Esta semana se votará en el Congreso de los Diputados la modificación del artículo 69.3 de la Constitución española para dotar de un senador propio a la isla de Formentera. Como toda iniciativa parlamentaria, la presentación de enmiendas permite reorientar y, en el límite, darle la vuelta, al texto registrado.
En esta ocasión, el principal enmendador ha sido el PNV, que, en resumidas cuentas, ha planteado suprimir el artículo 155, ese que, de manera timorata, aplicó Rajoy a los golpistas catalanes, limitar la inviolabilidad del Rey y reconocer el derecho de autodeterminación de la Comunidad Autónoma Vasca.
Las enmiendas no serán admitidas, pues la aritmética manda, pero su contenido es revelador.
«El partido de Euskadi y las Leyes Viejas ya presentó estas mismas enmiendas en 2024»
A nivel doméstico, es decir, vascongado, el PNV, que en muchas encuestas se ve ya relegado por la pujanza de EH Bildu, trata de recuperar terreno frente a una marca que cuenta con un gran apoyo juvenil gracias a la pátina globalista bajo la que se oculta su programa secesionista. La envejecida sociedad vasca mantiene, de momento, a los aranianos, todavía sustentados por un PSE al que el poco pudor que le queda, le impide dar el apoyo a los de Otegui… de momento.
Mientras tanto, en el PNV son conscientes de que deben pisar el acelerador en la construcción nacional. Un proceso financiado en gran medida por todos los españoles gracias al cupo vasco, pufo, en feliz definición de Mikel Buesa.
La pugna interna explica el renovado interés de los de Aitor Esteban en recuperar la iniciativa en la consecución del llamado «derecho a decidir», fórmula propagandística diseñada para evitar el término secesión.
La maniobra parlamentaria no es, sin embargo, nueva, pues el partido de Euskadi y las Leyes Viejas presentó estas mismas enmiendas en 2024 con motivo de la modificación del artículo 49 de la Constitución que sustituyó el término «disminuidos» por el de «personas con discapacidad».
Con su habitual oportunismo, el PNV ha visto una nueva oportunidad con motivo de la concesión de un nuevo senador insular. Conocedores de los vericuetos del reglamento parlamentario, los nacionalistas vascos plantean de nuevo el reconocimiento de un supuesto derecho atribuido a la «ciudadanía vasca». Un colectivo, este, de incierta delimitación, pues no se sabe qué requisitos -¿Empadronamiento? ¿Nacimiento? ¿Antecesores? ¿RH negativo?- deberían cumplir aquellos en nombre de los cuales se establecería «un pacto previo con el Estado».
En cualquier caso, el pacto, arguyen sus diseñadores, en flagrante petición de principio, supondría la realización de «los “derechos históricos” del pueblo vasco».
«Los 29 votos favorables al “Plan Ibarretxe” procedieron de los diputados del PNV, ERC, CiU, NaBai y BNG que mantenían la vieja alianza GALEUSCAT contra la unidad de la nación española»
La iniciativa peneuvista supone una reedición simplificada y discreta del llamado «Plan Ibarretxe», denominado oficialmente, «Propuesta del Parlamento Vasco para la convivencia en Euskadi», que se aprobó en el hemiciclo de Vitoria el 30 de diciembre de 2004 después de que el Tribunal Constitucional rechazara un recurso del Gobierno del PP contra a su tramitación en el parlamento regional. El 1 de febrero de 2005, la propuesta de Ibarretxe fue rechazada por los 313 votos en contra del PSOE, PP, IU, CC y CH en el Congreso de los Diputados.
Durante el debate, José Luis Rodríguez Zapatero dijo que una mayoría simple era suficiente para gobernar, pero no para impulsar «normas institucionales básicas» como la que se discutía en esa sesión pues, a su juicio, estas debían alcanzar un apoyo «del 70, el 80, el 100%», exigencia que olvidó en el caso del estatuto catalán. Los 29 votos favorables al «Plan Ibarretxe» procedieron de los diputados del PNV, ERC, CiU, EA, NaBai y BNG que, de algún modo, mantenían la vieja alianza GALEUSCAT contra la unidad de la nación española.
En cuanto al Plan, en su preámbulo se podía leer lo siguiente:
El pueblo vasco o Euskal Herria es un pueblo con identidad propia en el conjunto de los pueblos de Europa, depositario de un patrimonio histórico, social y cultural singular, que se asienta geográficamente en siete territorios actualmente articulados en tres ámbitos jurídicopolíticos diferentes ubicados en dos estados.
El pueblo vasco tiene derecho a decidir su propio futuro, tal y como se aprobó por mayoría absoluta el 15 de febrero de 1990 en el Parlamento Vasco, y de conformidad con el derecho de autodeterminación de los pueblos…
Con la banda terrorista ETA activa, el Gobierno Vasco, sin pronunciar la palabra «España», apelaba al pactismo para lograr sus objetivos programáticos:
Este pacto político se materializa en un nuevo modelo de relación con el Estado español, basado en la libre asociación y compatible con las posibilidades de desarrollo de un estado compuesto, plurinacional y asimétrico.
Las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad de Euskadi, en el libre ejercicio de su derecho de autodeterminación y de conformidad con el respeto y actualización de los derechos históricos que contempla la disposición adicional primera de la Constitución, acceden al autogobierno mediante un régimen singular de relación política con el Estado español, basado en la libre asociación.
«Cuando los nacionalistas vascos hablan de “pueblo” parecen remitirse a un remoto mundo telúrico, a un estrato más profundo de aquel en el que arraiga el árbol de Guernica»
La propuesta suponía convertir a España en una confederación compuesta, al menos, por dos Estados. La quiebra de la soberanía nacional se pretendía llevar a cabo apelando a la Carta Magna, fundamentada, precisamente, en «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles».
Como es sabido, el Plan Ibarretxe fue frenado en el Congreso de los Diputados, sin embargo, una serie de decisiones judiciales permitieron que las diferentes marcas políticas adscritas al mundo proetarra se fortalecieran hasta desembocar en la federación de partidos EH Bildu, en cuyas listas han figurado decenas de miembros de ETA, algunos de ellos con delitos de sangre.
Dos décadas después, acuciado por su rival local y consciente de la falta de escrúpulos del cogobernante Sánchez, el PNV reedita aquel plan, que suponía un atracón de metafísica.
En efecto, cuando los nacionalistas vascos hablan de «pueblo» parecen remitirse a un remoto mundo telúrico, a un estrato más profundo de aquel en el que arraiga el árbol de Guernica. Un viaje esencialista que, sin embargo, excluye a gran parte del «pueblo» que debería decidir el futuro de una nación que quiere ser nación… todos aquellos que, a pesar de pertenecer a un árbol genealógico plagado de apellidos vascos, hubieron de abandonar su tierra por culpa de la acción terrorista de ETA.
«Las enmiendas peneuvistas decaerán en la Carrera de San Jerónimo. Sin embargo, servirán para ahondar en la erosión de la nación española»
Pero, vayamos más lejos: ¿qué significa «autodeterminación»? La respuesta nos conduce a la causa sui y a la imagen del Barón de Münchhausen tirándose de los pelos para escapar de una ciénaga. De hecho, los secesionistas españoles son conscientes del absurdo que entraña la fórmula autodecisoria. Prueba de ello es el continuo interés en lograr la «internacionalización del conflicto», sabedores de que el autorreconocimiento, la autodeterminación, sólo tiene efectos reales si otras sociedades políticas, otras naciones soberanas, reconocen esa soberanía que tanto se busca mientras se exprime al opresor Estado español.
La contradicción entre ser una nación que se pierde en la noche de los tiempos y tener que construirla, que dotarla de estructuras de Estado, es decir, de los atributos necesarios para ser una verdadera nación política, es total. El cuento, sin embargo, persiste gracias al fundamentalismo democrático que se acoge, con fórmula juancarlista, al «hablando se entiende la gente».
Las enmiendas peneuvistas decaerán en la Carrera de San Jerónimo. Sin embargo, servirán para ahondar en la erosión de la nación española, algo para lo que la Constitución -«nacionalidades y regiones»- dejó abiertas ciertas vías. La Carta Magna no es sagrada, puede ser transformada. Por apuntar una idea, podría comenzarse por la supresión de los conciertos vasco y navarro.
