Cinco años después del establecimiento de los primeros convenios colectivos, en 1963, se implantó en España el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que inicialmente se fijó en 1800 pesetas mensuales o en 60 diarias. Por dar escala al número, una barra de pan costaba entonces alrededor de 5 pesetas.
En principio, el SMI distinguía entre los mayores de edad y los menores, pero también establecía diferencias entre actividades productivas, en atención a una política económica planificada. Así, los trabajadores agrícolas cobraban 20 pesetas diarias, mientras los «aprendices, pinches y botones de industria y servicios» recibían 24. Congelado durante los primeros cuatro años, el SMI comenzó a actualizarse en 1967. Lastrado por el peso de la inflación, el SMI no fue capaz, sin embargo, de frenar la alta conflictividad que vivió España, afectada, como tantas otras naciones, por la crisis del petróleo de 1973. La homogeneización del SMI llegó en 1998.
«Lo que piden es un SMI ‘diferenciado’, palabra, que, al igual que ocurre con todas las alusiones a la asimetría, significa ‘privilegiado’ en jerga secesionista»
Hoy, en medio de otra crisis protagonizada por el acqua infernalis, el SMI, fijado en 1221 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas, vuelve a la actualidad al conocerse la propuesta de EH Bildu, ERC y BNG. Piden a los gobiernos de Vascongadas, Cataluña y Galicia el establecimiento de salarios mínimos propios «acordes y adaptados» a sus realidades laborales y socioeconómicas. La petición se argumenta apelando a la «dignidad y suficiencia» de las condiciones laborales básicas de los trabajadores, que dicen amenazadas en los respectivos terruños en los que operan unos sindicatos que se dicen «de clase». En definitiva, lo que piden es un SMI «diferenciado», palabra que, al igual que ocurre con todas las alusiones a la asimetría, significa «privilegiado» en la jerga secesionista.
Con esta solicitud, las tres formaciones izquierdistas pretenden tomar la iniciativa obrerista ante las derechas con las que compiten en el mercado secesionista. Frente al PNV, Junts o el PPdeG, tachados de burgueses, de alineados con las patronales, se alzarían las referidas formaciones. La acción, sin embargo, está coordinada bajo los parámetros de la construcción nacional, cuya realización sólo es posible al precio de la destrucción de la única nación política construida, existente: España. Una España que es el absoluto referente, hasta un punto obsesivo, de estas facciones que la democracia española tolera y financia.
«Años antes de que cristalizara el texto constitucional, las sectas secesionistas se habían dotado de organizaciones sindicales»
Redactada tras la muerte de quien creyó dejar las cosas más atadas de lo que en realidad estaban, la Constitución, bajo la fórmula de las «nacionalidades y regiones», ofreció las condiciones mínimas para una diferenciación que llegó con el despliegue de la España de las comunidades autónomas. Años antes de que cristalizara el texto constitucional, las sectas secesionistas se habían dotado de organizaciones sindicales.
En efecto, en la Carta abierta de ETA a los intelectuales vascos, publicada en 1964 y ampliada un año después, se afirmaba: «Para nosotros los sindicatos han de construir el instrumento más genuino de la futura democracia vasca». Una década después de que se publicara la epístola se fundó LAIA (Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia, Partido de los Trabajadores Patriotas Revolucionarios). En pugna por hacerse con la primacía obrerista de una región tan industrializada, en gran medida, por los esfuerzos hechos por el régimen franquista, miembros de ETA político-militar crearon las COA (Comisiones Obreras Abertzales), posteriormente divididas entre los afines a LAIA, reunidos bajo las siglas LAK (Langile Abertzaleen Komiteak, Comités de Trabajadores Patriotas) y los que dieron lugar a LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak, Comisiones de Obreros Patriotas). En mayo de 1975, LAB, dirigida por Mario Onaindía, difundió su ideario. Dos años después, solicitó su legalización.
Durante su I Congreso, celebrado en mayo de 1978, LAB dejó KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista), controlada por ETA militar. En ese contexto divisor surgió LAB-KAS, con el objetivo de erosionar a EIA (Euskal Iraultzarako Alderdia, Partido para la Revolución Vasca). El método escogido fue el del entrismo de los miembros de HASI (Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea, Partido Socialista Revolucionario del Pueblo), embrión de Herri Batasuna. En medio de esta ensalada de siglas, en 1980, los miembros de EIA se reunieron en Lejona y acordaron su ingreso en Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos (ELA-STV), mientras que los de LAB-KAS, tomaron el poder en LAB, que se reintegró en KAS. Actualmente, el sindicato mayoritario en la Comunidad Autónoma Vasca es ELA, tanto por número de afiliados como por representación. Su estructura, compuesta por federaciones profesionales y uniones comarcales, es confederal y tiene como límite Euskal Herria.
«El resultado de todo ello es una estructura sindical confederal que, en el caso de la UGT, va un paso por delante del PSOE, partido que todavía se define, sin mayor precisión, como federal»
Para el caso de Cataluña, tanto la UGT como Comisiones Obreras cuentan con secciones propias que defienden los, así llamados, derechos nacionales. Para el caso de las Comisiones Obreras confluyeron elementos comunistas y miembros de Acción Católica, que adquirieron gran relevancia en el cinturón industrial de Barcelona. En coherencia con su origen, en 1962, los comisionistas fueron recibidos por el obispo de la Ciudad Condal, Gregorio Modrego Casaus, en una fecha en la que la Iglesia dejó su impronta cuando José María Bueno Monreal, arzobispo de Sevilla creado cardenal por el Papa Juan XXIII en la obrerista fecha del 19 de marzo de 1962, propuso el establecimiento de un salario de entre 110 y 120 pesetas diarias para los trabajadores casados con dos hijos.
En pleno proceso de infiltración en los sindicatos verticales, definidos en el BOE del 10 de marzo de 1938 como corporaciones de derecho público constituidas «por la integración en un organismo unitario de todos los elementos que consagran sus actividades al cumplimiento del proceso económico, dentro de un determinado servicio o rama de la producción, ordenado jerárquicamente bajo la dirección del Estado», la promulgación de la encíclica Pacem in Terris favoreció la regionalización del ámbito sindical. De hecho, a mediados de la década, Comisiones Obreras comenzó a velar por los trabajadores de los «pueblos» de España. El resultado de todo ello es una estructura sindical confederal que, en el caso de la UGT, va un paso por delante del PSOE, partido que todavía se define, sin mayor precisión, como federal.
«Su fin es avanzar en su proyecto: la construcción de naciones. España paga, de forma diferencial»
Décadas después de la creación de la comunidad autónoma de Cataluña, ajustados al límite protonacional catalanista, ambos sindicatos apoyaron el proceso de secesión que alcanzó su punto crítico en 2017. No ha de olvidarse, además, de que José María Álvarez, secretario general de UGT, se lamentó de que el Tribunal Constitucional «decapitara» el Estatuto aprobado por Maragall.
Más recientemente, en 2025, se celebró el XIII Congreso de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, en el que se aprobó la resolución «Treballem en català!» que defendió el uso y aprendizaje del catalán como elemento de cohesión social y de igualdad de oportunidades. El texto publicado fue un calco de lo que propugnan los poderes político y empresarial de la región. En él se afirmó que la lengua catalana necesita de «políticas de reparación normativa» y se encareció su imposición en la escuela.
En este contexto colaboracionista con la desigualdad y el privilegio de quienes se dicen representantes de una clase social internacional, no es de extrañar la actitud de los partidos mencionados, a los que debe Sánchez, que mercadea con lo común, su permanencia en La Moncloa. Si el objetivo del madrileño es evidente, el de la terna de partidos secesionistas es cristalino. Su fin es avanzar en su proyecto: la construcción de naciones. España paga, de forma diferencial.
