La usurpación de Ceuta: una invasión del territorio nacional y europeo

Marruecos no es un Estado democrático, sus herramientas de información y de inteligencia son bien conocidas dentro y fuera de sus fronteras, en España y en el resto de Europa, y su Gendarmería Real, de máxima confianza de Mohamed VI, controla el municionamiento de las unidades militares y ha estado implicada en la canalización de invasores en los días 30 y 31 de julio.

Habiendo pasado más de un mes desde que alrededor de 80 000 personas entraran de forma irregular en la Ciudad Autónoma de Ceuta -territorio nacional español y de la UE-; por tanto, la violación es doble, y a pesar de la inflación de análisis e intercambio de opiniones en todo tipo de medios, se hace aún necesario aclarar conceptos clave que nos permitan analizar con propiedad lo ocurrido y las graves consecuencias que aún perduran.

La usurpación del territorio es una denominación correcta, consolidada, además, por círculos judiciales, lo que le da una credibilidad reforzada. Y el segundo término recogido en el título de este análisis debería cosechar consensos, pero lamentablemente genera aún discusiones sorprendentes.

Invasores son los ahora llegados como también lo fueron los más de 12 000 que entraron en mayo de 2021, también proyectados desde Marruecos. Y «llueve sobre mojado» dado que Marruecos ya demostró en el pasado, en noviembre de 1975, que lo de invadir territorio extranjero utilizando seres humanos como munición es una herramienta que utiliza con soltura.

Los 350 000 civiles, aunque a buen seguro habría también militares y miembros de las fuerzas del orden entre ellos para canalizar mejor la ofensiva -nadie se paró entonces a discutir perfiles-, permitieron a Marruecos entonces poner en un brete a España. Nuestro país consideraba jurídicamente al Sáhara Español como su provincia número 53, pero, todo hay que decirlo, había iniciado ya el proceso de descolonización del territorio, y un año antes el coronel Rodríguez de Viguri había elaborado con el equipo que dirigía un censo ejemplar que durante años fue considerado como el punto de partida idóneo para acometer la organización de un referéndum de autodeterminación.

Volviendo a los 350 000 individuos catapultados por Marruecos, nadie en su sano juicio los calificaba entonces de migrantes, y no solo porque el fenómeno migratorio no estaba aún tan presente en las agendas de los Estados, sino porque merecían obviamente otro calificativo. Pues asumamos que lo mismo ocurre hoy, cuando más de 80 000 personas han entrado desde Marruecos, mostrando tal hecho que hoy, como hace cincuenta y un años en nuestro Sáhara, ha sido desde ese país desde donde se ha teledirigido la operación.

Y, retomando la última afirmación, conviene ahondar en ella. Este mes de inflación de análisis ha permitido ver cómo se pierden muchos no solo en la definición de lo ocurrido –invasión sí o no–, sino también en las circunstancias en las que dicha entrada masiva o avalancha, términos que también molestan a algunos y desarman a la audiencia, que al final no sabe cómo habría que definir lo ocurrido, y se debate sobre si las autoridades marroquíes están detrás o no de todo. Quienes elucubran sobre ello pierden de vista una de las claves del problema, y es que el Marruecos de 1975, como el de 2021 y como el de 2026, es lo mismo en términos de funcionamiento institucional: un Estado autoritario, liderado entonces con firmeza por Hassan II y hoy, tanto en 2021 como en 2026, por Mohamed VI. Hay, por tanto, una tradición dinástica de control férreo del poder, entonces y hoy. 

Y que no nos despiste el hecho de que el 23 de septiembre habrá elecciones legislativas. Marruecos presumía durante la Guerra Fría ante sus amigos occidentales de ser un Estado árabe democrático –y argumentaba, por ejemplo, que en su parlamento había hasta un partido comunista, y todo ello para marcar distancias con respecto a Argelia y a Libia-, y hoy presume de ser un paladín de la democracia que tiene bajo control, ¿en serio?, a las corrientes islamistas radicales. Pero estas existen, mostraron su envergadura enviando más de 1600 marroquíes a las filas del Estado Islámico hace menos de una década y engrosan las filas y alimentan ideológicamente a quienes ayer y hoy atentan en Europa.

Marruecos no es un Estado democrático, sus herramientas de información y de inteligencia son bien conocidas dentro y fuera de sus fronteras, en España y en el resto de Europa, y su Gendarmería Real, de máxima confianza de Mohamed VI, controla el municionamiento de las unidades militares y ha estado implicada en la canalización de invasores en los días 30 y 31 de julio.

Vamos, pues, sumando argumentos para poder concluir lo que creemos que debe de ser no solo conocido, sino también utilizado para poner en evidencia a Marruecos ante las autoridades, los políticos y la opinión pública de España, este sí un Estado democrático, y ante el resto de la UE. Marruecos está detrás de una invasión aún más masiva que la que nos preocupó en mayo de 2021. Entonces y hoy el objetivo ha sido Ceuta, mostrando este dramático hecho que, tras cinco años, ni España, en primer lugar, ni la UE habían extraído lecciones aprendidas de lo sucedido entonces. Y aún no se ha revertido la situación y quienes redujeron el nivel de preocupación cuando buena parte de los invasores decidieron volver por donde habían venido son unos irresponsables, porque varios miles se quedaron, muchos más de los que algunos quieren reconocer, y siguen complicando la vida cotidiana de nuestros compatriotas ceutíes.

Es urgente que esas personas vuelvan a Marruecos, pues lo que se cuestiona hoy con el descontrol existente en la seguridad de los ceutíes y de la propia ciudad –con infraestructuras críticas que deberían estar blindadas en todo momento y no a merced de lo que dichas personas descontroladas podrían hacer–. Eso no puede permitirlo un Estado serio. Y se cuestiona en suma el presente y el futuro de Ceuta que, como Melilla, es una ciudad española, europea y democrática en el norte de África. Llevemos, pues, el análisis y el debate no solo a defender nuestra integridad territorial y a nuestros compatriotas, sino también a defender los valores democráticos que deben de seguir definiendo nuestros territorios en el norte de África.

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