El cohete que no despega: lo que el PIB no cuenta de la España de Sánchez

En 1934, el economista Simon Kuznets entregó al Senado de Estados Unidos la primera estimación oficial de la renta nacional: la cifra que suma todo lo que un país produce y gana en un año, antecesora directa del PIB que hoy abre los telediarios. En ese mismo informe dejó escrita una advertencia que sus herederos han olvidado con frecuencia: que un país produzca más no significa que sus ciudadanos vivan mejor, y el bienestar de una nación difícilmente puede deducirse de esa cifra. Más de noventa años después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido el PIB en su principal argumento. España crece más que sus vecinos, repite, y nunca hubo tanta gente trabajando.

Las dos cosas son ciertas. El PIB avanzó un 2,8 % en 2025 y la EPA del segundo trimestre de 2026 contó 22.779.000 ocupados y una tasa de paro del 9,87 %. Quien quiera discutir el relato oficial no necesita negar esas cifras. Le basta con preguntar qué miden. Y lo que miden es el tamaño de la economía, no la prosperidad de quienes la sostienen.

Una economía más grande, no más rica

El PIB mide el volumen total de lo producido; el nivel de vida depende de cuánto corresponde a cada uno. Y lo que corresponde a cada uno apenas se ha movido. Desde 2018 el PIB real por habitante ha avanzado menos de un 0,9 % al año, según Eurostat: la mitad de lo que ha crecido la economía en su conjunto, porque la otra mitad es simple aumento de población. Un ritmo así no es un despegue: es un estancamiento con buena prensa, y ni siquiera ha bastado para conservar el puesto. Frente a Europa, España retrocede. Su PIB por habitante equivalía al 83,8 % de la media de la Unión en 2018 y en 2025 se quedaba en torno al 82 %; medido en paridad de poder de compra, ha bajado del 92,6 % de 2017 al 91,6 %. Ocho años de récords para acabar un paso por detrás.

El motivo es que España crece sumando habitantes, no logrando que cada uno produzca más. A comienzos de 2018, meses antes de la moción de censura, residían en el país 46.658.447 personas; a 1 de julio de 2026 eran 49.801.559. Más de tres millones de habitantes nuevos en ocho años y medio, casi otra ciudad de Madrid añadida al censo. Y ninguno procede del crecimiento natural: los nacidos en el extranjero han pasado de unos 6,2 millones a 10,3 millones, cuatro millones más, mientras la población nacida en España se reduce.

Más habitantes son más consumidores, más ocupados y, por pura aritmética, más PIB. Lo que no aumenta es lo que rinde cada uno. BBVA Research lo constata: a finales de 2025 el PIB por ocupado seguía tres décimas por debajo del nivel de 2019. Seis años después, cada trabajador español produce menos. El Gobierno presume de que la tarta es cada vez más grande, pero calla que también hay cada vez más comensales: por cada trabajador, el trozo es hoy más pequeño que en 2019.

La nevera de 2018 y la de hoy

El bienestar no se observa en la contabilidad nacional, sino en la cesta de la compra. El panel de consumo del Ministerio de Agricultura permite comparar, producto a producto, lo que cada español llevaba a casa en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, con lo que lleva hoy. En el conjunto de 2018 eran 631 kilos y litros de alimentos y bebidas por persona. En el de 2025, esa cifra había descendido a 577. Más de cincuenta menos.

La caída no se reparte por igual: se concentra en lo que más cuesta. El consumo de pescado por persona ha pasado de 23,1 kilos a 17,8, casi una cuarta parte menos. El de carne de vacuno, de 4,9 kilos a 3,8: un 23 % menos. El de cordero y cabrito, de 1,4 kilos a 0,7: la mitad. La fruta fresca baja de 90,8 kilos a 81,6. El vacuno resume el mecanismo: cada español compra hoy un 23 % menos que en 2018, pero gasta en él un 14 % más, porque el kilo se ha encarecido un 49 %. Se paga más por llevarse menos.

¿Qué resiste? Lo barato. El pollo, la carne más asequible, es la más consumida, con 13,2 kilos por persona, frente a 12,6 en 2018. También suben los huevos, de 8,4 kilos a 9,2, y las legumbres, de 3,2 a 3,5. La pasta pasa de 4,1 a 4,3 kilos y el arroz se mantiene en 3,9, mientras el conjunto de la cesta encoge. La cesta de la compra española no solo pesa menos: ha cambiado lo caro por lo barato. Salen la merluza, cuyo consumo por persona ha caído un 46 % desde 2018, el filete de ternera y la fruta; se quedan los macarrones y el muslo de pollo. Es la dieta de un país que hace cuentas antes de pasar por caja.

No es una anécdota gastronómica. El 25,7 % de la población, unos 12,6 millones de personas, vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Es la quinta tasa más alta de la UE, cuya media es del 20,9 %. Y el 36,4 % no puede afrontar un gasto imprevisto, una proporción que aumentó en 2025, en pleno récord de ocupación. Más de un tercio del país vive a una avería del coche de distancia del apuro.

Trabajar y seguir siendo pobre

Sin productividad no hay salarios. La OCDE, en sus Perspectivas del Empleo de julio de 2026, sitúa a España entre las economías avanzadas donde más han caído los salarios reales desde la pandemia: siguen un 2 % por debajo de su nivel de comienzos de 2021 y el organismo prevé que se estanquen en 2026 y 2027. El sueldo más habitual lo confirma. Según el Instituto Juan de Mariana, el salario más frecuente cayó en términos reales de unos 16.000 euros anuales a menos de 14.000 entre 2018 y 2023, y su distancia con el salario mínimo, que en 2018 era del 40 %, se ha reducido al 3 %. El sueldo que más españoles cobran es ya, prácticamente, el mínimo legal.

De ahí nace una figura que el relato oficial no contempla: el trabajador pobre. El 11,2 % de los ocupados vive bajo el umbral de pobreza, la segunda tasa más alta de la UE, cuya media es del 8,3 %. Tener empleo ha dejado de ser garantía de suficiencia. 651.200 personas compaginan más de un trabajo, el máximo de la serie y un 12 % más que hace un año. Quien necesita dos nóminas para reunir un sueldo figura en la estadística como un éxito, porque está ocupado.

Treinta años y en casa de los padres

La biografía de una generación resume el cuadro. Los jóvenes españoles abandonan el hogar familiar a los 30,2 años, casi cuatro más tarde que la media europea (26,3) y más tarde que en 2020 (29,8). Solo el 14,5 % de quienes tienen entre 16 y 29 años vive emancipado, el mínimo desde que hay registros. La razón cabe en una cifra del Consejo de la Juventud: el alquiler medio, 1.176 euros al mes, equivale al 98,7 % del salario medio de un joven. Y sigue subiendo: el precio del alquiler marcó en el segundo trimestre de 2026 un récord de 15,3 euros por metro cuadrado, un 30 % más que en septiembre de 2023, según los datos de Idealista que recoge el Instituto Juan de Mariana.

Un país en el que un sueldo no paga un techo no es un país próspero, crezca lo que crezca su PIB. Y un país en el que no se forma un hogar hasta pasada la treintena es un país en el que los hijos llegan tarde o no llegan.

Indefinidos de nombre

La gran baza del Gobierno es la reforma laboral de 2021, que ha reducido la temporalidad al 15,1 %. Pero cambiar el nombre de un contrato no cambia el empleo que ampara, y tres indicios sugieren que parte de la precariedad solo ha cambiado de casilla.

El primero es el fijo discontinuo. Quien lo firma figura como indefinido, aunque trabaje por temporadas, y en los meses de inactividad no cuente como parado: pasa a ser «demandante de empleo con relación laboral». Esa categoría del SEPE se ha triplicado, de 301.000 personas a finales de 2019 a 893.000 a finales de 2025. El Instituto Juan de Mariana ha rehecho la cuenta con el criterio de «paro efectivo» de Fedea, que los suma a los parados: en esos seis años el paro registrado bajó en 755.000 personas; el efectivo, en 163.000. Casi cuatro de cada cinco parados menos lo son solo sobre el papel.

El segundo es la duración. Según un estudio de Fedea de junio de 2026, la proporción de contratos indefinidos ordinarios firmados por jóvenes que sobrevive doce meses ha caído del 75 % al 60 % tras la reforma. La propia UGT, firmante del acuerdo que alumbró la reforma, denuncia que las bajas de indefinidos por no superar el periodo de prueba se han multiplicado por más de cinco desde 2019 y suponen ya casi siete de cada cien, el nivel más alto desde 2009. Un despido en periodo de prueba no devenga indemnización: es el contrato temporal de siempre, con otro membrete.

El tercero es el propio Estado. La temporalidad en el sector privado ha bajado al 12,3 %; en las administraciones públicas se mantiene en el 27,3 %. Quien legisla contra la precariedad es hoy su practicante más constante.

Lo que queda por medir

Incluso en su mejor momento estadístico, España sigue siendo el segundo país de la Unión con más paro: un 10,0 % en agosto, frente al 6,1 % de media, y un 22,7 % entre los menores de 25 años, según Eurostat.

Fuera de Europa el retrato no mejora: en la OCDE, el club de las economías desarrolladas, España cerró 2025 con la segunda tasa de paro más alta, solo por detrás de Finlandia y el doble de la media de la organización, que es del 5 %.

Kuznets tenía razón: que la economía crezca no significa que la gente viva mejor. Lo que importa no es cuánto crece España, sino si los ciudadanos lo notan. Y los datos dicen que no. Cada trabajador produce algo menos que en 2019. El sueldo compra menos que en 2021. En casa se come casi una cuarta parte menos de pescado y de ternera que en 2018. Y los jóvenes no pueden irse de casa de sus padres hasta pasados los treinta. Eso no es un milagro económico: es un país que crece en tamaño sin que su gente prospere. El crecimiento de verdad se nota en tres sitios: en la nómina, en la mesa y en las llaves de una casa propia. Tras ocho años de Gobierno de Sánchez, en ninguno de los tres hay buenas noticias.

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