La Fundación Disenso ha presentado en el Congreso de los Diputados el informe “La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado del bienestar”, en el que se analizan los efectos fiscales y sociales del actual modelo migratorio en España. El estudio concluye que la inmigración no cualificada no garantiza la sostenibilidad del sistema público de pensiones ni del Estado de Bienestar.
El documento, de 36 páginas, pone de relieve que España afronta un grave reto demográfico: es el segundo país de la Unión Europea con la tasa de natalidad más baja (1,12 hijos por mujer) y, al mismo tiempo, uno de los que registra mayor esperanza de vida (84 años). Esta combinación genera un desequilibrio estructural que compromete el futuro del sistema de pensiones, basado en la solidaridad intergeneracional.
Según explicó Ricardo Ruiz de la Serna, jefe de Estudios y Formación de la Fundación Disenso, “el actual modelo de recepción de inmigración en España es incompatible con el Estado de bienestar”. Las simulaciones recogidas en el informe demuestran que la inmigración no cualificada presenta una contribución fiscal neta negativa: lo que los inmigrantes aportan en cotizaciones e impuestos durante su vida laboral queda más que compensado por el gasto que generan en pensiones, sanidad, educación y otros servicios públicos.
El informe advierte, además, de que esta situación se agrava cuando se consideran factores como la escolarización de los hijos, la baja participación laboral femenina o los salarios persistentemente bajos. En tales contextos, las pérdidas fiscales pueden superar el millón de euros por familia a lo largo de todo el ciclo vital. Solo aquellos inmigrantes con rentas sostenidas por encima de los 45.000 euros anuales presentan saldos fiscales positivos.
Durante la presentación, Ruiz de la Serna subrayó que cualquier análisis riguroso sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones debe atender a la evolución demográfica y no a una “foto fija”: “Nacen muy pocos españoles y vivimos muchos años; esa realidad obliga a proyectar los cálculos a largo plazo”.
El secretario general del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso, José María Figaredo, respaldó las conclusiones del informe y denunció que “hay mucha gente interesada en que esta información no se conozca”. Asimismo, advirtió de que los estudios oficiales del Gobierno ofrecen una visión parcial y equivocada al no tener en cuenta la totalidad del ciclo vital de los inmigrantes.
El informe también señala que la tasa de paro entre los inmigrantes legales en España alcanza el 18%, muy por encima del 11% registrado entre la población autóctona, y llega al 25% en el caso de los inmigrantes de origen africano. Ante estos datos, Disenso concluye que no resulta sostenible seguir promoviendo la llegada masiva de población extranjera con la expectativa de sostener las pensiones.
La Fundación Disenso considera que la evidencia es clara: la inmigración no cualificada no constituye una solución a los desafíos del envejecimiento poblacional y de la baja natalidad. Por ello, reclama un debate sereno y basado en datos objetivos sobre el futuro del Estado de bienestar en España.
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