Cada verano España arde. Y cada verano se repiten las mismas imágenes: montes calcinados, parajes de una belleza incomparable convertidos en ascuas, pueblos evacuados, militares, bomberos, voluntarios y fuerzas de seguridad del Estado sufriendo con abnegación e incluso dando su vida y, por supuesto, el bochornoso espectáculo de ver al elenco habitual de políticos y administraciones culpándose unos a otros.
Siempre ha hecho calor en verano y siempre ha habido fuegos, unos intencionados y otros accidentales. De lo que se ha tratado siempre y lo que realmente importa es de cómo podemos proteger el legado natural y mantener ese patrimonio común que nuestros antepasados supieron conservar y que debemos preservar para el futuro.
Lo que ocurre este año es que la magnitud de los incendios ha alcanzado un nivel que obliga a analizar muchas cuestiones de fondo. En este verano España se acerca al medio millón de hectáreas quemadas siendo aproximadamente el 50% de la superficie forestal quemada en toda la Unión Europea. En realidad, el fuego se ha convertido en el espejo que refleja tres grandes males de nuestro país: la fragmentación territorial, el abandono presupuestario de la prevención y la ideologización de la política ambiental. A ellos se les une la cuestión de la responsabilidad individual y de un código penal que debe perseguir con mucho más ahínco los delitos contra la naturaleza.
1. El gran lastre de la fragmentación autonómica
La parcelación de nuestra nación en un conglomerado territorial de difícil comprensión supone una continua fuente de descoordinaciones y sobrecostes que, al final, se traduce en una manifiesta incapacidad de los poderes públicos para responder a situaciones de emergencia. Lo sufrimos hace unos años con el COVID, se evidenció en el reciente temporal de Valencia, antes con el volcán de La Palma, y lo volvemos a ver por desgracia en los incendios de cada verano.
Desde 1971 y hasta 1991 existió en nuestro país el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, el ICONA que, entre otras cosas, establecía criterios técnicos de mantenimiento, prevención y de gestión similares en toda España. Se trataba de un ente común, no politizado, que servía para todo el país y a través del que el Estado tenía una capacidad de dirección, gestión y acción en donde la prevención y la vigilancia jugaban un papel crítico.
Vaciado de competencias y víctima de ese sistema autonómico, el ICONA se disolvió. Hoy hemos sustituido esa visión y orientación nacional por un conjunto de entes regionales que parecen más preocupados en rotular sus vehículos en lenguas vernáculas o en exhibir exóticos colores de las banderas autonómicas que en coordinar y actuar conjunta y eficazmente. Se trata de esas «consellerias», «agencias», institutos o lo que sea que han demostrado una falta de medios, una ausencia de capacidad y de conocimiento técnico. De hecho, en España tenemos casi un centenar de entes que se suponen que están para proteger la naturaleza y prevenir y actuar en caso de incendio. ¿Qué coordinación existe entre ellos? ¿Qué gestión optimizada existe?
Sería conveniente que los españoles reflexionásemos sobre los beneficios de fragmentar los servicios de respuesta a emergencias y sobre la incapacidad manifiesta y evidente para dar respuesta a las mismas de una manera eficaz. ¿Cómo es posible que estemos hablando y aparentemente celebrando que Cataluña enviase bomberos a Galicia después de una semana en donde los montes estuvieron ardiendo? ¿En esto hemos convertido a España? Por desgracia volvemos a ver los resultados del costoso y fallido sistema autonómico.
Sí, existe la Unidad Militar de Emergencias, la UME, y es digno de celebrar y admirar la capacidad y los medios existentes, pero una unidad de emergencias, que además tiene carácter militar, no debería ser el medio de extinción de incendios de un país. La UME, de hecho, interviene una vez que el fuego está fuera de control y en donde ya no se habla de un incendio sino de una catástrofe. Incluso cuando interviene la UME, y a menos que el Gobierno tenga a bien declarar la emergencia nacional, todo depende de diecisiete comunidades autónomas con criterios distintos, con protocolos diferentes, recursos desiguales y, lo más grave, responsables políticos que en muchos casos no tienen preparación técnica y que actúan con una visión partidista, electoralista y cortoplacista. Todo lo contrario de lo que merecen y necesitan los montes.
El resultado es un mosaico caótico donde cada comunidad aplica sus reglas para prevenir fuego y para declarar emergencias. Donde unas comunidades privatizan la gestión de los incendios y otras recurren a bomberos urbanos sin preparación.
Claro que las comunidades autónomas son culpables pues, en muchos casos, se han dedicado a reducir los presupuestos o reducir los despliegues ya que, en última instancia confiaban en un Estado central que, en realidad, carece tanto de medios como de capacidad.
Y es que lo que debería ser una estrategia nacional contra el fuego se ha convertido en un laberinto de administraciones, coordinaciones, concursos, leyes y reglamentos autonómicos y un sinfín de entidades con sus responsables políticos que, a la vista está, no sólo son caros sino también ineficaces para todo lo que no sea exhibir a incapaces políticos con chalecos reflectantes en las televisiones.
2. El abandono presupuestario
Y hablemos de dinero y de presupuestos, otro combustible para esta hoguera. Mientras España alcanza cada año récords sucesivos de recaudación fiscal, la deuda pública no ha cesado de crecer. Y es que hay muchas cosas en las que gastar. Por ejemplo, 1000 millones de euros de ayuda a Marruecos entre los que se encuentran medios aéreos, un sinfín de asesores, cesiones a separatistas y prebendas electoralistas.
Hay para todo: para arreglar problemas inexistentes, para poner traductores en el Congreso y en el Senado, para poner semáforos inclusivos… pero no para poder prevenir o para poner medios para extinguir los fuegos.
Los primeros culpables son los que tienen asignadas esas competencias. Amparándose en una hipotética e irreal ayuda del Estado en caso de emergencia y acuciadas por sus propias necesidades financieras, las comunidades autónomas han reducido de manera sistemática las partidas de prevención: limpieza de montes, cortafuegos, mantenimiento de pistas forestales, refuerzo de brigadas forestales.
Por su parte el Estado ha mirado hacia otro lado; básicamente no tiene ni competencias ni capacidad y se confía en que la UME y el sacrificio de nuestros militares puedan sustituir la falta de medios y compensar el pastiche territorial.
Y es que, mientras sí que hay dinero para poder hacer excavaciones y talleres de memoria histórica, no hay dinero ni capacidad por parte del Estado para prevenir incendios mediante cortafuegos, sistemas de vigilancia, realización de planes de actuación, etc.
Este año España pagará 42 000 millones de euros sólo en intereses financieros por la deuda pública; y mientras tanto, sumando el gasto entre comunidades autónomas y el Estado, en 2024 se dedicaron 170 millones a la prevención de incendios y más de 400 millones a la extinción de estos.
Y también hay que hablar de cómo se emplean. No puede ser que los efectivos de prevención de incendios estén en despacho y no en retenes o en sistemas de vigilancia o, por ejemplo, en limpiar el monte cuando no haya incendios.
3. La farsa climática y la Ley de la Restauración de la Naturaleza
El colmo del despropósito es que el mismo gobierno, incapaz de actuar como tal, protegiendo la vida, la propiedad y el patrimonio natural de los españoles, trata de hacer ideología y de culpabilizar al cambio climático de estos incendios como si fuera un agente externo.
El objetivo es muy claro y se trata de desarrollar una narrativa que pretende anestesiar la crítica al poder político mediante la repetición incesante de que los «incendios son una consecuencia inevitable del cambio climático». La llamada «emergencia climática» se ha convertido en una coartada perfecta: el humo que todo lo cubre, que oculta negligencias y responsabilidades.
Paradójicamente, bajo esa «emergencia climática», inspirados desde Europa, los principales partidos nacionales han promovido leyes que dificultan la gestión activa del monte y cuyo objetivo final, como lo recoge la Ley de la Restauración de la Naturaleza, es la eliminación de la actividad humana. Se han prohibido o limitado las talas preventivas, se han restringido las quemas controladas que durante siglos fueron herramienta básica para evitar grandes incendios, se ha criminalizado la ganadería extensiva que limpiaba el sotobosque y se ha multiplicado la burocracia ambiental hasta hacer casi imposible cualquier intervención ágil. Toda la biomasa que se genera en los bosques no se puede aprovechar sin contravenir alguna normativa regional, nacional o europea.
Y esto no es culpa de este Gobierno. Y tampoco la excusa de «que viene de Europa» es aplicable. En España, con la habitual y consabida trampa del «consenso», la práctica totalidad del arco parlamentario, exceptuando a VOX, suscribió un manifiesto, por el que se abogaba por priorizar esas políticas climáticas que se traducen en la práctica en limitar y hacer inviable la agricultura y ganadería.
No puede dejar de sorprendernos que la inmensa mayoría de las actividades tradicionales en el monte, por las que las sociedades rurales han definido su modo de vida y sus tradiciones centenarias, están hoy siendo asediadas desde los despachos: la ganadería, el desmonte, la apicultura, etc.
El monte no puede ser un recurso económico y tiene que estar alejado de cualquier actividad humana que pueda mínimamente interactuar con él y se ha de desincentivar su uso y aprovechamiento por las poblaciones locales. Los mochileros podrán visitarlo y caminar por algunos caminos pintorescos pero los lugareños no podrán servirse de esos recursos naturales como sí podían y como sí hicieron sus ancestros: ni caza, ni ganadería, ni recogida de madera o ni siquiera de setas.
El resultado es un monte abandonado, cargado de biocombustible, maleza y madera seca que es mucho más vulnerable y que aguarda a la primera chispa para convertirse en hoguera. Lo que se vende como protección de la naturaleza ha acabado siendo su mayor amenaza y nos debe indignar asistir al espectáculo ideológico de aprovechar la catástrofe para volver a reclamar esa «emergencia climática» para poder seguir regulando e incrementando las absurdas normativas ambientales que, como ha quedado demostrado, han supuesto un factor contribuyente a los incendios.
Es necesario acabar con esto. Con esta estafa intelectual que, primero nos intenta convencer de una urgencia por una catástrofe exterior para obligarnos a aceptar medidas regulatorias y sacrificios en nuestro modo de vida y nuestro bienestar en aras a una entelequia. Es patético pensar que los koldos de turno, o sea, los mismos incompetentes que no supieron gestionar el volcán en La Palma o la gota fría de Valencia, van a poder luchar contra el cambio climático.
4. Un código penal que necesita ser reforzado
No debemos olvidar el factor humano en los incendios. Una proporción importante de los fuegos que hemos sufrido este verano, si no la mayoría, han sido provocados por la actividad humana y, en muchos casos, de forma criminal e intencionada. Esto se sabe por evidencias constatadas como la aparición simultánea de múltiples focos o la detención de varios pirómanos, más de 30 según las informaciones que, además, han seguido un modus operandi muy similar.
El código penal español ya recoge como delito las acciones contra la naturaleza, pero, como en tantas otras cosas, las penas no son proporcionales al daño causado ni sirven para disuadir de ello. Es imprescindible revisar el marco regulatorio y la posible existencia de intereses económicos para identificar posibles beneficiarios y causantes de esta situación.
Según el actual marco normativo, los montes que han sido objeto de un incendio no pueden dedicarse a otros usos posteriormente, pero existen excepciones debido al interés público y se conocen intereses específicos en determinadas zonas con respecto a posibles usos para energías renovables o centros de datos.
Debería modificarse el marco legislativo para evitar cualquier posible beneficio de un incendio y para asegurar que las penas a esos individuos se corresponden con el daño causado. En China, un cazador furtivo de osos panda tiene la consideración de terrorista. Un pirómano que quema un monte en España debería pagar su crimen que es, definitiva, un atentado al patrimonio natural de todos.
5. Aprendamos de otros
Se nos ha repetido que los incendios son inevitables, cuando en países como Portugal, Italia o Grecia (con climas similares al nuestro) se ha demostrado lo contrario.
Portugal, después de los devastadores incendios de 2017, en los que perecieron más de cien personas, reformó su sistema de prevención creando una Agencia Nacional de Gestión Integrada de Incendios Rurales instaurando la limpieza de montes y destina en torno a 500 millones de euros anuales a la prevención.
Italia ha mantenido un modelo nacional de coordinación a través del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, que ha centralizado medios aéreos y protocolos comunes para todas las regiones. Igualmente, Grecia, tras los enormes incendios forestales de los últimos años ha reforzado la planificación nacional, ha incrementado el uso de drones de vigilancia y ha endurecido todo el marco penal para castigar con dureza los incendios provocados.
En definitiva, mientras otros países han modificado y adaptado la estrategia en la lucha contra los incendios mediante más medios, competencias nacionales y un marco penal mucho más duro, España ha seguido fiando todo a la improvisación y a una inexistente coordinación entre cuerpos o territorios.
6. Conclusión
Los incendios en España no se deben al cambio climático; son la consecuencia de leyes equivocadas, presupuestos recortados, una fragmentación política y territorial y a la acción criminal de individuos.
A todo ello se ha de añadir una falta total de prevención y es que los incendios no se apagan en verano sino en invierno. Es en los meses fríos cuando, con medidas de prevención como el desbroce de los montes, la retirada de maleza, la limpieza de los campos o el mantenimiento de cortafuegos, se pueden prevenir las catástrofes.
Por desgracia para España, en los últimos años hemos optado por absurdas ilusiones como esperar que una ley contra el cambio climático proteja por sí misma a la naturaleza cuando es justo lo contrario o, sobre todo, con la ridícula concepción de que un sistema compuesto por 17 entes diferentes cortoplacistas y politizados sea mejor que el de una visión nacional a largo plazo.
España se ha convertido en un país en llamas y no porque el calor sea más fuerte que otros años sino porque la negligencia política ha creado la tormenta perfecta: territorios y montes abandonados, divididos en compartimentos estancos, gobernados por leyes ideológicas que impiden limpiar lo que después arde. Las políticas que se presentan como «verdes» no han sido más que gasolina para esta hoguera nacional.
Si queremos evitar las escenas de humo y ceniza, que nos duelen tanto como nos escandalizan, necesitamos una política nacional de gestión forestal, con medios compartidos, recursos estables, mano firme contra los delitos ambientales y, sobre todo, libre de dogmas ideológicos.
Como siempre ha ocurrido, seguirá habiendo incendios, pero de nosotros depende prevenirlos y gestionarlos. Y lo estamos haciendo muy mal. Peor que nunca. No es por la «emergencia climática»; es por una descoordinación institucional, falta de sentido de Estado y una ridícula y absurda concepción de la naturaleza supuestamente amparada por esa «emergencia» climática.
La emergencia que sí existe es la de tipo político y, para solucionarla y por el bien de España, es preciso que se cambie el rumbo de este sinsentido.
