Cabe preguntarse si es de mayor gravedad que durante el franquismo se condecorase a personalidades pertenecientes al propio régimen, o a que el PSOE en democracia haya condecorado a personas como Carrillo, participante en la represión civil durante la guerra.

El pasado 27 de octubre, una teatral -y victoriosa- Yolanda Díaz anunciaba en una rueda de prensa la retirada de la Medalla al Mérito en el Trabajo a Francisco Franco y a otros nueve personajes históricos relacionados con el propio franquismo. Sin embargo, estos son solo los primeros nombres de una lista que está en revisión por el Ministerio de Trabajo y que podría suprimir la totalidad de condecoraciones concedidas hasta 1975. Medios afines al Gobierno afirmaban -como La Sexta en su programa laSexta Clave– que personalidades como la célebre escritora Concha Espina, cuyo nombre figura en una estación de metro y en una famosa avenida de Madrid, serían penalizadas con la retirada de la condecoración (y hasta 62 personas más). Cabe preguntarse si esta medida afectará también a Wenceslao Fernández de la Vega y Lombán, padre de la exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega, pues recibió dicha medalla en el año 1971.

Con el Libro de Oro del Trabajo (1970) en mano -que recoge a todos los ganadores de la Medalla desde su establecimiento hasta la redacción de la obra-, y en virtud del artículo 42 de la Ley de Memoria Democrática, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social justificaba esa decisión alegando lo recogido en el propio texto: participación en el aparato represivo y por incurrir en conductas incompatibles con los valores democráticos. ¿Condenará Díaz también la participación en el aparato represivo y la conducta incompatible con los valores democráticos de su socio el PSOE o del PCE -partido en el que ella misma militó- durante la Segunda República y la Guerra Civil?

Si nos retrotraemos y contrariamos la versión “oficial” de la Historia de España que pretenden hacer, no sería difícil comenzar a señalar responsabilidades: la implicación de Indalecio Prieto y Largo Caballero en la Revolución de Asturias de 1934 ante la victoria en las urnas de la derecha -y eso antes de que estallara la guerra-, o el papel de Dolores Ibarruri la Pasionaria en el llamamiento al exterminio de posibles adversarios políticos durante el conflicto. Por no mencionar la implicación del PCE y PSOE en el aparato represivo civil y en las checas, como Santiago Carrillo y su socio Segundo Serrano Poncela en la masacre de Paracuellos. De hecho, Carrillo fue condecorado con la Medalla al Mérito en el Trabajo en el 2009 por el ministro de Trabajo e Inmigración de José Luis Rodríguez Zapatero, Celestino Corbacho. Dos años antes, el propio Zapatero había puesto en marcha la Ley de Memoria Histórica, embrión de la ampliada Ley de Memoria Democrática.

En la lista aparecen nombres que no han cogido por sorpresa a nadie: Francisco Franco, Juan Yagüe o José Luis Arrese -quien fue uno de los artífices del abandono del nacionalsindicalismo de FET de las JONS y domesticó el partido único para Franco-. Incluso José Antonio Girón de Velasco, bajo cuyo mandato como ministro de Trabajo se instauraron las pagas extraordinarias de Navidad y de verano. De hecho, el profesor José Martín Brocos llegó a afirmar que Girón de Velasco tuteló la creación del antecedente de la actual Seguridad Social. Sin embargo, otra de las facetas en las que destacó el exministro de Trabajo fue en la ayuda a la reintegración de represaliados de la Guerra Civil, algo que Pablo Iglesias Turrión puede atestiguar, pues su abuelo Manuel Iglesias Ramírez trabajó en el Servicio del Seguro Obligatorio de Enfermedades y del Mutualismo Laboral del Ministerio de Trabajo durante la etapa de Girón.

Otro de los nombres llamativos es el de Enrique Plá y Deniel, a quien la Guerra Civil le sorprendió como obispo de Salamanca. Es cierto que el religioso se posicionó del lado de los sublevados, llegando a manifestarlo en su pastoral del 30 de septiembre de 1936 Las Dos Ciudades. De hecho, el resto de obispos españoles -salvo los de Menorca, Vitoria y Orihuela-Alicante- terminarían situándose a favor de ello en su carta del 1 de julio de 1937, de título Carta Colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo entero. Que la Iglesia Católica de España tomara esta postura se explicaba de la siguiente manera: los casi siete mil sacerdotes y religiosos eliminados -según el investigador Ángel David Martín Rubio en La cruz, el perdón y la gloria (Ciudadela de Libros, 2007)- durante una persecución religiosa de la Segunda República, las iglesias calcinadas o la iconoclastia practicada. De hecho, según nos indica su perfil biográfico de la RAH, Plá centró grandes esfuerzos en la reconstrucción de templos, conventos y lugares cristianos destruidos.

Los otros personajes a los que se le ha retirado la Medalla, por el momento, son José María Fernández de Ladreda y Menéndez Valdés, José Solís Ruiz, Jesús Romeo Gorría, José León de Carranza Gómez-Pablos y Félix Huarte Goñi, a quien el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra le concedió en 2014 la Medalla de Oro de Navarra durante la celebración del Día de Navarra por su participación en el Plan de Promoción Industrial de Navarra. A dicho acto acudieron representantes de Unión del Pueblo Navarro, del Partido Socialista de Navarra y del Partido Popular de Navarra.

Esto no quiere decir que se tenga que hacer una defensa de las figuras a las que se ha retirado la Medalla al Mérito en el Trabajo, pero se tiene que volver a condenar el uso político que se está haciendo de la Historia a través de la Ley Memoria Democrática, que busca además manipular nuestro pasado de forma flagrante. De hecho, si tenemos en cuenta que durante los gobiernos socialistas en democracia se ha condecorado a personas como Santiago Carrillo, la justificación utilizada -represión y contrariedad a los valores democráticos- para retirar las otras Medallas queda deslegitimada. Además, ¿resulta de mayor gravedad que figuras políticas, civiles y militares fueran condecoradas por el régimen al que pertenecían, o que en tiempos democráticos se condecore a personajes como Carrillo, con las implicaciones directas que tuvo en la Guerra Civil?

Sin embargo, como hemos podido ver, esta es la tónica habitual del Gobierno ante la inminencia de elecciones generales: apelar al discurso guerracivilista como forma de propaganda, la exhumación y traslado de personas difuntas, pero tomar pocas medidas reales. Por su parte, Yolanda Díaz debería emocionarse y mostrar mayor preocupación por los casi tres millones de parados registrados en el mes de octubre que por retirar condecoraciones de hace más de medio siglo.