Con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, España se enfrenta a una catástrofe con terribles repercusiones económicas, sociales y políticas.

Una de las mayores dificultades a las que se enfrentan los sistemas democráticos es la de hacer frente a cuestiones que tienen un horizonte temporal mucho más extenso que los mandatos políticos. La única y lógica medida mitigadora de este problema sería el de contar con una sociedad madura y con unos representantes políticos responsables, dotados de un sentido de Estado y patriotismo y cuyo horizonte de acción política se extienda a las próximas décadas. En lo que respecta a España, si hay algo que caracteriza a la actividad política de nuestro país desde la época de la Transición, es la progresiva desaparición de una visión estratégica a largo plazo y la disolución de una voluntad colectiva de mejora intergeneracional.

Y de todas las cuestiones clave a largo plazo para nuestro país, la demográfica es la más peligrosa y la que pone en riesgo la propia supervivencia de España tal y como la conocemos. En 2022 la diferencia entre nacimientos y defunciones en España fue negativa en más de 75.000 personas y España registró 330.000 nacimientos, el número más bajo de últimos 81 años. En algunas provincias del interior como León el número de defunciones fue de hasta tres veces el de nacimientos.

El envejecimiento progresivo de la sociedad va a suponer un problema de viabilidad material pues, a un contexto de endeudamiento sin precedentes en el sector público (135% del PIB), se le ha de añadir unas crecientes necesidades sociales en cuestión de sanidad, pensiones y de asistencia en general que se tendrán que sufragar por un menguante sector productivo. Incorrecta e irresponsablemente, se hace mención a la inmigración y a que la población foránea va a servir para cubrir la falta de españoles. No sólo es falso, sino que además esta suposición oculta los enormes problemas de integración, de equilibrio territorial, de seguridad y también de coste económico puesto que no todos los que vienen a España acaban trabajando y aportando a la economía ya que, de hecho, buena parte acaba siendo acreedora de nuevas ayudas y beneficios sociales que deben ser sufragadas de forma inmediata (“Welcome refugees”).

Sin haberlo elegido, los españoles nos encaminamos a un escenario de país muy diferente al que conocemos. El propio Joaquín Leguina se hacía eco recientemente sobre las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística hasta 2072 y cuyos resultados no son alentadores:  En los próximos 50 años, si bien se espera una población total similar a la actual, los españoles autóctonos, descendientes de españoles de origen, descenderán hasta los 24 millones; numerosas regiones de España verán unas tasas de despoblación brutales que acelerarán las diferencias y tensiones territoriales y, el porcentaje de mayores de 65 años se elevará a más del 40% en 2050.

Esta situación no se va a revertir con políticas cortoplacistas ni con campañas. Es precisa una reorientación de las prioridades nacionales y la inversión de la tendencia demográfica debe ser uno de los pilares de la acción política española. El actual índice de fecundidad español, 1,20 hijos por mujer, es el segundo más bajo de Europa después de Italia y, a pesar de ello, España tiene la mayor diferencia entre las tasas de fecundidad deseadas y de fecundidad lograda; hecho que indica que a los españoles nos gustaría tener más hijos.

Es por tanto el momento para replantearse qué motivos son los que impiden elevar la natalidad y, en concreto, qué tipo de incentivos se pueden plantear para facilitar la maternidad. No puede ser que en España hayamos convertido el cambio climático o las emisiones de CO2 en el centro de la estrategia nacional y no se aborde la situación crítica de la natalidad y del envejecimiento tanto a nivel nacional como en las diferentes regiones.

Y sí, también es momento para cuestionar si el actual marco legal, con las leyes de género vigentes, suponen un freno al compromiso por parte de los hombres para establecerse en pareja o crear una familia en un entorno de desprotección e indefensión legal hacía el hombre. O también se puede analizar si la política fiscal debería dejar de tener un carácter represivo sobre las clases medias para, en lugar de ello, facilitar la natalidad de las parejas profesionales.

España necesita invertir la tendencia actual y la solución de mirar para otro lado y confiar en la inmigración como forma de paliar nuestra falta de natalidad, lo cual entraña importantes riesgos y problemas sociales y económicos. El sistema actual de sanidad, de pensiones, de servicios públicos es insostenible si no es con un persistente déficit que ha generado una creciente deuda de más de 1,5 billones de euros que, esa sí, va a ser una losa intergeneracional.

Hay muchos países que comparten la situación de España y, aunque no hay experiencias que hayan tenido un éxito rápido en invertir la tendencia demográfica, es digno de mencionar el caso húngaro, por ejemplo, ya que para revertir su baja natalidad (1,23 hijos por mujer en 2011), decidió apostar por políticas activas dedicando hasta un 6% del PIB nacional a la protección y promoción de la natalidad mediante enormes incentivos para aquellas familias que tuvieran el tercer hijo y con medidas como eximir de impuestos a toda madre menor de 30 años. La tasa de natalidad húngara se ha conseguido invertir y hoy tiene una tendencia anual creciente (1,64 hijos en 2022) pretendiendo alcanzar 2,1 hijos por mujer en 2030.

En un claro contraste, a pesar de que nos jugamos el futuro del país, España no está yendo en la dirección húngara sino en la contraria; y para revertir la tendencia hace falta mucho más que palabras o recurrir a puntuales deducciones cosméticas en la declaración de Hacienda.

Las políticas (y los políticos) que nos han llevado paulatinamente, y desde los últimos 40 años, a una situación de colapso demográfico deben ser reemplazados por un fomento activo de la natalidad que tiene que empezar por deshacer los errores del actual marco legal y por un horizonte temporal a largo plazo.

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