Este proyecto de Ley deja en el limbo las persecuciones y la violencia ejercida por la izquierda contra los de sus propias filas

Uno de los elementos más fascinantes del proyecto de Ley de Memoria Democrática que ha aprobado el Gobierno es el hecho de negar la existencia de víctimas de la “izquierda”, entendiendo por “izquierda” todo lo que no estuviera del lado de los sublevados contra el régimen republicano en julio de 1936.

Eso lleva a situaciones turbias, como la del estatus de algunos antifranquistas como Julián Grimau, ejecutado por las fuerzas policiales del régimen de Franco tras una denuncia por parte de su camarada Santiago Carrillo. Estragos de una memoria censurada, como estos hechos, muy bien expuestos por Carmen Grimau en su novela Porque los otros hablan en mí, recientemente publicada.

Más lejos en el tiempo, este proyecto de Ley deja en el limbo las persecuciones y la violencia ejercida por la izquierda contra los de sus propias filas. Por ejemplo, el acoso y la censura a la que los comunistas sometieron a Largo Caballero -el pobre Lenin español- tras conseguir echarlo de la Presidencia del Gobierno en mayo de 1937 (lograron, por ejemplo, que jamás volviera a hablar en público), la persecución de Prieto o, por citar el caso más beatificado de todos, el acoso a Azaña, sometido a vigilancia policial y cuyos discursos aparecían censurados en algunos de los periódicos publicados en la España “republicana”. (“Republicana” va entre comillas, porque, como escribió el propio Azaña, aquello tenía poco que ver con la Segunda República -aunque esta tampoco hubiera sido precisamente un régimen liberal.)

Más dramático es el caso de los comunistas no estalinistas, como los miembros del POUM, encarcelados en masa, a los que se les quiso montar en Barcelona juicios como los de Moscú de aquellos años, y en particular el de Andrés Nin, secuestrado y desollado vivo por los comunistas cerca de Alcalá de Henares. Tampoco serán ya víctimas, por lo visto, los sindicalistas que sufrieron la brutalidad de esos mismos  comunistas y del Gobierno de Negrín cuando llegó el momento de desmantelar el Consejo de Aragón y reprimir -sin contemplaciones- la revolución anarquista. Ni los brigadistas internacionales no estalinistas, o aquellos a  los que se les cayeron las orejeras estalinistas en algún episodio particularmente sórdido de nuestra muy sórdida Guerra Civil y que acabaron pagando muy caro el chasco y la mentira que se habían creído.

Así que sólo adquieren categoría de víctima aquellos que fueron objeto de alguna violencia por el bando antirrepublicano, mejor dicho sus descendientes -porque el proyecto de Ley está hecho para el presente, no para quienes sufrieron aquella violencia siniestra, casi todos desaparecidos hace ya años. El resto no merece que se les reconozca el padecimiento de sus familiares, ni siquiera, como hace el proyecto de Ley, simbólicamente. (Porque también sabemos que la única compensación que la nueva Ley concedería, de aprobarse, sería moral: las compensaciones de otro tipo, hasta los 21.600 millones de euros, ya están hechas, como reconocen los fautores del texto. Eso sí, va a haber compensaciones contantes y sonantes para partidos y sindicatos, de aquellos que hicieron la Guerra, es de suponer…)

Esto último indica el grado de disociación mental al que llega la izquierda. La izquierda en general, pero muy particularmente la española, que tiene en esto una tradición bien consolidada y cultivada, que se remonta a 150 años atrás, cuando el fracaso del progresismo, el federalismo y el krausismo en el experimento del Sexenio revolucionario, Primera República incluida, entre 1868 y 1876. Fracaso nunca aceptado por un grupo selecto de adeptos que lograron luego superponer su visión revanchista a la realidad constitucional y liberal que no habían conseguido impedir. (La historia se repite, efectivamente, y no sólo en modo paródico.) Es ese peculiar daltonismo, tal como lo denomina Miguel Ángel Quintana Paz, el que permite a la izquierda no percibir las partes de la realidad que no quiere ver: en este caso, la muerte violenta de sus propios correligionarios por personas que, por ser de izquierdas, dejan de participar en la categoría de victimarios, o de verdugos. Algo parecido a lo que ocurre con los socialistas, que no dudan en rendir pleitesía a los filoetarras como si entre sus filas no hubiera habido víctimas del terror nacionalista. O, peor aún, como si esas víctimas hubieran sido el sacrificio necesario para la instauración de una Ley superior: una ley que encarna el sentido de una Historia que se encamina ineluctablemente a la creación de una España nueva, confederal, de pueblos y naciones libres y emancipados. Y plasmada en parte muy relevante en este proyecto legislativo sobre Memoria Democrática, que por fin los hace desaparecer.

Esa disociación o daltonismo, requiere una explicación psiquiátrica. Se habla mucho del carácter “psicópata” de algunos líderes socialistas, pero es un enfoque demasiado estrecho y anecdótico. El diagnóstico debería ir referido más bien a averiguar si no es esta la naturaleza misma de la izquierda (española), que modela el alma y la mente de sus adeptos al modo de una secta –tan bien descrito por James Lindsey en estas páginas-, que anula la norma moral prevalente en una sociedad. A cambio, los llevaría a interiorizar otra que, como es natural, les exime de cualquier responsabilidad y de cualquier interrogación. Todo lo que no sea “lo nuestro”, es decir, lo que pertenece al canon de comportamiento de la izquierda, es repudiable: por ejemplo, nunca, ni en la Guerra Civil ni más tarde hubo ni habrá nunca víctimas de la izquierda. No son, por tanto, unos cuantos individuos los que tienen la mente configurada de esa forma. El hecho es que ser de izquierdas, en España, instaura en sus adeptos lo que en términos psiquiátricos, se denomina psicopatía. (Ni que decir tiene que hay personas de izquierdas que no participan de ella o que la han dejado atrás, pero lo significativo es que la izquierda no los reconoce como suyos).

Todo esto merece un ensayo largo, que debería constar de una segunda parte en la que se analizaría la otra vertiente de esta cuestión: por qué la derecha española presenta -o ha presentado hasta hace poco tiempo- un cuadro de neurosis tan perfectamente caracterizado y cuáles son las causas históricas de esta realidad. Completarlo todo con la descripción de las relaciones imposibles entre neuróticos y psicópatas proporcionaría algunas claves relevantes, y más de una vez cómicas, para comprender la historia de nuestra democracia.

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