Todo poder con vocación de permanencia necesita neutralizar a quienes pueden limitarlo: el jefe del Estado, los tribunales, los medios de comunicación y la oposición. El Gobierno de Péter Magyar, investido el 9 de mayo de 2026, ha completado todas estas tareas en menos de cien días.
El 12 de abril de 2026, TISZA, su partido, obtuvo 141 de los 199 escaños del Parlamento. Ello supone una mayoría de dos tercios que le permite reformar la Constitución a voluntad, sin hablar o entenderse con nada ni con nadie. Fidesz, el partido de Viktor Orbán, con 52 escaños y casi dos millones y medio de votos, ha pasado a ser la primera fuerza de la oposición.
El Gobierno ha bautizado la batería legislativa aprobada desde entonces como «Operación Purgatorio», y su objetivo declarado es el de «purgar» unas supuestas redes políticas, económicas e institucionales tejidas durante los años de mandato de Viktor Orbán. Ahora bien, conviene detallar en qué ha consistido esa «purga».
El pasado 13 de julio, el Parlamento cesa al jefe del Estado mediante una disposición legal redactada únicamente para él.
El primer artículo de la decimoséptima enmienda a la Constitución, aprobado por 139 votos a favor, 6 en contra, y con los grupos de Fidesz y KDNP ausentes del hemiciclo en señal de protesta, establece que el mandato del presidente de la República en ejercicio termina al día siguiente de la entrada en vigor del texto. Todo ello tras reiteradas amenazas al propio presidente por parte de Magyar afirmando que modificaría la Constitución si no dimitía. Amenazas que finalmente ha cumplido.
Tamás Sulyok, presidente desde marzo de 2024, trató de agotar todas las vías. El 29 de mayo solicitó amparo a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. También planteó una petición de interpretación ante el propio Tribunal Constitucional húngaro. Siete magistrados se abstuvieron unos días después alegando un supuesto conflicto de intereses, y el asunto no llegó a incluirse nunca en el orden del día. Por otro lado, la Comisión de Venecia inició un procedimiento de urgencia y envió a una delegación a Budapest el 2 de julio. El Gobierno aprobó la enmienda sin esperar el dictamen de la Comisión.
Sulyok firmó su propia destitución el 18 de julio y dejó constancia por escrito de que la consideraba «un grave y vergonzoso ejemplo histórico de abuso del poder político», advirtiendo de que el Estado de derecho había terminado en Hungría.
El 20 de julio, la jefatura del Estado quedó vacante y sus funciones pasaron de forma interina a la presidenta del Parlamento, dirigente de TISZA. La Cámara dispone de treinta días para elegir un sucesor, y de una mayoría suficiente para hacerlo sin alcanzar consenso alguno con la oposición.
La misma enmienda expulsa a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, incluyendo a su presidente.
Esta enmienda reinstaura la jubilación forzosa a los setenta años para los miembros del Tribunal Constitucional, lo que provoca la salida de cuatro magistrados dos meses después de su entrada en vigor. Reduce además el mandato de los futuros magistrados de doce a nueve años y modifica el sistema de designación de los presidentes de la Curia (el Tribunal Supremo húngaro) y de la Oficina Nacional Judicial. Es decir, que el órgano llamado a controlar la constitucionalidad de la reforma aprobada por el Gobierno es modificado por la propia reforma que debía controlar.
La mitad de los diputados de la oposición han quedado inhabilitados de por vida para presentarse a unas elecciones.
Dentro de todo este paquete de reformas del Gobierno, se ha aprobado una enmienda que declara «inelegible» a quien haya ejercido como diputado durante doce años o haya sido elegido en tres ocasiones, computando de manera retroactiva los mandatos ya cumplidos. De este modo, se aparta definitivamente a la práctica totalidad de los cuadros con experiencia de Fidesz.
En paralelo a ello, la mayoría de TISZA, siguiendo órdenes de Péter Magyar, ha aprobado un límite de dos mandatos para la jefatura del Gobierno, computado desde mayo de 1990 y con carácter retroactivo. El único destinatario de esta norma es Viktor Orbán, reelegido presidente de Fidesz el 13 de junio. Es decir, que el Gobierno de Hungría ha aprobado una ley pensada para una simple persona, y cuya única finalidad es prohibir que el líder de la oposición y primer ministro húngaro durante 16 años pueda disputar la presidencia al actual jefe de Gobierno. Un partido político —TISZA— se ha arrogado, en un Estado miembro de la Unión Europea, la potestad de decidir a quién pueden o no votar sus ciudadanos.
Estas dos actuaciones son manifiestamente contrarias a un principio jurídico fundamental de Occidente, que es la prohibición de la retroactividad desfavorable de las normas. De hecho, el propio ordenamiento jurídico húngaro prohíbe esta práctica. La Ley CXXX de 2010 sobre legislación así lo establece en su artículo 2.2: «Las leyes no podrán establecer obligaciones, hacer más gravosas las obligaciones existentes, retirar o restringir derechos, ni declarar ilícita conducta alguna con respecto al período anterior a su entrada en vigor».
El 7 de julio, la televisión y la radio públicas dejaron de emitir, y sus periodistas fueron desalojados «por seguridad».
A finales de junio, el Parlamento aprobó una reforma de la ley de medios para liquidar el mandato del Consejo de Medios y disolver las empresas públicas de medios de comunicación. Acto seguido, la Comisión de Cultura del Parlamento —controlada por TISZA— designó al frente de todo ello a una dirección encabezada por un abogado afín al partido y sin trayectoria alguna en el sector audiovisual.
El 7 de julio, el principal canal de televisión y la principal emisora de radio públicas de Hungría interrumpieron sus emisiones. Las pantallas de millones de húngaros se quedaron en negro, con un rótulo de disculpa «por los años de mentiras del servicio público». Varios directivos y periodistas fueron despedidos en el acto, sin preaviso ni negociaciones, y fueron expulsados de sus oficinas por el personal de seguridad. Péter Magyar afirmó que se trataba de «un día histórico».
El 21 de julio, la Fiscalía entra al centro de datos que aloja los servidores del principal partido de la oposición.
El 21 de julio, el nuevo Gobierno dio un paso más en la persecución de Fidesz: investigadores de la Fiscalía y agentes de la Administración Tributaria irrumpieron sin previo aviso en el centro de datos que alberga los servidores del partido y se dispusieron a incautar todos sus equipos y archivos. El pretexto es una investigación sobre las subvenciones concedidas por el Fondo Nacional de Cultura durante los gobiernos de Viktor Orbán, por la que existen seis imputados y varios antiguos responsables se encuentran en prisión provisional. Sin embargo, el sistema intervenido contiene los datos de los afiliados de Fidesz, sus deliberaciones internas, su estrategia electoral y judicial y su correspondencia con abogados. Es decir, el Gobierno de Péter Magyar ha utilizado una causa económica de poca relevancia para entregar al aparato del Estado una copia íntegra de la actividad de la principal fuerza de la oposición. TISZA, incapaz de borrar políticamente a un partido respaldado por casi dos millones y medio de húngaros, ha decidido neutralizarlo por la vía judicial.
El respaldo de la Comisión Europea y del Partido Popular Europeo
Desde 2018 pesa sobre Hungría un procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Durante siete años, el Parlamento Europeo ha tratado «la cuestión húngara» casi cada semana. La Comisión Europea ha publicado informes anuales condenatorios sobre la supuesta «falta de democracia» durante el mandato de Viktor Orbán, llegando a mantener bloqueados dieciocho mil millones de euros en fondos europeos que pertenecían a los húngaros, alegando unas supuestas deficiencias en el Estado de derecho, el sistema de contratación pública y la independencia de los medios de comunicación públicos.
El 29 de mayo de 2026, un mes después del cambio de Gobierno, Ursula von der Leyen y Péter Magyar comparecieron juntos en Bruselas para anunciar el desbloqueo de los fondos europeos que habían sido retenidos durante el gobierno de Viktor Orbán. «Ya se siente un fuerte viento de cambio en Hungría», afirmó por aquel entonces la presidenta de la Comisión.
A primeros de julio, el Parlamento Europeo rechazó celebrar un debate sobre el Estado de derecho bajo el nuevo Gobierno húngaro. Al parecer, «la cuestión húngara» había dejado de importar. Cuando el eurodiputado español y jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo Jorge Buxadé trató de recordar en el pleno los siete años de debates semanales dedicados al Ejecutivo de Orbán, la presidenta Roberta Metsola le retiró la palabra.
El 13 de julio, la vicepresidenta del grupo de Patriotas por Europa, Kinga Gál, registró junto a varias decenas de eurodiputados una pregunta a la Comisión sobre el golpe constitucional en curso, sin respuesta hasta la fecha.
El 17 de julio, cuatro días después de la aprobación de la enmienda para expulsar al jefe del Estado húngaro, la Comisión Europea publicó su informe anual sobre el Estado de derecho elogiando «las intensas reformas» emprendidas por Magyar y remitiéndose, sobre el cese del presidente, al dictamen que la Comisión de Venecia aún no ha emitido.
Manfred Weber negoció personalmente el ingreso de TISZA en el Partido Popular Europeo.
El partido de Péter Magyar pertenece a la misma familia política europea que el Partido Popular español. Manfred Weber viajó a Budapest en junio de 2024 para negociar la incorporación de TISZA al grupo, que se aprobó con el 97% de los votos de sus eurodiputados. En su discurso de reelección al frente del Partido Popular Europeo, Weber afirmó que TISZA acabaría con Orbán en la primavera de 2026. Es decir, que la formación que ha cesado al jefe del Estado, renovado el Tribunal Constitucional, apagado los medios públicos, inhabilitado a la mitad de la oposición y registrado los servidores del principal partido de la oposición es la delegación húngara del Partido Popular Europeo, avalada por su presidente y celebrada por sus dirigentes y socios, entre ellos el Partido Popular en España.
Todos estos hechos permiten extraer tres conclusiones:
La primera afecta a Hungría. En cien días, una mayoría parlamentaria ha expulsado al jefe del Estado, ha renovado el tribunal encargado de fiscalizarla, ha suprimido los informativos públicos, ha excluido por ley de la competición electoral a los dirigentes del partido rival, se ha dotado de una autoridad política sin ningún poder que la pueda controlar, y ha accedido a todos los datos y comunicaciones de la oposición, incluidas las conversaciones con sus abogados. Todo ello vendido como una «renovación democrática».
La segunda afecta a la Unión Europea. Durante siete años, Bruselas ha convertido a Hungría en un expediente permanente. Activó el procedimiento del artículo 7, publicó informes condenatorios, multiplicó los debates en el Parlamento Europeo y mantuvo bloqueados dieciocho mil millones de euros. Con la llegada de Péter Magyar, toda esa vigilancia ha desaparecido. La Comisión ha desbloqueado los fondos, elogiado las reformas del nuevo Gobierno, y ha evitado pronunciarse sobre la destitución del jefe del Estado. El Parlamento Europeo ha rechazado debatir todo esto, llegando a retirar la palabra a quienes trataron de hacerlo. El Estado de derecho ha vuelto a quedar subordinado a los intereses de unos pocos burócratas.
La tercera afecta a España. Pedro Sánchez ha amnistiado a los responsables del golpe separatista de 2017 pese a las objeciones de la Comisión de Venecia y a la evidente inconstitucionalidad de la medida, ha mantenido bloqueado el Consejo General del Poder Judicial durante cinco años, ha situado al frente de la Fiscalía a quien después ha sido condenado por el Tribunal Supremo, ha convertido en costumbre el cuestionamiento de la independencia al Poder Judicial y el ataque de sus ministros a las sentencias desfavorables, ha tomado los medios de comunicación públicos colocando a personas afines en puestos de dirección, y los privados a base de desembolsos millonarios en publicidad institucional. Ha aprobado una ‘Ley de Nietos’ que modificará el censo electoral otorgando a casi tres millones de personas que nunca han estado en España la nacionalidad española, y ha aprobado una ‘Ley de Regularización’ que otorgará la residencia legal a casi un millón y medio de solicitantes, muchos de los cuales podrán obtener la nacionalidad española pasados tan solo dos años.
Nada de ello le ha valido el procedimiento del artículo 7, ni la congelación de un solo euro de los fondos europeos, ni un solo debate semanal en el Parlamento Europeo, mientras Hungría ha acumulado siete años de expedientes y dieciocho mil millones bloqueados por el mero hecho de priorizar los intereses de los húngaros frente a los de la Comisión Europea. Quienes defienden la soberanía nacional y las libertades frente al globalismo tienen la obligación de denunciarlo mientras el silencio de Bruselas siga garantizando la impunidad de unos y el acoso permanente a otros.
