Todo sistema comunista necesita de la censura, la propaganda y la violencia para mantenerse.
La República Popular China, fundada en 1949 después de una sangrienta guerra civil, no es una excepción. El Gran Salto Adelante, la Revolución Cultural y la masacre de Tiananmén señalan los hitos de la combinación de represión, adoctrinamiento y control de los medios de comunicación que se prolonga hasta nuestros días.
En los últimos años, el Partido Comunista Chino ha desarrollado un patrón sistemático de violaciones de la dignidad y la libertad del ser humano, entrando en conflicto directo con los valores de Occidente, la civilización fundada sobre la noción de dignidad intrínseca del ser humano. Señalemos algunos casos de represión en los aspectos político, social, religioso, cultural y económico.
En el plano de la represión política y autoritarismo, China es un Estado unipartidista, sin elecciones libres ni oposición legal. El Partido Comunista Chino considera la democracia pluralista una amenaza, como quedó reflejado en el Documento N.º 9 (2013), que rechaza el multipartidismo, la separación de poderes y los derechos humanos universales.
Más de 100 líderes opositores y periodistas fueron arrestados en 2021
Así, en 2018, Xi Jinping eliminó el límite de mandatos presidenciales, consolidando un poder personal indefinido. Bajo su liderazgo, disidentes, abogados y activistas son detenidos arbitrariamente por «subversión».
En Hong Kong, donde el Partido Comunista ha roto las promesas de mantener el sistema de libertades del periodo británico, tras la Ley de Seguridad Nacional impuesta en 2020, más de 100 líderes opositores y periodistas fueron arrestados en 2021, se disolvió la oposición parlamentaria, se cerraron medios independientes y se eliminaron símbolos históricos como el monumento a Tiananmén.
Hong Kong no es el único caso. En el resto de China, cualquier intento de oposición o reforma democrática se castiga con cárcel o acoso. Un ejemplo es el del Nobel de la Paz Liu Xiaobo, condenado en 2009 y fallecido bajo custodia en 2017.
Las plataformas chinas como WeChat y Weibo eliminan contenidos «inapropiados» y cooperan con el régimen
La represión va acompañada de la censura en medios y redes sociales. Por ejemplo, durante la pandemia, las críticas al confinamiento extremo fueron borradas de redes sociales y usuarios comunes fueron castigados por compartir noticias. En las protestas de 2022, se censuraron videos, hashtags y publicaciones, y hubo represión policial y detenciones.
La censura en medios sociales se practica de forma sistemática y automatizada. Las plataformas chinas como WeChat y Weibo eliminan contenidos «inapropiados» y cooperan con el régimen. La prensa independiente está prácticamente extinguida, y reporteros que documentan abusos se enfrentan a penas de cárcel. Solo la versión oficial de los hechos es tolerada.
En 2018 comenzó una campaña para demoler cruces y símbolos religiosos
Las minorías étnicas, religiosas y sexuales sufren formas de persecución específicas. Por ejemplo, desde 2017, el gobierno chino ha detenido a más de un millón de uigures musulmanes en campos de «reeducación».
El gobierno chino impone una asimilación cultural forzosa a los tibetanos, prohíbe la enseñanza de su idioma tibetano e impone el mandarín. Además, se restringe el budismo tibetano leal al Dalai Lama, que continúa en el exilio desde 1959, y se aplican programas de reeducación ideológica bajo estricta vigilancia.
Respecto al cristianismo, sólo se permiten iglesias controladas por el Partido Comunista. En 2018 comenzó una campaña para demoler cruces y símbolos religiosos. Se ha encarcelado a ministros religiosos como el pastor Wang Yi, condenado a 9 años de prisión por liderar una iglesia independiente.
También sufren persecución las iglesias católicas clandestinas si no se pliegan a las asociaciones oficiales del régimen.
Respecto de las minorías sexuales, aunque la homosexualidad fue despenalizada en 1997, la censura y persecución han aumentado bajo el mandato de Xi Jinping. Por ejemplo, en 2021, WeChat eliminó cuentas de grupos universitarios por defender su orientación sexual, borrando su contenido y silenciando a los administradores.
Todos estos abusos demuestran que, en la República Popular China, hay una absoluta ausencia de independencia judicial y, en general, de Estado de Derecho.
En efecto, en China no hay independencia judicial: los tribunales están bajo el control del Partido Comunista Chino. Así, el Documento N.º 9 (2013) del PCCh rechaza expresamente la idea de un poder judicial autónomo, calificándola de «peligrosa» y occidental. Los jueces reciben instrucciones políticas, especialmente en casos sensibles, lo que impide juicios justos. Esto da lugar a una tasa de condena penal superior al 99%, lo que indica la casi inexistencia de absoluciones.
Son habituales las prácticas represivas como las detenciones arbitrarias o la prisión preventiva prolongada sin cargos claros
Los juicios políticos contra disidentes y activistas se realizan a puerta cerrada, sin garantías legales. En ellos son habituales los cargos vagos como «subversión» o «secretos de Estado». También son habituales las prácticas represivas como las detenciones arbitrarias, la prisión preventiva prolongada sin cargos claros o el uso del sistema extrajudicial RSDL («vigilancia domiciliaria en lugar designado») para mantener incomunicados a activistas. Entre los casos más famosos está la redada 709 (2015): donde más de 200 abogados y activistas resultaron detenidos y muchos desaparecieron temporalmente bajo RSDL. Otro caso significativo es el de Chang Weiping, abogado detenido en 2020, juzgado sin garantías y condenado en secreto en 2023 por «subversión del poder del Estado».
El régimen comunista se mantiene gracias a la vigilancia masiva y control social tecnológico.
China es el país más vigilado del mundo. En 2023 se estimaban más de 700 millones de cámaras. Además, muchas de estas cámaras tienen reconocimiento facial avanzado. Las prácticas de control social mediante el uso de la tecnología más frecuentes son las siguientes:
1. Escaneo de peatones para exhibir su rostro y nombre en pantallas si infringen normas.
2. Identificación de manifestantes en protestas.
3. Control de retiros bancarios y movimientos cotidianos.
Un instrumento determinante en el aparato de control en China es el sistema estatal de «crédito social», concebido para evaluar la «confiabilidad» de ciudadanos y empresas en función de su comportamiento. Las personas con puntuaciones bajas pueden enfrentar severas consecuencias sin necesidad de un proceso judicial transparente ni posibilidad de apelación. Por ejemplo, en 2018, más de 17,5 millones de compras de billetes de avión y 5,5 millones de viajes en tren de alta velocidad fueron bloqueados a ciudadanos «desacreditados». Los motivos para ser sancionado son amplios y ambiguos: desde no pagar multas o deudas, hasta cometer faltas menores o expresar críticas contra el gobierno. Las sanciones no se limitan a la movilidad: quienes caen en estas listas negras también pueden ver restringido su acceso a empleos públicos, créditos bancarios o incluso alojamientos.
La influencia de China en la política española
En la política española, tanto el PSOE como el PP han sido complacientes con el Partido Comunista Chino. En los últimos tres años, Pedro Sánchez ha viajado tres veces a la República Popular China (2023, 2024 y 2025) además de un viaje anterior en 2018. El hombre de confianza de Pedro Sánchez en la relación con la República Popular China es José Luis Rodríguez Zapatero, cofundador del Gate Center en 2022 junto al empresario chino Du Fangyong, con el objetivo de analizar tendencias en regiones emergentes y fomentar la cooperación entre España y China. Sin embargo, Fangyong ha sido investigado por presuntos vínculos con actividades de espionaje.
La influencia de la República Popular China sobre el PP también es muy intensa. En efecto, en 2013 el PP firmó un Memorándum de Entendimiento, Intercambio y Cooperación con el Partido Comunista Chino (PCCh). Este acuerdo, compuesto por seis artículos, establece que ambas organizaciones se comprometen a mantener contacto regular, organizar encuentros de forma periódica y fomentar la cooperación en ámbitos como el económico o el cultural.
En el marco de esa relación especial entre el PP y el PCCh, Alberto Núñez Feijóo, realizó en 2017 un viaje oficial a China como presidente de la Xunta de Galicia siendo la primera vez que un presidente gallego visitaba oficialmente el país.
La influencia comunista en ambos se extiende a las relaciones personales.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido intermediario para mejorar la imagen de la empresa China Huawei en España, la pareja del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albaresfue vicepresidente de Huawei España y González Pons, vicesecretario general del PP, ha apoyado su participación en el desarrollo tecnológico europeo.
González Pons llegó a afirmar que “La colaboración entre China y la UE es imprescindible para la estabilidad global”
Esteban González Pons no ha sido el único político del PP que ha mantenido posturas favorables a la China comunista. En 2021, el eurodiputado popular Gabriel Mato respaldó el Acuerdo de Inversiones UE-China, destacando su potencial para abrir la economía china a inversores europeos y promover condiciones más equitativas. Y en 2024 el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también realizó una visita oficial a China.
La combinación de propaganda, violencia y censura unida al uso extensivo de tecnologías de control social hacen de la República Popular China un estado totalitario incompatible con los principios fundacionales de la civilización occidental y, en particular, con los derechos humanos. Por ello, la relación que mantienen con el Partido Comunista Chino y el silencio cómplice ante sus políticas sólo favorecen la opresión del propio pueblo chino al tiempo que perjudican los intereses de España y del resto de la UE.
La República Popular China aumenta su influencia en la Unión Europea
Las relaciones entre la Unión Europea y la República Popular China han aumentado en los últimos años.
