El Gobierno de España ha autorizado recientemente una transferencia de 309 millones de euros desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Esta decisión llega en un momento en el que España lleva varios años con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados y el Ejecutivo está realizando cambios y transferencias entre ministerios para ajustar el dinero disponible a las necesidades que considera prioritarias para el país.
Mientras que la ley educativa vigente, la conocida LOMLOE, determina que los poderes públicos dotarán al sistema educativo de recursos económicos para su desarrollo y que se incrementará el gasto en educación y, a su vez, el Consejo Escolar del Estado lleva poniendo de manifiesto en los informes de los últimos cursos escolares una serie de necesidades detectadas en educación que no se están afrontando, el Ejecutivo ha tomado la decisión de derivar la millonaria partida presupuestaria de 309 millones de euros desde Educación a Presidencia.
«El Ministerio de Presidencia […] tiene otras funciones atribuidas como el pago de los servicios de maquillaje y peluquería para el presidente del Gobierno y sus ministros»
El dinero que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha retirado del Ministerio de Educación se va a destinar a cubrir gastos de personal del Ministerio de Presidencia, que es el encargado de ofrecer apoyo directo al presidente del Gobierno, coordinar asuntos legales y gestionar las relaciones entre el poder ejecutivo y el parlamento; son sus funciones básicas, aunque tiene otras atribuidas como el pago de los servicios de maquillaje y peluquería para el presidente del Gobierno y sus ministros.
Ante la alarma generada por la noticia de este desvío presupuestario millonario que no han entendido padres ni docentes ni ningún otro miembro de la comunidad educativa, el Gobierno insiste, literalmente, en que «esos 309 millones de euros no se detraen de programas educativos pendientes de ejecución ni implican la cancelación o reducción de actuaciones educativas», sino que proceden de partidas de 2023 que, al prorrogarse los presupuestos, «ya no son necesarias». Por su parte, el Ministerio de Presidencia también señala que «la modificación presupuestaria aprobada no supone un recorte en el presupuesto de Educación» y que «se trata de una reasignación de créditos de los que Educación no tenía previsto disponer». Que no tenía previsto disponer.
«La propia ley educativa vigente, aprobada por el Gobierno de Sánchez […] dedica todo el Título VIII a prometer el aumento de recursos económicos para educación»
Es delirante la respuesta si se atiende a las dos fuentes oficiales de información que recalcan que ha de darse más dinero a educación: la primera es la propia ley educativa vigente aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, la tristemente famosa LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; esta ley dedica todo el Título VIII a prometer el aumento de los recursos económicos para educación centrándose en la dotación de fondos públicos y los medios para mejorar el aprendizaje para conseguir disminución de la ratio profesor-alumno, fomentar la lectura en las aulas, impulsar programas de refuerzo, apoyar al profesorado y mejorar la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, entre otros objetivos.
La segunda fuente que recuerda que hay que dar más dinero a educación es el Consejo Escolar del Estado a través de sus reivindicaciones recogidas en sus informes anuales.
El Consejo Escolar del Estado se define como el órgano de participación de los sectores más directamente relacionados con el mundo educativo en España. Se creó gracias a una ley socialista: la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación de 1985 (la LODE) y su ámbito de actuación se extiende a todo el Estado español. El Consejo desarrolla también una labor consultiva, de asesoramiento y propuesta al Gobierno en relación con los distintos aspectos de la educación en España en su conjunto y los hace públicos a través de informes anuales.
«Tanto la LOMLOE como el Consejo Escolar del Estado demandan una cantidad de reformas y mejoras que pueden solventarse destinando más dinero al sistema educativo»
Bien, pues este órgano consultivo, según lo recogido en el informe de 2025 en el que se detalla cómo se encuentra la educación en España, señala una serie de circunstancias y necesidades que han de abordarse con absoluta urgencia y que son las siguientes:
- Minimizar las desigualdades educativas y la falta de equidad, desigualdades que influyen en el rendimiento académico y en las oportunidades educativas de muchos alumnos.
- Reducir el abandono escolar temprano, que en nuestro país se sitúa por encima de la media de la Unión Europea y que requiere inversión en orientación educativa y en el refuerzo de los alumnos para paliarlo.
- Eliminar la escasez de profesorado y mejorar a todos los niveles la profesión docente.
- Incidir en la atención a la diversidad e inclusión teniendo en cuenta de forma relevante al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; para ello, el Consejo Escolar del Estado demanda el aumento de especialistas, personal de orientación y medidas de inclusión para atender a los alumnos con estas necesidades.
- Mejorar la salud mental y el bienestar de los alumnos, dada la progresiva preocupación por sus problemas emocionales y por aquellos derivados del acoso escolar, entre otros.
- Enfocar la digitalización y el uso responsable de la tecnología, incidiendo en la importancia de prevenir los riesgos derivados del uso inadecuado de las tecnologías de la información y la comunicación y de las redes sociales.
- Impulsar la Formación Profesional, ampliándola y fortaleciéndola.
- Incrementar la financiación del sistema educativo.
Las reivindicaciones no son nuevas, ya que se recogen en informes de años anteriores, reivindicaciones a las que el actual Gobierno de España hace caso omiso.
Como puede observarse, tanto la LOMLOE como el Consejo Escolar del Estado demandan una cantidad de reformas y mejoras que pueden solventarse, casi exclusivamente, destinando más dinero al sistema educativo.
«El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que la inversión en educación tiene que ser una absoluta prioridad. Pero a la hora de la verdad, todo se queda en meras declaraciones de intenciones»
Pero el gobierno de izquierdas que maneja los presupuestos en España a día de hoy no da el dinero que prometió al Ministerio de Educación a través de una ley que ellos mismos aprobaron, sino que se lo quita en parte y lo desvía a otro ministerio: el de Presidencia (o el de Propaganda, como prefieran) que destina partidas económicas a maquillaje y peluquería de los ministros, ministras y «ministres».
Esta es la enésima tropelía de los que nos gobiernan, que ya ni siquiera se molestan en dar una explicación mínimamente digerible sobre lo sucedido con los 309 millones de euros a los muchos españoles que conforman la comunidad educativa.
El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que la inversión en educación tiene que ser una absoluta prioridad. Pero a la hora de la verdad, todo se queda en meras declaraciones de intenciones, eso sí, plasmadas en papel a través del BOE y de los informes del Consejo Escolar del Estado; mientras tanto, se despilfarra el dinero en un ministerio, el de Presidencia, que asume gastos que rozan lo grotesco.
«Los problemas ya estructurales de la educación en España siguen sin solventarse y además se enfrentan a otra circunstancia también estructural: el cinismo de la izquierda en materia educativa»
De esta manera, y desafortunadamente para la comunidad educativa y para el resto del país, la historia se repite porque siempre que ha gobernado la izquierda en España se ha dedicado a vociferar la prioridad que da a la educación en su conjunto. Pero los hechos son los que son: no invierte para cumplir lo que promete en sus programas electorales que se sustancian -más o menos, según pactos-, en incomibles leyes educativas y desoye sistemáticamente a un órgano de representación que crearon ellos.
Los problemas ya estructurales de la educación en España siguen sin solventarse y además se enfrentan a otra circunstancia también estructural: el cinismo de la izquierda en materia educativa. Y se ejemplifica con la decisión del actual Gobierno de España de atender más al maquillaje que a la educación.
Este hecho no es ni mucho menos anecdótico, sino sintomático puesto que refleja cuáles son las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez.
Porque lo verdaderamente preocupante no está en la cifra de 309 millones de euros transferida. Está en las prioridades: del Ministerio de Educación a Presidencia. Todo ello, para pagar gastos que no van a revertir en los españoles.
