alguna medida impopular o de cualquier cosa que les permita aflorar el resentimiento, el desprecio y el malestar de una sociedad que, teniendo formas de hacer valer sus derechos, termina envuelta en una espiral de violencia y de destrucción que no sólo hace que las fuerzas de seguridad deban responder, sino que ponen como culpable a los gobiernos de turno de esas acciones, y no al vandalismo descontrolado que azota calles y avenidas.

Es importante aclarar que cualquier uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios hacia ciudadanos debe ser condenado, sin duda. Cualquier exceso en la manera de disolver manifestaciones debe ser repudiado. Pero, así como eso debe ser condenado, también debe serlo la violencia que emana de quienes creen que destruyendo van a crear algo. El vandalismo no es una forma de cambiar las cosas para mejor, nunca, y mucho menos si pretende incendiar y acabar con la propiedad privada.

Hoy, nuevamente, es Colombia quien está incendiada por doquier. Como en 2019, junto a Ecuador, Chile y otros, la izquierda se vanagloria de convocar paros y protestas que terminan en caos y destrucción, frente a medidas que toma el gobierno, en este caso una reforma tributaria, entre otros. Nada distinto a Chile, en su momento, con el incremento de tarifas o Ecuador con una reforma institucional. Poco importa la medida y poco importa si hay una forma diferente de resolverla, siempre la izquierda promoverá el caos para justificar la necesidad de un cambio político que comienza por pedir la eliminación de la medida propuesta y termina por pedir la cabeza del mandatario.

Esto no es casualidad. Pasa en los países donde la izquierda no gobierna y que son objetivo fundamental para su proyecto, reunido en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla. Tras las protestas, están los grandes “liderazgos progresistas”, esa forma de camuflar a la izquierda más recalcitrante, quienes aúpan la situación y se dicen los grandes reivindicadores del “pueblo”, allanando así su camino a una candidatura presidencial y posible victoria. Ejemplo: Gustavo Petro.

Pero este caos no tiene un solo campo de batalla y no sólo se da en el terreno. Tiene una profunda dimensión en redes sociales y en la manipulación desde éstas, fomentando el llamado al caos y al arrase desde cuentas que no están en el país de las manifestaciones. En el 2019, los servicios de inteligencia de Colombia, Ecuador y Chile comprobaron que el mayor flujo de tuits y publicaciones provenían de bots que estaban en Venezuela, Rusia, Turquía y otras latitudes. Esa es parte de la estrategia: agitar en las redes, impulsar el miedo a través de ellas y exacerbar el odio. Esas mismas redes hoy, en Colombia, señalan a artistas o personalidades que han manifestado algún apoyo en su momento al presidente Iván Duque; buscan estigmatizar y marcar a quienes piensan diferente o a quienes no se suman a la destrucción. Todo eso, fuera de las fronteras de Colombia.

Eso es precisamente la guerra híbrida. El uso de todos los medios disponibles, sobre todo los imperceptibles, para cambiar el clima de opinión e incidir abiertamente en la política de otros países y en el malestar ciudadano. A ello, se suma la infiltración de las protestas, con personas entrenadas para tal fin, muchas de ellas venezolanos que no tienen nada que ver con la inmensa mayoría de los que han tenido que huir, sino con grupos enviados por el régimen para generar crispación. Esa mezcla de recursos cibernéticos y físicos, de provocación y de agitación, es la combinación perfecta para que el caos y la zozobra se apodere de las ciudades.

Vale la pena insistir: lo hacen desde la oposición. Lo hacen aprovechándose del descontento ciudadano y buscan marcar a cualquiera que se oponga a la violencia porque, para ellos, eso es oponerse “al pueblo”. Así como la izquierda es efectiva implementando políticas destructivas que desmantelan instituciones democráticas y generan crisis económicas y sociales, también lo son siendo oposición, culpando a los gobiernos de turno -democracias liberales- de aplicar malas políticas, cuando en realidad intentan revertir el desastre que la propia izquierda gobernante generó.

Esto también nos lleva a la reflexión hacia los gobiernos de esas democracias liberales que, en lugar de ser firmes y asumir la naturaleza de la amenaza que se cierne sobre ellos, optan por dialogar con la izquierda que los quiere acorralar y neutralizar. Vimos el ejemplo con Sebastián Piñera, que al principio había dicho contundentemente “estamos en guerra”, y luego tuvo que pedir perdón y conceder todo lo que los manifestantes pedían. Ahora, frente a un incierto escenario y una constituyente que puede ser el final del Chile referencia que conocemos, nos damos cuenta del error de ceder frente a los violentos.

También lo estamos viendo ahora en Colombia: el gobierno ha retirado las medidas propuestas, pero por el chantaje de los grupos violentos. Cuando se cede la primera vez, se cederá siempre. Así, los gobiernos quedan como cobardes y los violentos como héroes; grave error, porque el chantaje y la extorsión ganan. Esto de ningún modo justifica el uso de la violencia contra manifestantes pacíficos ni la violación a los derechos humanos, pero sí justifica la aplicación de la justicia y de todo el peso de la ley a quienes generan violencia y destrucción a su paso.

No se puede ser tibio o blando con quienes incendian ciudades en nombre de la paz. Se requiere firmeza y contundencia contra la izquierda criminal, sin tibieza ni contemplación, pues son criminales que tienen un proyecto disfrazado de política, pero que en realidad es crimen puro. Hay un proceso de desestabilización que se ha orquestado para toda Latinoamérica y en el que lo menos que se necesita son gobiernos susceptibles a la opinión pública que, en buena medida, está condicionada.

El año 2022 será desafiante para América Latina. No sólo Lula acecha con volver al poder en Brasil y devolverle la casa al Foro de Sao Paulo, sino que, para la izquierda continental, Colombia es la joya de la corona; es el lujo que quieren darse y que no están dispuestos a perder. Por eso, la lógica es incendiarla, acabarla y decir que es culpa de Duque, para que el gran mesías Petro logre un triunfo que es incapaz de conseguir por otros medios.
Colombia es clave para la izquierda criminal continental. El sueño de las FARC, del ELN, de la guerrilla en general y de la izquierda es alcanzar el poder para ensanchar el territorio que les ha facilitado el régimen venezolano para el crimen internacional. Es la consolidación de una gran ruta de narcotráfico, crimen, violencia y la implementación de un modelo de miseria socialista y comunista que se convertirá, aún más, en un serio problema de seguridad para todo el hemisferio. Sí, es la “Gran Colombia”, pero del crimen y del narcotráfico, así como del terrorismo.

Eso, o la liberación de Venezuela y el compromiso decidido para lograrlo.

Lo primero está advertido; lo segundo es un deber si se quiere evitar lo primero.

Puede ser tarde, pero aún estamos a tiempo.

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