La libertad de expresión y manifestación debe defenderse por encima de todo porque representa un principio capital de la democracia y de nuestras constituciones.

El viejo dicho según el cual para la izquierda la libertad de expresión y manifestación es sagrada siempre que no exprese ideas distintas a las suyas, sigue de plena actualidad. Así se deduce de lo ocurrido hace pocos días en el barrio madrileño de Vallecas. Aquí, durante un mitin de Vox, los participantes fueron brutalmente atacados por militantes de extrema izquierda. Un violento ataque con lanzamiento de botellas y piedras que provocó varios heridos entre los presentes. Su única culpa: asistir pacíficamente a un mitin de un partido de derechas.

No es casualidad que el episodio haya tenido lugar en Vallecas, un histórico barrio obrero que fue en su tiempo un bastión de la izquierda y que desde hace unos años padece, como muchos grandes barrios de las ciudades europeas, problemas de seguridad, degradación y tráfico de drogas. En muchos casos, estos problemas están ligados a la inmigración descontrolada y al fracaso del “modelo multicultural”. Un artículo de El Mundo, publicado en 2019, lo expresa muy bien: “El barrio se va degradando por las drogas, las peleas entre pandillas latinas y los okupas. Los vecinos se sienten abandonados por Carmena y reclaman medidas para reactivar un barrio cada vez más inseguro”.

El coronavirus y la crisis económica derivada de la pandemia han agravado una situación ya complicada de por sí. Las tensiones sociales se han disparado. Y para agravar aún más la situación, a esto se le suma una izquierda incapaz de responder a las necesidades de las clases más débiles, aquellas que, históricamente, habían constituido su electorado. No es de extrañar que algunos grupos violentos de la extrema izquierda quisieran desquitarse con los militantes de Vox, y tampoco es casualidad que en Italia se produzcan actos intimidatorios contra los simpatizantes de los partidos de derecha (Giorgia Meloni expresó su solidaridad con Abascal). Esto sucede porque muchos de los que votaban a la izquierda en el pasado, empezando por los trabajadores, se sienten abandonados por los partidos progresistas, cada vez más próximos a la casta y a los lujos del mundo radical-chic, y cada vez más lejos de los problemas cotidianos de los ciudadanos. En muchas grandes ciudades y en los barrios que fueron feudo de la izquierda, los ciudadanos, exasperados por los problemas relacionados con la inmigración, el aumento de la delincuencia y la escasa seguridad, han empezado a votar a partidos conservadores y constitucionales. Y este giro ha provocado una reacción.

Estamos asistiendo a una demonización constante en los principales medios de comunicación y en los canales de información en los que, gracias al predominio de la izquierda, se aplica el concepto de “hegemonía cultural” que desarrolló Gramsci. Una demonización que se materializa en un intento de crear un “cordón sanitario” y de esa forma aislar cualquier concepto (y persona) que se identifique con el mundo de la derecha; un aislamiento que va de los medios a la escuela y la universidad, y de la política a la sociedad civil, en un intento de recluir a los conservadores en un gueto. Y esa demonización se concreta en la virulencia verbal que tacha a los conservadores de homófobos, racistas, xenófobos, fascistas… También está detrás de los episodios, cada vez más frecuentes, de censura, en particular en las redes sociales.

Este modus operandi genera una intolerancia cada vez mayor y alimenta un clima de confrontación que no debería existir en una democracia. Paradójicamente, la derecha acusada de “sembrar el odio” por el simple hecho de defender valores como la nación, la familia, la identidad y la religión cristiana, se convierte ella misma en víctima del odio.

Es natural que un relato cotidiano dirigido a demonizar al opositor político a largo plazo corra el riesgo de generar reacciones violentas en los grupos más intolerantes y radicales de la extrema izquierda y que desemboquen en hechos tan lamentables como los ocurridos en Vallecas. Esto nos permite reflexionar sobre lo que viene sucediendo en los últimos años en varios países europeos y del otro lado del Océano, donde los episodios de intolerancia y violencia contra conservadores y derechistas son cada vez más frecuentes. Una intolerancia que se manifiesta sobre todoen ataques verbales en los que se identifica a las personas y partidos de derechas no como adversarios a los que hay que enfrentarse con lealtad y respeto, sino como auténticos enemigos a los que hay que aplastar y demonizar. Mientras se acusa a la derecha de populista, de emplear un lenguaje visceral, de fomentar el odio, en realidad ocurre todo lo contrario y son precisamente las personas de derechas las que sufren un odio que las demoniza y las aísla.

¿Cómo se puede socavar este paradigma que va ganando terreno en los países occidentales? Es necesario seguir dos caminos. Por un lado, hay que incrementar el consenso popular de los partidos conservadores, un camino emprendido en los últimos años que se ha traducido en un crecimiento exponencial de votos. Por otro lado, es necesario concienciarse de que el consenso popular por sí solo no es suficiente (aunque resulte paradójico en democracia) si no va acompañado de una profunda ofensiva cultural dirigida a socavar el dominio de la izquierda en sectores estratégicos de la sociedad, y capaz de tener influencia en la opinión pública y en la conciencia popular.

Es un camino político-cultural que requiere tiempo, pero que se encuentra en un momento crucial, en el que están descartados el abandono o la rendición. La libertad de expresión y manifestación debe defenderse por encima de todo porque representa un principio capital de la democracia y de nuestras constituciones. Por eso no podemos aceptar episodios como el ocurrido en Madrid. Es un problema que concierne a Vox, pero también a todo el sistema democrático.