Quienes nos gobiernan desearían que tuviésemos la memoria de un pez, que se nos olvidasen las cosas de un momento para otro, que fuésemos poco perspicaces y se nos borrasen los detalles de lo que vemos y vivimos.
A quienes nos gobiernan les gustaría que tuviésemos dificultades para retener información. Además, los medios de manipulación social son hoy muy poderosos y contribuyen a que el deseo de este tipo de nuestros gobernantes se cumpla. Pero la memoria es un elemento ético fundamental, es un magnífico remedio contra el mal y principalmente contra los males políticos cuyo mal primero es la corrupción.
«Hemos de hacer memoria del escándalo Filesa, a mitad de la década de los 80’, cuando se creó un complejo entramado para financiar al PSOE»
Es difícil, por eso, en tiempos de «posverdad» hacer memoria de que la década de 1990 estuvo empañada por la corrupción y los escándalos en distintos gobiernos del mundo, entre ellos el gobierno de España en la etapa de Felipe González (1982-1996).
Hemos de hacer memoria del «escándalo Filesa», a mitad de la década de los 80’, cuando se creó un complejo entramado para financiar al PSOE. Fue algo muy parecido a lo que estamos contemplando en este momento.
La trama de entonces pedía muchos millones de pesetas a grandes empresas y bancos, a cambio de concederles determinadas prebendas. Todo iba bien hasta que un contable despechado desveló el montaje de corruptelas que varios miembros del PSOE, que el entorno urdió para financiar ilegalmente el partido a través de distintas sociedades (Filesa, Malesa y Time Export). Recaudaron unos 1000 millones de las antiguas pesetas entre 1988 y 1990.
«El de los ERE del PSOE andaluz es el mayor caso de corrupción política en España por cuantía defraudada: 679 millones de euros de dinero público»
El resultado de la causa judicial, en 1997, llevó a ocho condenas de entre seis meses y once años de prisión, entre ellos un diputado y un senador del Partido Socialista y la coordinadora de finanzas del PSOE.
El entonces secretario general de los socialistas, Joaquín Almunia, pidió públicamente disculpas a los militantes y votantes de su partido. Ahora, con una trama de mayor magnitud, Pedro Sánchez se limita también a pedir disculpas y se compara con la corrupción hecha por otros. Tal vez por ver «quien la tiene más larga» y me refiero a la sombra de corrupción.
Por eso es muy oportuno recordar a Pedro Sánchez el caso Filesa o el de los ERE del PSOE andaluz, el mayor caso de corrupción política en España por la cuantía defraudada: al menos 679 millones de euros de dinero público, desviados para beneficiar durante años a empresas, trabajadores y organizaciones sindicales del PSOE.
Fue un caso monumental por el enorme número de implicados, por la alta responsabilidad política de los condenados y por la cantidad de juicios a los que dio pie.
«Parece que hoy, el ‘caso PSOE’ va a superarlo con creces. Ya se calcula un montante de 418 millones de euros en el amaño de obras»
Parece que hoy, el «caso PSOE» (Koldo, Ábalos, Cerdán) va a superarlo con creces. Ya se calcula un montante de 418 millones de euros en el amaño de obras, simplemente en la trama que afecta a Santos Cerdán y para empezar a hablar. La Audiencia nacional también imputa a una directora de Adif y a un director general por mordidas de muchos millones.
Sí, la corrupción de los ERE fue la de mayor calado en historia democrática de España y se han probado numerosos delitos cometidos por una red de corrupción política organizada desde la Junta de Andalucía (PSOE) y la Unión General de Trabajadores (UGT), entre 1980 y 2018, evidenciando una «caja B» para el PSOE. Lo de ahora apunta a algo de mayor envergadura.
Por cierto, nunca se recuperó ese dinero público, una malversación de 680 millones de euros. Tampoco los encausados principales, entre ellos dos expresidentes socialistas han cumplido apenas sus penas de prisión.
«La esposa del presidente también fue acusada por tráfico de influencias; el hermano del presidente con un empleo público logrado de forma fraudulenta»
El ahora «Caso PSOE» muestra que Pedro Sánchez y su entorno inmediato están implicados en unos asuntos con ramificaciones y corruptelas muy variadas. Desde secretarios de organización del PSOE acusados de «organización criminal», con Santos Cerdán ya en prisión y el otro, Ábalos, ministro de Fomento y Transportes y hombre de gran confianza del jefe, encausado e implicado en escándalos muy truculentos.
La esposa del presidente también acusada por tráfico de influencias; el hermano del presidente con un empleo público logrado de forma fraudulenta; escándalos con meretrices del ministro Ábalos enchufadas en la administración pública.
Encima ha sido todo negado por el gobierno de España hasta que informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han mostrado sus numerosas pruebas. El gobierno y el PSOE están inundados de corrupción. Por mucho que resista, Sánchez pasará a la historia como un paradigma de corrupción e indecencia política. Por eso nos debemos hacer una pregunta muy importante: ¿Dónde están las responsabilidades políticas? ¿Quién las tiene?
«Pedro Sánchez o, por acción, es un corrupto responsable de una organización criminal, o, por omisión, es un incompetente»
Con la presión fiscal que sufrimos los ciudadanos no podemos consentir estos comportamientos. Deben responder. No solo en las causas judiciales en marcha, sino ética y políticamente deben rendir cuentas. Sin duda ninguna Pedro Sánchez o, por acción, es un corrupto responsable de una organización criminal, o, por omisión, por desconocer, no estar al tanto y negar lo que hacían las personas de su mayor confianza, es un incompetente.
No olvidemos, por último, que es la corrupción: Actos ilícitos que generan daño a los derechos de los ciudadanos, a las instituciones públicas y que causan un grave daño social. Somos los ciudadanos los perjudicados por estas acciones y es ante la sociedad civil ante quien deben responder.
«Los servidores públicos, si se han corrompido dimiten y se van de su cargo por mal comportamiento en su función pública»
Hay prevaricación, que es cuando un cargo público emite una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta. Hay cohecho, que es cuando un servidor público acepta una dádiva, o algún tipo de beneficio, a cambio de su promesa de realizar alguna función vinculada a su cargo, tenemos las llamadas «mordidas». Hay tráfico de influencias, consistente en influenciar a un funcionario público o autoridad con el fin de obtener un beneficio para sí mismo o para un tercero, como en el caso de Begoña Gómez o de David Sánchez. Hay malversación y fraude a través caudales públicos que constatamos en varios asuntos hoy en los tribunales.
Estas cosas están pasando, son nuestro presente y, no nos engañemos, no basta una disculpa. Los servidores públicos, si se han corrompido dimiten y se van de su cargo por mal comportamiento en su función pública. Los antiguos demócratas griegos les ponían una teja (ostraka) en su escaño y los expulsaban de la Polis.
