Dina Boluarte anunció este lunes que pretende enviar al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a 2024. Mientras que los medios internacionales compran el relato de que ha triunfado la democracia y las instituciones, el país tiene un lavado de cara.

La Presidencia de Pedro Castillo llegó a su fin con un movimiento político esperado pero sorprendente: un intento de cerrar el Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente, la declaración de una reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, así como la amenaza de medidas severas como un toque de queda con privación de la libertad a quien no la cumpliera.

Esperado, sí. Los fines que Castillo perseguía han sido siempre los objetivos que la izquierda radical y la izquierda moderada (caviar) han perseguido durante años. Cabe recordar que el expresidente Vizcarra ordenó cerrar el Congreso amparándose en una excusa legal innovadora llamada “negación fáctica”, un autogolpe que logró detener al Congreso en su atribución legislativa de elegir un nuevo miembro del Tribunal Constitucional, por considerarlo contrario a sus propios intereses. También es conveniente recordar que toda la campaña política de la izquierda radical gira en torno a la convocatoria de una asamblea constituyente y a la elaboración de una nueva constitución con participación de numerosos “colectivos” como los que ya hemos visto en Chile. La sorpresa no estuvo en lo que Castillo hizo el pasado miércoles, sino en los tiempos.

Castillo fue expulsado de Perú Libre, el partido político que lo llevó al poder, en julio de este año. Su divorcio con la izquierda filoterrorista fue el fin de varios de los apoyos que le hicieron ganar unas cuestionadas elecciones. Perdió la confianza de algunos movimientos rurales por no seguir una agenda radical y perdió la confianza del sistema´ por no permitir a la izquierdacaviar´ seguir ocupando los principales puestos del Estado. Esto último tuvo como consecuencia un cambio de 180º por parte de la prensa generalista que sobrevive gracias a las grandes subvenciones a través de la publicidad estatal. Sus continuos escándalos de corrupción por fin tuvieron repercusión mediática y la elección de ministros fue cada vez de peor nivel, porque la élite de izquierdas no quería quemarse políticamente. En definitiva, la izquierda moderada o caviar que antes le apoyó y que le salvó de varios intentos de vacancia por parte del Congreso, ya no estaba por la labor. Y la falsa oposición que tenía en el Congreso (el caso de los “niños de Castillo”) ya tenía agotadas todas las prebendas que pudo obtener por salvarle en varias ocasiones. Al contarse con los votos suficientes, una acusación constitucional o la vacancia presidencial por parte del congreso era inexorable.

Durante los meses anteriores se barajaron varios escenarios para una salida política. Una vacancia presidencial llevaba consigo que asumiera el poder la vicepresidenta Dina Boluarte, quién de manera acrobática se había alejado del ala radical de los apoyos de Castillo, pero que estaba con él al menos de manera formal. Boluarte no era aceptada por todos los actores políticos en el congreso, ya que significaba dar el poder a la izquierda caviar, es decir, a quienes habían aupado a Castillo en contra de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral. Una pequeña verdadera oposición se negaba a esa salida, más al conocerse serios cuestionamientos de corrupción que involucraban a Boluarte como el caso del “Club Apurimac”. Boluarte nunca ha ocultado sus lazos con el Foro de São Paulo y con el Foro Económico Mundial, a quienes en mayo de este año invitó al Cuzco a celebrar allí su próxima convención. Con Dina, la agenda globalista tendría las facilidades que con Castillo no había tenido. La salida era la convocatoria de unas nuevas elecciones, basándole en el lema de “que se vayan todos”.

Dicho esto, los escenarios cambiaron de manera abrupta con el movimiento sorpresivo de Castillo. A estas horas, continúan tejiéndose hipótesis de qué pudo pasar para que decidiera esta huida hacia adelante. En su discurso a la nación se le ve claramente afectado, tembloroso; era casi imposible que tuviera éxito, más aún si alrededor de las 8 de la mañana de ese mismo día había renunciado el comandante general de las Fuerzas Armadas, perdiendo con ello al Ejército y a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, ¿por qué lo hizo?

Analizando su perfil es comprensible esa decisión. Sin experiencia política, con escasa formación jurídica y sin apoyos, con la prensa encima destapando todos sus escándalos de corrupción, las amenazas judiciales acechándole, conociendo lo que había sucedido con los anteriores presidentes, solo deseaba una salida y un asilo en la embajada de México (así lo confirma el atestado policial de su captura). Pero una filtración de, probablemente, uno de sus ministros, hizo que la población conociera de esta operación apenas salió de Palacio de Gobierno rumbo a la sede de la embajada en el barrio de San Isidro. Le separaban unos 20 minutos en coche, 50 si hay atasco. Fue capturado por su misma escolta, que en realidad eran agentes encubiertos, acompañado del único apoyo que le quedaba, su ex premier, el controvertido abogado Aníbal Torres.

La decisión de Castillo, o la que le llevan a tomar, plantea un inmejorable escenario para la izquierda que le apoyó y que ahora sale a decir que es un golpista. Políticamente no hay nadie en la izquierda que comparta responsabilidad con él, su caída no es la caída de su gobierno ni de aquellos que blanquearon sus nexos con el narcoterrorismo. Las únicas fuerzas políticas que le enfrentaron, Rafael López Aliaga o Keiko Fujimori, ahora no tienen otra salida que aceptar la presidencia de Dina Boluarte en aras de la estabilidad y de una unidad que les deja sin fuerza. Las primeras palabras de Boluarte al asumir su mandato han sido para aclarar que gobernará hasta 2026, es decir, para afirmar que no va a convocar elecciones. No obstante, la propia Boluarte anunció este lunes que pretende enviar al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a 2024. Los medios internacionales compran el relato de que ha triunfado la democracia y las instituciones, el país tiene un lavado de cara. Veremos que depara el próximo movimiento político y las personas que conformarán el nuevo gabinete ministerial. Todas las voces aseguran que será “de consenso”. Algunos somos conscientes que mostrará sin fisuras a esa izquierda que apoyó en su momento al presidente caído.