El catedrático de Economía de la UGR y director del Área Financiera y Digitalización de FUNCAS, Francisco Rodríguez Fernández, publicaba el pasado mes de mayo una columna en el diario El Mundo titulada «Nacional, la prioridad equivocada».
En ella expone una crítica desde una perspectiva económica a las políticas de «prioridad nacional», a las que acusa de «cometer simultáneamente tres errores de manual: confunde stocks con flujos, asume mercados de suma cero y destruye señales de precio».
Vamos a dejar de lado las descalificaciones para centrarnos en los argumentos de Francisco Rodríguez y en por qué son errados.
Sostiene Rodríguez que «Los inmigrantes no solo ocupan empleos: consumen, pagan impuestos, alquilan, compran. Generan demanda, y la demanda genera empleo» y que, por lo tanto, es un error concebir la economía como un juego de suma cero. En realidad lo que está planteando aquí no es tanto una crítica a la «prioridad nacional» sino a cualquier tipo de restricción en el flujo de inmigración recibida por un país. Cuantos más seamos, mejor, sería el resumen de su argumento.
«Lo que existen son seres humanos reales, que a su mayor o menor racionalidad unen una cultura de origen, con sus usos, prácticas y maneras de actuar»
En este punto, Rodríguez incurre en dos errores típicos de quienes tienen una mirada economicista sobre la realidad. En primer lugar, hace un uso inapropiado de la cláusula «ceteris paribus». Los economistas suelen hacer cálculos y previsiones… añadiendo al final «ceteris paribus», esto es, manteniéndose el resto de las variables constantes. Pero en este caso, la aplicación de esta cláusula es abusiva, porque la inmigración masiva sí altera el resto de variables que configuran el escenario económico.
Basta salir de los informes macroeconómicos y darse una vuelta por nuestras calles para entender que la inmigración masiva transforma el marco. La erosión en términos de seguridad, de capital social o de de confianza mutua (que el catedrático de Economía y Política Pública en la Escuela Blavatnik de Gobierno de la Universidad de Oxford, Paul Collier, considera la clave del desarrollo) es la prueba de que la visión meramente cuantitativa (consumen, pagan impuestos, alquilan, compran…) es una perspectiva simplista que ignora la transformación social que supone la inmigración masiva.
Por otra parte, esta visión sólo puede sostenerse a partir de otra simplificación economicista, la del homo economicus, ese actor económico puramente racional y calculador. Pero en realidad, el homo economicus, si bien nos puede ayudar a comprender determinadas dinámicas económicas, no existe. Lo que existen son seres humanos reales, que a su mayor o menor racionalidad unen una cultura de origen, con sus usos, prácticas y maneras de actuar. Por eso, una vez más, la visión meramente cuantitativa está desenfocada. Por eso no es lo mismo, por ejemplo, que se instalen en un país 1 millón de coreanos que 1 millón de somalíes. Para Rodríguez es indiferente, todos son inmigrantes que generan demanda, pero cualquiera sabe que no es lo mismo.
«En la España de hoy y debido a su nivel de ingresos, la aportación fiscal de los inmigrantes es muy reducida»
En cualquier caso, Rodríguez defiende el efecto benéfico de la inmigración al generar demanda y empleo, pero él mismo deja entrever algunos otros efectos que ya no serían positivos, sino claramente negativos. Cuando afirma que también alquilan señala ahí, si bien de pasada, uno de los impactos negativos de la inmigración masiva. La realidad es que la llegada de cientos de miles de inmigrantes, de millones incluso, provoca unas tensiones en el mercado inmobiliario que están sufriendo principalmente una generación a la que ni Francisco Rodríguez ni yo pertenecemos.
En cuanto a lo de que los inmigrantes pagan impuestos, hay que decir que es, por supuesto, así, pero que, al menos en la España de hoy en día y debido a su nivel de ingresos, la aportación fiscal de los inmigrantes es muy reducida. En concreto, basado en datos oficiales de IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social de 2022 recogidos en el informe que publicó NEOS sobre la cuestión, los extranjeros aportan el 5% de la recaudación de IRPF y el 6% de lo recaudado por la Seguridad Social, una aportación muy por debajo de su peso en términos de población.
Lo contrario sucede si analizamos los recursos destinados por el Estado a estos colectivos, por lo que no es de extrañar que cada vez aparezcan más estudios, como el publicado en octubre de 2025 por la Fundación Disenso, señalando que el impacto neto es sustancialmente negativo para las arcas públicas. Más aún si consideramos que la tasa de desempleo entre los extranjeros supera el 20%.
«Hemos llegado a una situación en la que las externalidades negativas superan los efectos positivos de la inmigración masiva»
En definitiva, si bien es cierto que no estamos ante un escenario de suma cero, tampoco estamos ante un escenario de suma positiva automática, al contrario, existen indicadores que sugieren que hemos llegado a una situación en la que las externalidades negativas superan los efectos positivos de la inmigración masiva.
En cualquier caso, lo que hemos discutido hasta aquí se refiere al impacto de la inmigración masiva, no a la «prioridad nacional».
Avancemos pues en la argumentación de Francisco Rodríguez, que pasa a analizar «el error de precio»: «la discriminación por preferencias castiga al discriminador además de al discriminado. El empleador que descarta al mejor candidato por su apellido contrata a alguien peor y pierde productividad. La “prioridad nacional” lo institucionaliza a escala de país».
Continúa Rodríguez con «el error de incentivos», que considera que «es el más profundo… La “prioridad nacional” no asume que el candidato nacional sea mejor. Asume que debe ganar independientemente de si lo es. Eso no protege al trabajador español: lo infantiliza. Le garantiza el resultado sin exigir mérito. Es el peor incentivo que puede recibir un mercado laboral… Clasificar candidatos por origen antes de leer su currículum es exactamente eso, con independencia de la retórica que lo envuelva».
«Lo que propone Vox es que se aplique prioridad nacional a la hora del acceso a “ayudas y prestaciones pública, servicios públicos y programas de vivienda”»
En ambos casos Rodríguez critica la «prioridad nacional» en la contratación de empleados, algo que distorsionaría gravemente el mercado laboral y que además, añade, alimentaría la economía sumergida.
De acuerdo… pero, ¿por qué habla de mercado laboral cuando la «prioridad nacional» no se refiere a éste? O bien hay aquí un gran malentendido (o peor, Rodríguez toca de oídas, en base a titulares y no ha leído lo que se propone cuando se promueve la «prioridad nacional»), o bien está utilizando esa trampa lógica conocida como falacia del hombre de paja por la que en lugar de rebatir el argumento real, se crea una versión distorsionada del mismo para así criticarla con más facilidad.
Lo cierto es que nadie ha pedido que se aplique prioridad nacional para la selección y contratación de empleados. Lo que Vox propone es que se aplique prioridad nacional, esto es, que los españoles tengan prioridad sobre los extranjeros, a la hora del acceso a «ayudas y prestaciones públicas, servicios públicos y programas de vivienda».
«Se dedica a argumentar contra una propuesta (la prioridad nacional en materia de contratación y empleo) inexistente»
Por lo tanto, el artículo, a partir del quinto párrafo, es una descalificación contra una propuesta que sólo existe en la imaginación de Rodríguez. Así pues, a partir del quinto párrafo, la argumentación queda refutada sin necesidad de entrar en mayores detalles puesto que se dedica a argumentar contra una propuesta (la prioridad nacional en materia de contratación y empleo) inexistente.
En conclusión, lo que se anunciaba como una crítica económica a la «prioridad nacional» resulta ser una defensa débil de la inmigración masiva y un ataque contra una propuesta inexistente que Francisco Rodríguez intenta pasar como «prioridad nacional» cuando ésta consiste en otra cosa.
La racionalidad de la prioridad nacional en el acceso a ayudas y prestaciones públicas no se ve pues cuestionada y se puede afirmar que una mirada económica, que no economicista, puede sostenerla sin incurrir en esos «errores de manual» que Francisco Rodríguez intentaba, sin éxito, achacarle.
