El 20 de julio de 1500, Isabel la Católica ordenó la devolución a sus tierras de origen de todos los indígenas que habían sido traídos a Castilla desde las recién descubiertas tierras de las Indias. Lo hizo tras presenciar el desembarco en Sevilla de Cristóbal Colón después de su segundo viaje. El almirante trajo varios indígenas que fueron tratados como curiosidades, regalados a nobles o vendidos como esclavos. A ojos de la Reina, fue una injusticia flagrante y, con firmeza preguntó: «¿Qué derecho tiene mi almirante de entregar como propiedad a mis vasallos?».
Alberto Vidal Guerrero narra la voluntad de Isabel de hacer de la conquista una empresa no de saqueo
Esta orden era un paso más del que Isabel dio en la Real Provisión del 20 de junio. En ella, prohibió que ningún indígena pudiera ser reducido a la esclavitud y los que se hallasen en esa condición debían ser liberados. Con ella, reconocía la dignidad humana de los indios y su condición de sujetos libres y vasallos de la Corona de Castilla. Y declaraba su voluntad de gobernar sobre ellos no como vencedora, sino como protectora. Y así, la Corona costeó la vuelta de estos indígenas a sus tierras.
En el 525 aniversario de la orden de la Reina Católica, la Fundación Disenso publica una nueva Nota. En ella, el historiador Alberto Vidal Guerrero narra la voluntad de Isabel de hacer de la conquista una empresa no de saqueo, sino de gobierno responsable. De hecho, su espíritu fue recogido por sus sucesores. Primero por su marido, Fernando el Católico, con las Leyes de Burgos de 1512 y, después, por su nieto Carlos I con las Leyes Nuevas de 1542.
