Hasta las próximas elecciones del 29 de noviembre, debemos mantener la lucidez para desenmascarar las trampas y corruptelas de Sánchez. Estamos advertidos de que es muy capaz de hacer lo que sea, incluso lo inmoral e impolítico, para mantenerse en La Moncloa. Nos quiere llevar al borde del conflicto social y la desesperación. Ceuta fue su primer paso. La Puerta del Sol, el segundo.
«El socialista apodado “Tito Berni” habría actuado como intermediario cobrando comisiones ilegales a empresarios a cambio de facilitarles contratos y favores»
Pero sabemos que Sánchez está hundido nacional e internacionalmente por un motivo fundamental: su corrupción. Eso es lo que quiere camuflar entre tanta preocupación a la que nos somete, porque es difícil reunir, tanto cuantitativa como cualitativamente, tal cúmulo de actividades y tramas corruptas como las de este Gobierno.
De aquí a hasta el día de las elecciones, debemos recordar cada día cada una de sus corrupciones si queremos salir de esta situación y regenerar nuestra vida pública.
Por eso les propongo una lista. Ténganla a la vista y recuerden todos los días:
—El «caso Mediador», también conocido como «Tito Berni», del que ahora se ha abierto juicio oral y que investiga una amplia trama de corrupción que operó principalmente en Canarias. El socialista apodado «Tito Berni» habría actuado como intermediario cobrando comisiones ilegales a empresarios a cambio de facilitarles contratos y favores con la Administración, incluidos sexo y cocaína. Berni se enfrenta a ocho delitos con un horizonte penal de 34 años de cárcel.
«El “caso Begoña Gómez”, esposa de Sánchez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, en el que se analiza si utilizó su posición para favorecer intereses empresariales propios»
—La «causa contra Álvaro García Ortiz», exfiscal general del Estado. Asunto con sentencia firme que condena al exfiscal por revelación de datos reservados, al considerarse probado que filtró comunicaciones confidenciales.
—El «caso David Sánchez», hermano del presidente, con un proceso por prevaricación y tráfico de influencias en la Diputación de Badajoz, del que ya hay nueve condenados, comenzando por «el hermanísimo».
—El «caso Begoña Gómez», esposa de Sánchez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, en el que se analiza si utilizó su posición para favorecer intereses empresariales propios o de personas de su entorno. Está procesada por cuatro delitos, entre ellos malversación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
—El «caso Barrabés», relacionado también con la esposa del presidente, que abrió una pieza separada para investigar la adjudicación por parte de «Red.es» de un contrato de unos cuatro millones de euros, financiado con fondos europeos (FEDER), a empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés, junto a la consultora KPMG. Hay presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses financieros de la Unión Europea.
«El “caso Santos Cerdán”, centrado en la trama de financiación ilegal del PSOE, que investiga de forma secreta posibles pagos en metálico realizados en la sede del PSOE»
—El «caso Koldo», también conocido como «caso Mascarillas», que es la pieza principal que investiga los contratos de emergencia suscritos durante la pandemia para la adquisición de mascarillas, en los que se habrían pagado comisiones ilegales a intermediarios. Los responsables son el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La Fiscalía ha pedido 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 para Koldo García; ambos están en la cárcel.
Junto al anterior, está el «caso de Obra Pública», que es una pieza separada que investiga 22 contratos públicos adjudicados de forma irregular por la misma trama, y que afecta a constructoras y a altos cargos de organismos públicos como ADIF, Correos y Puertos del Estado.
—El «caso Santos Cerdán», centrado en la trama de financiación ilegal del PSOE, que investiga de forma secreta posibles pagos en metálico realizados en la sede del PSOE, en la calle Ferraz. Se trataría de una financiación irregular del partido con la implicación de cargos del aparato orgánico socialista.
«El “escándalo Zapatero” es una pieza separada del Caso Plus Ultra centrada en presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública por las joyas encontradas»
El «caso Hidrocarburos» investiga un fraude de 182 millones de euros en el IVA del sector del combustible. Es la causa con más implicados, con 31 personas investigadas que se enfrentarían a cargos por organización criminal, blanqueo de capitales y fraude fiscal a gran escala.
—El «caso SEPI», que investiga presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos con la implicación de altos cargos de la SEPI y otras empresas del sector público. Se analiza si determinadas licitaciones fueron dirigidas de forma irregular hacia empresas concretas a cambio de contraprestaciones.
—El «caso Forestalia», que investiga irregularidades en la concesión de licencias administrativas para proyectos de energía eólica. Se sospecha que determinadas empresas del sector habrían obtenido autorizaciones de forma fraudulenta mediante el pago de sobornos a funcionarios y cargos públicos.
—El «caso Plus Ultra», que investiga el rescate público de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, operación en la que el Estado inyectó fondos a través de la SEPI, con la aprobación del Gobierno de Sánchez. Se sospecha que hubo tráfico de influencias y blanqueo de capitales, y que el expresidente Rodríguez Zapatero fue la figura central de la trama, por lo que se enfrenta a 28 años de prisión. El auto incorpora como investigadas a sus dos hijas y a su secretaria por su presunto papel operativo y financiero en esta red de blanqueo.
—El «escándalo Zapatero» es una pieza separada del Caso Plus Ultra centrada en presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública por las joyas encontradas en poder de Rodríguez Zapatero. Incorpora el contrabando al catálogo de delitos, elevando su horizonte penal. El escándalo ha sido mayor en este caso porque ha destruido la reputación de Zapatero de manera irreparable. La imagen de esas joyas ostentosas y valiosísimas ha inhabilitado al expresidente como ese «faro moral» que la izquierda proponía como posible presidente de una ficticia «tercera república española».
«Una pieza separada llevó al juez Santiago Pedraz a investigar, el 31 de julio de 2026, los pagos procedentes del PSOE vinculados con los miembros de la trama de las llamadas “cloacas del PSOE”»
—El «caso Air Europa/SEPI», iniciado por el Juzgado de Instrucción n.º 49 de Madrid mediante auto del 8 de junio de 2026, trata sobre la operación de apoyo financiero (rescate) concedida por la SEPI a la aerolínea Air Europa. El juez ha requerido el expediente, las actas, el listado de asistentes y las comunicaciones (correos y notas) en las que se desarrolló este asunto.
—El «caso Leire Díez» o las «cloacas del PSOE», en el que la Audiencia Nacional investiga una trama organizada para desprestigiar, desacreditar e intimidar a jueces y fiscales que instruían causas relacionadas con el PSOE. Se sospecha de una operación coordinada desde el entorno del partido para interferir en el funcionamiento de la justicia, principalmente en casos que afectaban al presidente Sánchez.
Una pieza separada llevó al juez Santiago Pedraz a investigar, el 31 de julio de 2026, los pagos procedentes del PSOE vinculados con los miembros de la trama de las llamadas «cloacas del PSOE». El instructor autorizó el rastreo de decenas de cuentas bancarias vinculadas al PSOE y a varios de los investigados relacionados con el «caso Leire Díez».
Hay, además, una investigación abierta en la Sala Penal del Tribunal Supremo contra el senador socialista Alfonso Carlos Moscoso por un presunto delito de revelación de secretos. Al tratarse de un aforado, la causa se instruye directamente en el Tribunal Supremo.
«Desde un punto de vista ético, los casos enumerados acumulan todo el daño imaginable que se puede ocasionar a la democracia y a la función política y pública»
Desde la invasión y ocupación de Ceuta, hemos de añadir otro asunto muy grave por el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional y diversos juzgados ceutíes están investigando la actuación de altos cargos estatales. Concretamente, se investiga al exdelegado del Gobierno en Ceuta para determinar si hubo una omisión intencionada de las funciones de prevención, auxilio o protección frente a las alertas previas enviadas de forma anticipada por el CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Este asunto podría escalar en la cadena de mando político y descubrir acciones y omisiones en esta invasión del territorio nacional.
Desde un punto de vista ético, los casos enumerados acumulan todo el daño imaginable que se puede ocasionar a la democracia y a la función política y pública, pero directamente recogen todos los delitos posibles: organización criminal, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, fraude fiscal en España y en la Unión Europea, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación administrativa, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, delito contra las instituciones del Estado, obstrucción a la justicia, prevaricación medioambiental, estafa, corrupción en los negocios, uso de información privilegiada, contrabando e, incluso, traición.
