Por un lado, Viktor Orban mantiene y aplica sin sorpresas sus políticas conservadoras. Por el otro, Von der Leyen (del Partido Popular Europeo) ha confirmado el giro “woke” de las élites europeas.

Septiembre, la Comisión Europea hace su rentrée después de un verano aciago marcado por la debacle de Estados Unidos (y por extensión de todo Occidente) en Afganistán. Un fiasco dantesco cuya primera onda expansiva serán los flujos migratorios que pronto llegarán a las puertas de Europa, como en 2015. Esperemos que la Unión haya aprendido alguna lección, no se deje cegar por un buenismo insensato y actúe con pragmatismo, velando más por sus intereses que por unos “valores comunes” que sólo ocultan su impotencia.

Bien, pues éste será sólo un tema entre muchos otros en la agenda europea de cara a un otoño que se anuncia políticamente caliente. Plan de recuperación, Bielorusia, agenda digital, elecciones en Alemania, el Pacto Verde y, por supuesto, el “Estado de Derecho”. O más bien, los temas candentes que se esconden detrás de esta expresión que ya es un eufemismo “made in EU” para promover una agenda más política que estrictamente jurídica. Hablamos del pulso con el Tribunal Supremo Polaco (y ojo, en breve con el alemán también) y sobre todo del enfrentamiento con Hungría acerca de su ley de protección de menores en el que las posiciones siguen más encalladas que nunca.

Por un lado, Viktor Orbán ha convocado este invierno un referéndum sobre el asunto; por el otro, la Comisión ha suspendido sine die la primera entrega de fondos de recuperación precisamente por sus dudas sobre… el “Estado de Derecho” en general…y la ley “homófoba” en particular.

De las muchas polémicas que han existido en la última década (y ya van unas cuantas) entre Hungría y la UE, esta ha pulverizado todos los registros en cuanto al nivel de tensión generado. El verano y Afganistán han dado un respiro, pero la polémica de julio sólo fue el primer asalto de un combate que seguirá por tierra, mar y aire. Una cuestión de principios, un caso que marcará un antes y un después para ambas partes.

Quizás, sobre todo, para la presidenta Von der Leyen que ha hecho de las minorías sexuales y del género un santo y seña de su mandato. Sin verlo venir, la teoría de género se ha convertido en una posición oficial del ejecutivo europeo.

Para justificar mi posición me remito a los textos y los hechos siguientes:

En primer lugar, el discurso sobre el Estado de la Unión que Úrsula Von Der Leyen pronunció en septiembre de 2020. En plena pandemia, con Europa contra las cuerdas, una crisis económica sin precedentes en ciernes y silenciando el efecto de algunas de las principales políticas europeas, no le faltó tiempo para criticar con rotundidad a las ciudades polacas contrarias a la ideología de género (las celebérrimas y burdas LGBTI Free Zones).

Más aún, se comprometió a impulsar el reconocimiento mutuo de las diferentes “relaciones familiares” en la UE porque “si uno es padre en un país, es padre en todos los países”. Leyendo entre líneas: propondrá una iniciativa para que los Estados que no amparen las madres de alquiler o la procreación asistida para parejas no heterosexuales deban reconocer a las parejas e hijos de otros Estados miembros. Un tema espinoso sabiendo que la UE no tiene competencias en materia de familia y una iniciativa cuyo carácter prioritario no salta a la vista en plena pandemia. No sería la primera vez que la Comisión y/o el Tribunal de Justicia de la Unión utilizarían la libertad de circulación de los ciudadanos europeos para promover unos postulados ideológicos que poco tienen que ver con las bases jurídicas invocadas para justificarlos. El caso Coman de 2018 es paradigmático en este sentido.

Finalmente, Von der Leyen anunció una estrategia para promover los derechos del colectivo LGBTIAQ+. Cumplió y la presentó dos meses más tarde. Este es el segundo documento que merece nuestra atención. En él asume sin rubor posiciones maximalistas (ni consensuadas ni consensuales) y, más que una iniciativa de protección de las minorías sexuales, se trata de un manifiesto “interseccional”. Leer para creer.

La doctrina está sentada, sólo hacía falta que se presentara la ocasión para ponerla en práctica y esta ha aparecido con motivo de la promulgación de la ley húngara de protección de la infancia. Recordemos que, hoy en día, la Comisión ha suspendido sine die el plan de recuperación de Hungría y más de uno sospecha que se trata de una consecuencia directa de esta polémica, es decir que la UE ha utilizado los fondos de recuperación para tratar de imponerse en una legislación sobre la que tiene escasas, por no decir ninguna, competencias. Una represalia que nos costará a los húngaros alrededor de 7.200 millones de euros.

Von der Leyen pronunció su primer discurso sobre el Estado de la Unión en septiembre de 2020 y publicó su estrategia LGBTI, respectivamente, diez y ocho meses antes de que Orban presentara su ley de protección de la infancia. No estoy afirmando que la Comisión haya creado una polémica de la nada, en absoluto. Solo me atrevo a concluir que, poniendo en perspectiva estos tres elementos, hemos sido los testigos de un choque de trenes anunciado, no de una reacción febril y precipitada de la Comisión.

Por un lado, Viktor Orban mantiene y aplica sin sorpresas sus políticas conservadoras. Por el otro, Von der Leyen (del Partido Popular Europeo, oficialmente considerado en Bruselas como “conservador” y al que pertenecía el Fidesz de Orban hasta junio pasado) ha confirmado el giro “woke” de las élites europeas. Cuesta creer que el despliegue del ambicioso plan de recuperación europeo dependa de una agenda social maximalista para la que la UE carece absolutamente de competencias. Pero en eso estamos.

Los conceptos de “valores europeos” y “no-discriminación”, más que principios, se han convertido en pretextos para imponer una ideología y acaparar competencias saltándose las reglas. Moral vs derecho, alea jacta est. Signo de los tiempos. A esto, algunos lo llaman “Estado de Derecho”.

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