Antes de que Sánchez llegara al poder, el procés era un fenómeno catalán (aunque impulsado por las fuerzas antiespañolas tan características de todo nuestro paisaje político y cultural). Desde entonces, lo protagoniza el gobierno y el Estado.

En estos días ha arrancado la nueva campaña nacionalizadora de la Generalidad de Cataluña, esta vez dirigida a imponer el catalán en la Universidad. Ahora, como ha informado Crónica Global, las autoridades nacionalistas van a pedir a los profesores asociados que acrediten su conocimiento de la lengua catalana. Después de los muchos años de nacionalización de la enseñanza primaria y secundaria, ya estamos en plena ofensiva en la universidad. Se manifiesta atacando a los profesores más vulnerables, como son los asociados, y dificultar la incorporación a la universidad de profesionales no docentes, función que siguen cumpliendo las plazas de asociados. La campaña viene después de otra en la que la Generalidad exigió a las Universidades una relación de denuncias contra profesores que imparten sus clases en español. La empresa de corrupción y amedrentamiento, tan propia del nacionalismo, continúa ahora con otra, muy práctica, de selección y descarte ideológicos. Según cálculos de la propia Generalidad citados por El Mundo, el nivel de implantación del catalán en la  Universidad es hoy en día del 50%.  Se trata de alcanzar el 80% e implantar por fin la inmersión lingüística en todos los niveles de la enseñanza. Por supuesto que esto ahuyentará también a los profesores de otras regiones de España y a los estudiantes extranjeros que vienen aquí, entre otros objetivos, a perfeccionar una lengua de alcance global, como es el español. Pero eso no le importa a las autoridades nacionalistas ni a los rectores de las Universidades catalanas.

El procés que culminó en 2017 resultó un error monumental al demostrar que la nacionalización de Cataluña estaba muy lejos de haber alcanzado los objetivos desde que se inició, nada más lograda la autonomía. Los casi cuarenta años transcurridos desde entonces no habían bastado, a pesar de todos los esfuerzos puestos en juego, para culminarla. Como sabemos, las fuerzas políticas no nacionalistas no aprovecharon en el momento el error nacionalista y más tarde echaron a perder la ocasión que les brindaron las elecciones de diciembre de 2017. El proceso de nacionalización continúa, por tanto. En realidad, la impotencia de las fuerzas nacionales pro españolas ha contribuido a proporcionar a ese proceso un éxito tan importante como aquella derrota, como es el haber conseguido exportar el procés a la política española en su conjunto (lo ha analizado muy bien Juan Milián en su libro El proceso español). Antes de que Sánchez llegara al poder, el procés era un fenómeno catalán (aunque impulsado por las fuerzas antiespañolas tan características de todo nuestro paisaje político y cultural). Desde entonces, lo protagoniza el gobierno y el Estado. Lo refuerza la hegemonía del nacionalismo vasco y lo favorece la debilidad intrínseca de un Estado de las autonomías, que parece diseñado para incentivar los procesos de nacionalización local y deja en manos de las Comunidades competencias claves para quienes están dispuestos a construir sus propias y exclusivas naciones.

En la Cataluña que ha salido después de la reconversión al procés de la política nacional española se enfrentan fuerzas muy desiguales. Por una parte, todo el Estado, desde el central al Gobierno separatista pasando por las entidades locales y, como se ve en el caso de la catalanización de la Universidad, casi todas las instituciones. Por otra, los restos de los partidos “constitucionalistas”, además de uno todavía nuevo, como es VOX. También están toda la pléyade de organizaciones, y algunos medios, que reivindican el protagonismo de una auténtica sociedad civil en Cataluña (no la subvencionada a mansalva por la Generalidad), desde las clásicas como SCC, hasta otras relativamente nuevas, aunque ya cuajadas, como Club Tocqueville, los heroicos estudiantes de S’ha acabat!, o iniciativas muy pequeñas, pero de enorme impacto, como Barcelona con la Selección. Sin olvidar, claro está, las que defienden el pluralismo lingüístico en Cataluña como la Asamblea por una Escuela Bilingüe.

De un lado, por tanto, la máquina del Estado, el central, el autonómico y la administración, imponente a  pesar de todas las contradicciones, las excentricidades y las truculencias en las que se complacen. De otro, pequeñas organizaciones autónomas, sin coordinación entre ellas. El desequilibrio, tan patente, está sin embargo paliado por algunos hechos relevantes. En primer lugar, el procés, a pesar de su éxito al extenderse al resto de España, ha sumido a Cataluña, y en particular a Barcelona, en una sensación de desánimo y de fracaso. Hacía mucho tiempo que la sociedad catalana no vivía hora tan bajas, reflejadas en el descrédito de la región y la ciudad de Barcelona -cuando no en la antipatía que suscitan en el resto de España-, en la decadencia económica y la incapacidad para atraer talento e inversiones y en un desánimo general, paliado sólo por un decisionismo cínico. Hubo un tiempo en que se iba a Cataluña en busca de oportunidades; ahora son los que están allí los que buscan la manera de salir.

Este estado de ánimo no es positivo en ningún caso: lo que perjudica a Cataluña perjudica también al resto de España. Indica, sin embargo, que la continuación del procés y su extensión al Estado central no consigue dejar atrás, y menos aún remontar el desastre que supusieron las jornadas de 2017. Peor aún, se relaciona, y con excelentes motivos, el actual estancamiento con el proceso de nacionalización de Cataluña. Y -lo que resulta nuevo-, el proceso de nacionalización y sus objetivos empiezan a ser entendidos como algo que no responde a las necesidades de la propia sociedad catalana: elementos de otra época, desfasados ya de la vida actual, y, lo que es peor aún, de la experiencia que todos, en particular los jóvenes, tienen de un mundo globalizado, plurilingüe, múltiple y plural en esencia. Es cierto que vivimos en la era de las identidades, pero cuando esta alcanza un grado tal de ensimismamiento y de intolerancia, se encierra en un espacio tan pequeño y se impone además con todo el poder del Estado, el culto a la identidad empieza a parecerse mucho al más estrecho provincianismo, un provincianismo fanatizado. La superioridad moral y cultural del socialismo, aunada a la superioridad cultural y étnica de las elites catalanas -el “Upper Diagonal” de Cristian Segura– que promocionaron y se dejaron llevar por el nacionalismo, ha acabado en esto, que es también consecuencia del procés, en su fase catalana y general: el descrédito de esas mismas elites, sometidas e integradas en un grupo de activistas ciegos a la realidad de lo que llaman “el país”. Y como les ocurre a los adictos, enganchados, para su supervivencia en la empresa suicida que están protagonizando, a la ayuda de ese Estado central que decían combatir.

De ahí la paradójica vitalidad que, a pesar de todo, consigue transmitir esta parte de la sociedad catalana que ha decidido seguir plantando cara al nacionalismo. Ninguna estrategia de confrontación con el nacionalismo puede pasarse de ella. Por eso los partidos políticos, sobre los que recae la misión de oponerse a los nacionalistas y a sus amigos tienen, además de la responsabilidad de consolidarse como tales, la de acompañar, estar presentes e inspirarse de su dinamismo, su versatilidad y su valentía. Ante la decadencia y la descomposición de la antiguas elites catalanas, ahí está el embrión de una parte de las futuras elites de Cataluña. No parece que sea posible construir nada en Cataluña sin ellos.

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