El coro de los indignados filtra amenazas de “Polxit” , acusa a Polonia de violar los derechos humanos, de menoscabar la independencia judicial y pinta a Varsovia como en un régimen autocrático del que solo la UE puede salvar a los propios polacos…que eligieron al gobierno.

Un millón de euros al día, la multa diaria más alta jamás impuesta por el Tribunal de la Unión Europea: ese es el precio que Polonia deberá pagar hasta que dé su brazo a torcer, disuelva su Tribunal disciplinario (lo que lleva meses barajando) y reforme su sistema judicial (lo que descarta). Al escribir estas líneas, ya van diez millones de euros y el importe final podría ser de siete u ocho cifras si el pulso se prolonga. Sin mencionar los 24 billones (sí, billones) del Fondo de Recuperación que Bruselas también ha congelado en represalias por la tenaz resistencia de Varsovia. La UE ha sacado su artillería pesada y está dispuesta a disparar dónde más duele en plena fase de recuperación de la peor crisis económica en un siglo.

¿Por qué sanción tan severa, acaso está violando Varsovia las reglas del juego o se le está castigando por recordarlas con demasiada insolencia? La respuesta es meridianamente clara pero inaudible ante el torrente de información tendenciosa que acaba hilvanando el relato habitual de europeos buenos y malos. Del lado de los “buenos”: la Comisión Europea, guardián de las esencias ideológicas más que del derecho, los muy “virtuosos” Benelux cuya decadencia es inversamente proporcional a sus aires de grandeza moral, un Parlamento Europeo “ayatolizado” y una prensa cínicamente binaria. En el campo de los “malos” encontramos los sospechosos habituales: la Europa Central pragmática que tiene el mal gusto de pensar la UE en clave nacional, con Polonia, esta vez, en el papel estelar.

El coro de los indignados filtra amenazas de “Polxit” (ya quisiera…), acusa a Polonia de violar los derechos humanos, de menoscabar la independencia judicial y pinta a Varsovia como en un régimen autocrático del que solo la UE (¡o, sorpresa!) puede salvar a los propios polacos…que eligieron al gobierno. Hablan de casi todo salvo de la cuestión principal, la que todo el mundo omite salvo el Primer Ministro polaco que la puso en el centro de su discurso en Estrasburgo: la UE no puede actuar sin que los Estados miembros le hayan otorgado competencias para hacerlo, punto. Y si cruza la línea, ¿Quién sanciona el atropello? De momento, nadie, y esto supone un grave problema: la UE, y su propio Tribunal (el supuesto garante de la legalidad) se estarían saltando una de las reglas cardinales del Tratado: el principio de atribución de competencias.

La claridad con la que este principio está recogido en el artículo 5 TUE (“Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros”) bastaría para zanjar el debate. El problema, es que la UE en general y la Comisión y el Tribunal Europeo en particular se han acostumbrado a relegar esta regla de oro a rango de principio casi decorativo. El caso de la organización del poder judicial polaco es un ejemplo de libro de esta intromisión tan frívola como abusiva.

Veamos: ¿Cuál es la base legal sobre la que la UE ha basado su cruzada judicial contra Polonia? Juzguen ustedes mismos, la intervención de la UE se sustenta exclusivamente en el siguiente epígrafe del artículo 19 del Tratado: “Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión”. ¿Nada más? Sí, nada más, pero éste escueto enunciado no ha impedido a la Comisión arrogarse un derecho de veto sobre la organización del poder Judicial Polaco ni al Tribunal de Luxemburgo refrendar esta práctica con la multa coercitiva más elevada de su historia.

Sacarse de la manga unas competencias exorbitantes sobre una base tan débil suena más a arbitrariedad que a defensa de la legalidad. Cínica paradoja: la UE ignora las bases del Estado de Derecho para “defenderlo” en los Estados miembros sin un mandato claro (y por cierto, con desigual fervor a tenor de la vista gorda ante los atropellos del Gobierno de Sánchez). Ante semejantes derivas, clama al cielo que nadie se dé por aludido ante los toques de atención de los jueces polacos y de casi una decena de Tribunales Constitucionales más, empezando por el alemán que lleva cincuenta años defendiendo sus prerrogativas con firmeza.

Algunos objetarán que el reparto de competencias es un asunto complejo en cualquier Estado descentralizado, como lo es en España. Pero precisamente, la UE no es un Estado, ni mucho menos; es una organización de Estados cuya razón de ser es gestionar las competencias que éstos, por unanimidad, le han otorgado.
Polonia no ha roto la baraja, ni siquiera ha puesto en tela de juicio el muy cuestionado principio de primacía del derecho europeo en el marco de las competencias de la Unión. Sólo ha cometido el crimen de lesa-majestad europea de plantarse ante un abuso jurídico que por recurrente no deja de ser inadmisible, de defender su soberanía constitucional (como otros países) y de dignarse a explicar su posición en el Parlamento Europeo con argumentos sólidos que delatan la hipocresía y la doble vara de medir de los mandarines europeos. Suficiente para que éstos se rasguen las vestiduras, se armen de arrogancia y contesten con farisea indignación para justificar un chantaje arbitrario con unos fondos que pertenecen tanto al contribuyente polaco como al de los otros países.

Tomemos nota: la imposición de una ideología determinada a golpe de talonario y de competencias “asumidas” parece ser el nuevo modus operandi de una irreconocible UE cada vez más alejada de sus orígenes. Una deriva ideológica que transforma a marchas forzadas un proyecto común en un club progresista y por ende, en una amenaza existencial para sus propios países y para ella misma. ¿Hasta cuándo? Aviso a navegantes: próximas elecciones europeas, mayo de 2024. Qué esta vez, nos demos todos por aludidos.

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