El interior de España está cada vez más envejecido, con menos oportunidades y peores servicios públicos.
Entre las primeras obligaciones de la clase política española debería estar impedir los desequilibrios regionales y garantizar similares niveles de prosperidad y de oportunidad para todos los ciudadanos, con independencia de donde vivan. Por desgracia, el actual sistema y sus dirigentes no sólo evitan las diferencias, sino que las incentivan y agravan.
Es bien sabido que la demografía es uno de los problemas de España cuya población oriunda no para de disminuir. De hecho, desde el año 2015, mueren en España más personas de las que nacen y esta diferencia no ha parado de aumentar. Si en 2004 la cifra de nacimientos era de casi 500 000 bebés, en 2023 fueron 320 000. Un descenso de más de un 25% en menos de 20 años y, además, conviene recordar que casi un tercio, el 30,5% de los nacimientos totales, se produjo de una madre nacida en el extranjero (con nacionalidad española o no).
Serie histórica del crecimiento vegetativo (nacimientos vs defunciones) en España (1941-2022):
Fuente: INE – 20minutos.com
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son claros: la tasa de fecundidad es en España de 1,12 hijos por mujer, o sea una de las más bajas del mundo y con una evolución dramática en las últimas décadas.
Si bien es una tendencia universal el descenso de la natalidad como correlación a una mejora general de los niveles de vida, lo cierto es que en el caso español ésta ha sido mucho más acusada y, además, al contrario de casos como el de Hungría, no se ha hecho nada por revertirla.
«Las perspectivas demográficas de España abocan al país a un escenario socioeconómico desastroso»
Las perspectivas demográficas son demoledoras para España y abocan al país a una progresiva «japonización»; es decir un escenario socioeconómico desastroso con deuda pública creciente, reducción de la población activa, envejecimiento paulatino e imposibilidad de pago de las pensiones, que ya lleva años produciéndose años en Japón como consecuencia de su crisis demográfica que, como su desarrollo económico en la década de los 60, se produjo antes que en España.
Tasa comparada de fecundidad de España, Francia, Japón, UE y Hungría desde 1960 (hijos por mujer)
Fuente: Elaboración propia. Datos de Banco Mundial
A toda esta situación se le ha de añadir una variable en el ámbito político interno. El decrecimiento poblacional no se produce de forma homogénea en nuestro país y afecta especialmente a las regiones del interior que, con la excepción de Madrid, sufren un panorama demográfico espeluznante. Madrid y con mucha menos intensidad otras capitales como Barcelona, Valencia o Málaga son unos flujos de atracción poblacional que van a agravar este problema.
«El año 2024 fue un desastre demográfico a nivel nacional, con la mayor diferencia entre defunciones y nacimientos desde la Guerra Civil»
El año 2024 fue un desastre demográfico a nivel nacional con la mayor diferencia entre defunciones y nacimientos desde la Guerra Civil, pero no en toda España fue así. En Madrid, Ceuta y Melilla el crecimiento vegetativo de la población fue positivo y, además, Madrid, como los principales núcleos urbanos, se beneficiaron tanto de la inmigración proveniente de fuera de nuestras fronteras y también de los desplazamientos internos dentro de España.
Variación de población en España 2019-2024 (%)
Fuente: Elaborado a partir de Paula Méndez, The European Correspondent
A las regiones del interior se les ha de añadir Galicia, Asturias y otras áreas. Frente a ellas, las zonas costeras, Madrid y determinados núcleos como Zaragoza, en donde sí que aumenta la población. Las diferencias demográficas regionales suponen en la práctica una mayor bonanza económica en determinadas ciudades y áreas urbanas, mientras que en el resto implican un envejecimiento progresivo, mayores costes en la prestación de los servicios y menos población para sostenerlos. Esta situación va a consagrar de facto una España de dos velocidades.
«En muchas regiones todo será envejecimiento, pérdida de oportunidades y peores servicios públicos»
Mientras algunas poblaciones y zonas de España, pocas en realidad, podrán entrar, y de hecho ya lo han hecho, en un «círculo virtuoso» con una economía dinámica, mayor oferta de empleo, infraestructuras, inversiones, flujos migratorios positivos y mayores niveles de prosperidad, en el caso de muchísimas otras regiones será todo lo contrario: envejecimiento, pérdida de oportunidades, peores servicios públicos, inviabilidad de las inversiones privadas o públicas, desempleo, precariedad….
A esto hemos de sumar unas políticas económicamente represivas para el medio rural y que afectan especialmente a las actividades tradicionales como las agrícolas y ganaderas y que, bajo la excusa de las políticas europeas, han hecho inviables miles de explotaciones agrarias.
A nadie puede extrañar por tanto que, como otrora sucediera en los años 60 del siglo pasado con el éxodo rural a los núcleos urbanos, se produzca hoy en nuestro país un desplazamiento interior que está suponiendo una sangría para los municipios de tantas zonas de España que ya de por sí sufren una situación demográfica desfavorable.
«En 2004 hubo 500 000 nacimientos en España, mientras que en 2023 solo 320 000, casi un 25% menos»
Hasta el año 2020, en el que los periodos de confinamiento debidos a la pandemia supusieron una alteración importante de las dinámicas de movimiento, los flujos de inmigración interior en España fueron capitalizados principalmente por Madrid y en menor medida por Barcelona, Baleares, Málaga y otros pocos núcleos urbanos.
Cambios censales de municipio en España en el periodo 2016-2020 (porcentaje)
Fuente: Elaborado a partir de González-Leonardo, M.; López-Gay, A. y otros
Es indudable que esta situación va a generar unos mayores desequilibrios regionales y va a acentuar unas fricciones políticas que estamos ya empezando a ver.
Desde 1975 la configuración política del Estado español ha ido en la línea de descentralizar servicios básicos como educación, sanidad, infraestructuras básicas, etc. Bajo el eufemismo de esa «descentralización» hemos asistido al paulatino e incesante desmantelamiento del Estado central como garante de la igualdad entre ciudadanos y a una situación casi inédita en los países de nuestro entorno por el que los responsables de un país hacen que el Estado que gestionan -y cuyos intereses se suponen que deben defender- renuncie a ser garante de los servicios públicos, de la aspiración de la igualdad para todos y abdique de esta responsabilidad cediéndola a entes como la Comunidades Autónomas que, en la mayor parte de los casos, ni tienen recursos ni personal.
«En 1996 se cedieron numerosas competencias a las autonomías, entre ellas el 50% de la recaudación del IRPF, beneficiando a las regiones más ricas»
Se vendió esta «federalización» encubierta y no votada por los españoles como una forma de mejorar la gestión de los servicios y la asistencia pública a los ciudadanos. Nada más lejos de la realidad. Con esta arbitraria y absurda fragmentación asistimos a la situación paradójica en donde determinadas regiones tienen una gran facilidad para captar recursos financieros y acometer nuevas infraestructuras mejorando la competitividad y la calidad de vida y creciendo en población y recursos mientras otras sencillamente no pueden y tienen que sufrir sus consecuencias en la forma de peores servicios, infraestructura y menores oportunidades. Para muestra, comparen los servicios públicos de salud en Castilla-La Mancha o Madrid.
A esto añadamos un modelo de financiación donde, por cesiones continuas a los nacionalistas, se anteponen los intereses partidistas a la cohesión nacional. En 1996, entre otras cosas, se cedieron numerosos a las autonomías y, entre ellos, el 50% de la recaudación de IRPF de forma que las regiones más ricas cuentan hoy con más y más recursos a diferencia de las pobres. También se entregaron a las regiones impuestos como los asociados a las transmisiones patrimoniales. Imagínese, por ejemplo, la recaudación compraventas inmobiliarias en Madrid, con más de 6 millones de habitantes y los precios de la vivienda y compárese ahora con Extremadura, con un millón de habitantes. La riqueza no se distribuye, se concentra.
«El sistema actual se está pergeñando con los separatistas para apartar a Cataluña de la caja común»
Y ahora, apreciado lector, añada a este sistema demencial los injustos por extractivos e insolidarios cupos navarro y vasco y, dentro de poco, el sistema que el actual que se está pergeñando con los separatistas para apartar de la caja común a Cataluña, la región con más peso en el PIB. Otra vez anteponiendo el interés del partido al de España. Y no será la última.
El resultado lo podemos ver y también podemos anticipar; más medios y capacidad inversora para los pocos que más tienen, más precariedad para el resto, disolución progresiva del papel del Estado y, por supuesto, mayor desequilibrio interregional que supondrá un continuo flujo migratorio desde las regiones pobres hacía las ricas y que agravarán los problemas demográficos.
«El modelo autonómico ha hecho que el Estado no pueda actuar para corregir los desequilibrios»
Después de tantos años y después de este resultado cabría preguntarse muchas cosas. ¿En qué ha mejorado este sistema descentralizado la vida de los ciudadanos y de la mayoría de las regiones españolas? ¿Qué horizonte existe para la España de interior o zonas como Galicia, Asturias o Cantabria con un modelo donde las regiones ricas tienen cada vez más y las pobres cada vez menos? ¿Es aceptable que el Estado, que debería ser de todos los españoles, caiga progresivamente en la irrelevancia y, con un papel residual, sea incapaz de articular el territorio o de garantizar la igualdad de oportunidades?
El costoso, inviable y además injusto modelo autonómico no sólo es una aberración histórica por imponer e incentivar una progresiva diferenciación política entre los españoles -cuando justo a lo largo de nuestra historia siempre había sucedido lo contrario-; además este tinglado sólo ha propiciado el empobrecimiento y el despoblamiento de numerosas regiones y, por su configuración legal, ha hecho imposible que el Estado pueda actuar para corregir estos desequilibrios y cumplir con la máxima de ofrecer unos servicios similares a todos los españoles.
«Los principales partidos políticos siguen defendiendo un sistema que ha traído la desigualdad y el empobrecimiento»
A pesar de esta trágica situación, que tendrá consecuencias de proporciones históricas, los principales partidos siguen hipócritamente felicitándose por este sistema y defendiendo un modelo que ha traído a los españoles división, desigualdad, endeudamiento, caciquismo y, para las regiones más despobladas, empobrecimiento y más despoblación.
Si España quiere evitar convertirse en un desierto demográfico en donde sólo unos pocos núcleos urbanos puedan ofrecer unas oportunidades vitales mínimas, lo primero que debe suceder es que los españoles, también los de las zonas beneficiadas, seamos conscientes del despropósito de este sistema actual y de cómo aquello que ha provocado esta situación difícilmente podrá arreglarla. Y mucho menos con los políticos y las políticas actuales.
