Es preciso conocer lo que nos suponen las energías renovables en toda su amplitud, incluyendo el impacto económico, medioambiental y paisajístico.
Es obligado preguntarse a quién beneficia realmente esta situación, pues sorprende que se penalice al pequeño agricultor, al habitante del medio rural y que, al contrario, se beneficie a fortunas inversoras en energías renovables, grupos cercanos a los poderes regionales o a fondos de inversión internacionales.
Resulta imposible separar el éxito de las energías renovables en el parque de generación eléctrica del apoyo político que ha existido en los últimos lustros tanto a la energía solar como a la eólica y que ha favorecido su implantación a casi cualquier precio. Los promotores de energías renovables se han beneficiado de un marco regulador favorable para la venta de la energía producida, condiciones de financiación favorable y facilidades en la tramitación de permisos de construcción y actividad, llegando incluso a la exención de las declaraciones de impacto medioambiental, de forma que, paradójicamente, se ignoraban y omitían las mitigaciones para evitar posibles daños ambientales para poder instalar nueva potencia de una energía cuya justificación es, en teoría, el beneficio ambiental.
Este entorno de dopaje institucional ha propiciado que España sea uno de los países líderes mundiales en este tipo de generación y, la verdad, es que los sucesivos gobiernos nacionales o de las taifas autonómicas lo han tenido muy fácil: una opinión pública mediatizada por supuestas emergencias climáticas que desconoce los problemas reales del sector energético en España (o sea, la dependencia energética y el precio que se paga por la luz), la convergencia de las políticas ambientales de Europa con los intereses de grandes empresas energéticas para tener unas fuentes intermitentes y escasas que generen más precariedad energética y puedan hacer subir los precios.
A ello se ha de añadir en la mayoría de los casos un entorno rural con una población que, salvo excepciones, acepta con resignación el declive económico y demográfico y que, en la mejor de las situaciones, consigue una minúscula parte del beneficio que, como es natural, se reserva para otros. Por último, se ha de explicitar el fértil caldo de cultivo que supone el marasmo regulatorio y el parcelamiento institucional a efectos de enjuagues administrativos de dudosa o nula legalidad con entes autonómicos, políticos de turno que resultan, al final, en concesiones y autorizaciones poco transparentes con unas fabulosas rentabilidades para quienes alquilando, comprando o incluso expropiando, un terreno de secano, lo convierten en una rentable y lucrativa instalación eléctrica.
En este foro nos hicimos eco de que el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC) para el periodo de 2021 a 2030, es decir, el documento que es el eje en torno al que se estructura la planificación energética, es en realidad una subordinación de la política industrial y energética de España a postulados medioambientales sin tener en consideración las implicaciones que pueden suponer para la industria y el desarrollo económico en su conjunto.
El resultado en los últimos años es un espectacular crecimiento de la potencia instalada, tanto de energía solar como de eólica, que han hecho que, en 2023, por primera vez, la producción de energía renovable haya superado a la no renovable en España. En el caso de la energía solar, 2023 supuso, nada más y nada menos, la instalación de 5.500MW de capacidad de generación y en el caso de la eólica de casi 800MW.
Potencia de energía renovable instalada en los últimos años (MW)
Fuente: Red Eléctrica de España (REE)
Esto es en principio algo positivo. Cada GWh que se pueda producir de fuentes renovables en España supone una reducción de la energía que se ha de adquirir del exterior.
De hecho, si observamos la producción eléctrica en los últimos años, vemos cómo el porcentaje de esta ha ido evolucionando de forma paulatina para, por ejemplo, prácticamente eliminar la producción eléctrica a partir de carbón, y esto ha sido gracias a las renovables. En 2023 la producción de energía solar fue de 42.026GWh que es casi el 80% de la producción total nuclear. En el caso de la eólica es todavía más espectacular pues su producción fue de 62.569GWh.
Producción de energía en los últimos años (GWh)
Fuente: Red Eléctrica de España (REE)
España ha favorecido en los últimos años unas fuentes de generación eléctrica, como la solar o la eólica, que están suponiendo un importante cambio en el panorama energético español al introducir progresivamente una cantidad mayor de potencia intermitente, descentralizada y de tipo aislado.
Evolución de la potencia instalada de energía solar fotovoltaica:
Fuente: Red Eléctrica de España (REE)
Evolución de la potencia instalada de energía eólica:
Fuente: Red Eléctrica de España (REE)
Efectivamente eso es positivo para nuestro país y debemos insistir en ello. Ahora bien, se ha de explicar lo que supone este tipo de generación y sus implicaciones.
Mientras otras fuentes de energía son controlables, modulables y pueden ser ajustadas en función de la demanda existente, tanto la solar como la eólica dependen de unas condiciones climáticas. Realizar una planificación energética a partir de unas fuentes que están fuera del control implica por tanto un riesgo de carestía y precariedad.
Por otro lado, al contrario que las centrales eléctricas tradicionales, como las de carbón, gas o las nucleares, este tipo de generación tiene una densidad energética muy baja. Es decir, cada emplazamiento, a pesar de sus crecientes extensiones, tiene unas aportaciones mucho más modestas que las de una central clásica. Ello supone un problema adicional para el transporte de energía, ya que se precisan nuevas infraestructuras de transporte que hacen menos eficiente el suministro al conllevar una multiplicación de estos costes de transporte.
Hoy en día, debido a las limitaciones físicas de las líneas de alta tensión, existen muchos parques eólicos y huertos solares que tienen que verter su producción fuera de la red por imposibilidad del transporte, lo cual es en sí un fracaso. La compañía Red Eléctrica de España, denominada ya Redeia, se esmera en aparentar un cumplimiento de sus compromisos de inversión, pero la dura realidad es que el diseño de la red estaba concebido para una estructura nodal en donde los centros de producción estaban ubicados en lugares concretos. Con un aumento tan considerable de la generación distribuida es preciso aumentar el mallado de la red de alta tensión para evitar tanto las pérdidas de transporte como para poder evacuar esa energía producida.
Evolución de la red de transporte de alta tensión (Km)
Fuente: Red Eléctrica de España (REE)
Evolución de la red en los últimos años
Fuente: Red Eléctrica de España (REE)
Como se puede apreciar, a pesar de todos los planes del Gobierno, nadie pensó en que, si se aumentaba el 30% la potencia instalada de energía solar en un año, ello debería coordinarse y acompasarse con la evolución de la red y con unas mejores conexiones internacionales que favorezcan la evacuación de los excedentes de potencia a los vecinos o, si no, instalaciones de almacenamiento o donde se pueda transformar el exceso de energía en combustible (aquí es donde aparece el hidrógeno).
La realidad es que todo ello lleva mucho tiempo y construir líneas de alta tensión es siempre complejo y conlleva laboriosos estudios ambientales. Y es aquí donde aparece otra problemática de las energías solar y eólica: su impacto en el medio en el que se ubican y los criterios para instalarlas.
Hace unas días se supo que en la provincia de León se van a expropiar 25 hectáreas de tierra a 49 pequeños agricultores para la construcción de un parque solar. Es decir, los poderes públicos privan a unos pequeños propietarios de su medio de vida para favorecer discrecionalmente a una iniciativa privada que sólo beneficiará a accionistas y fondos de inversión y que no creará ni empleo ni fijará población en la zona. ¿Es este el modelo de desarrollo que pretendemos? ¿Es la prioridad de León, una de las provincias con peor perspectiva demográfica, eliminar el medio de vida de unos pequeños propietarios para favorecer una actividad con nulo arraigo y nulo beneficio para la zona?
Y, ¿por qué no mencionar el caso de Sijena, en Huesca? Donde en las inmediaciones de un conjunto natural y cultural que es Monumento Nacional se van a instalar aerogeneradores de más de 200m de altura en un despropósito propio del desarrollismo soviético. ¿Es aceptable que el patrimonio natural y cultural de España se vea sacrificado para que, de nuevo, empresas que surgen al calor del favoritismo político y fondos de inversión se vean beneficiadas por los poderes públicos? ¿Va a beneficiar esta instalación a Sijena y a su entorno? O, por el contrario, ¿será de nuevo una ocasión para que un selecto grupo de empresarios cercanos al poder se lucren en exclusiva de un recurso natural a costa de un daño irreparable a la comarca y a sus habitantes?
Tanto en un caso como en otro, tanto en la energía solar como en la eólica, España se ha convertido en un referente internacional y, de nuevo insistimos, esto es a priori algo positivo, puesto que reduce nuestra altísima dependencia energética, pero no puede ser que los poderes públicos impulsen estas iniciativas con las que se podrán lucrar aún más unos pocos y ricos empresarios o fondos de inversión internacionales y se olviden del impacto que tiene en el territorio, en las actividades tradicionales como la agricultura y en el paisaje existente. Y este caso no es único, sucede en Teruel, también en Aragón, en amplias zonas de Castilla y León o Canarias. Ante el argumento de la descarbonización y de la producción verde, cualquier tropelía puede tramitarse y disfrazarse con la etiqueta de sostenibilidad cuando, lejos de traer prosperidad a la zona, lo que va a eliminar son medios de vida existentes o cercenar posibilidades de turismo y de desarrollo rural. En estos, como en otros casos, ni los paneles solares ni los generadores eólicos son progreso, al contrario, son un engendro. Y conviene recordarlo, ni en Castilla y León ni en Aragón gobierna el PSOE.
Y, por último, preguntémonos quién se beneficia realmente de estas energías renovables y si favorecen al consumidor. ¿Ha percibido en los últimos años una bajada del precio de la luz a medida que se introducían más y más renovables? ¿Cómo han evolucionado los beneficios de las empresas multinacionales energéticas que operan en España? Cabría esperar que unos suministros renovables, que a priori tienen unos costes marginales prácticamente nulos (nadie paga por el sol o el viento,) pudieran reducir el precio de la factura de la luz a particulares y empresas, pero la realidad es que el sistema de funcionamiento de mercado y el criterio marginalista a la hora de retribuir a las empresas generadoras al precio de corte de la casación de oferta y demanda, hace que sigamos pagando unas cantidades desproporcionadas por la energía y que el beneficio de estas tecnologías de generación no sean para el usuario sino para los propietarios de esos parques solares o eólicos que suelen ser grandes grupos empresariales o fondos de inversión.
¿Y para este viaje estas alforjas? Lo que debería preocupar al Gobierno es precisamente estos costes finales de energía que sufren particulares y empresas y que inciden, al fin y al cabo, en la competitividad del país y su prosperidad. Sorprende que el mismo gobierno que facilita la expropiación de tierras a pequeños propietarios para favorecer a unas empresas concretas, no utilice los emplazamientos existentes de generación para repotenciar centrales y buscar bajar los costes tanto de generación como los de transporte. Mientras se permite construir aerogeneradores de 200 metros de altura arruinando un paraje histórico y que no van a significar absolutamente nada de aportación al suministro eléctrico, se impide apostar por la generación segura, masiva y limpia que serían, por ejemplo, los reactores nucleares modulares, SMR, por sus siglas en inglés. Mientras se eliminan campos de cultivo para dedicarlos a huertos solares, expulsando a sus propietarios, a su modo de vida y degradando la producción agrícola española, no se permite que se pueda incrementar la potencia de bombeo de los embalses hidráulicos para poder moderar los picos de demanda de potencia.
Es indudable que la planificación energética y el interés nacional están supeditados a criterios ambientalistas y que ello no va a cambiar en el corto plazo con este Gobierno. Sólo nos queda esperar a que esta situación pueda variar lo antes posible y España pueda apostar por una energía segura, barata y limpia. Por ese orden.
Realizar la planificación energética a partir de fuentes renovables, que dependen de unas condiciones climáticas concretas, implica un riesgo de carestía y precariedad. Mientras tanto, se impide apostar por la generación segura, masiva y limpia, como la que ofrecen, por ejemplo, los reactores nucleares modulares.
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