La nueva «visión» de la Comisión Europea para la agricultura entregará la agricultura europea a grandes multinacionales o fondos de capital riesgo mientras se elimina la actividad familiar tradicional
En otro alarde de lejanía con respecto a la realidad social y política, la Comisión Europea acaba de presentar su «visión» para la agricultura y la alimentación de la UE, titulada «Configurando juntos un sector agrícola y agroalimentario atractivo para las generaciones futuras». Un informe destinado al Parlamento Europeo con objeto de generar el debate político y servir de base para futuras legislaciones europeas que deberán ser traspuestas a normativa nacional de cada Estado.
El informe promete una transición hacia un sector agroalimentario sostenible, competitivo y justo. Inmediatamente es necesario cuestionar estas tres variables que se repiten una y otra vez en el informe. Es paradójico que la Comisión Europea evoque la «competitividad» del sector cuando sus absurdas normativas han hecho paulatinamente inviable la actividad agrícola o ganadera si no es sostenida por cuantiosas ayudas. Y qué decir de las políticas de fronteras abiertas para los principales competidores agrícolas de los productos europeos en general y españoles en particular que, como Marruecos, están acaparando la cuota de mercado de los productores europeos.
«Este informe de la Comisión Europea favorece unas políticas que solo serán beneficiosas para los grandes propietarios»
El informe hace unas apuestas vacías apelando a la «eficiencia» o «por las nuevas tecnologías» que, de nuevo, persisten en el error de considerar la actividad agrícola como subordinada a los planteamientos ecologistas y a la entelequia de la descarbonización. Ni una palabra para que se aumente la superficie de regadío o facilitar el acceso de los agricultores a los recursos hídricos. Eso queda reservado para Amazon o para las grandes empresas que cuentan con el favor de las autoridades locales y regionales.
En efecto, este informe de la Comisión Europea favorece unas políticas que sólo serán beneficiosas para los grandes propietarios que contarán con recursos, ayudas y capacidad para poder adaptarse a la ingente nueva normativa que se avecina. A priori, conceptos pomposos como «agricultura de precisión», la digitalización y la adopción de tecnologías verdes pueden sonar como medidas positivas, pero son inalcanzables para el pequeño agricultor que no tiene acceso a los recursos financieros ni a la infraestructura para implementarlas.
«Con la connivencia de los poderes públicos, el número de agricultores está descendiendo es España desde hace ya varias décadas»
En realidad, el informe va a ser una excusa, otra más, para que los diferentes gobiernos nacionales pergeñen nuevas medidas que, disfrazadas de sostenibilidad y de mejora de la calidad, van a suponer el paulatino estrangulamiento de la actividad familiar y la entrega paulatina de los recursos agrícolas a grandes empresas y fondos de inversión.
Por desgracia, en nuestro país ya lo estamos viendo; con la connivencia de los poderes públicos, el número de agricultores está disminuyendo en una tendencia desde hace ya varias décadas y, lejos de preocupar a los gobiernos nacionales o regionales, éstos se afanan por incrementar las cargas sociales, fiscales y laborales mientras que se exime de ellas y de las cuestiones ambientales cuando se trata de poner paneles solares, molinos de generación eólica o centros de datos.
Variación anual de afiliación a la Seguridad Social en el sector agrario
Fuente: 20minutos
«La Política Agraria Común se ha convertido en una herramienta para que las grandes empresas expulsen del mercado a los pequeños propietarios»
Lo que precisa el campo europeo en general y el español en particular es que se facilite la actividad agrícola y se apueste, de verdad, por el concepto de soberanía alimentaria. No puede ser que, mientras los pequeños productores han de seguir religiosamente las normativas autonómicas o nacionales que, bajo la excusa de «venir de Europa», asfixian al pequeño agricultor, las grandes corporaciones y fondos de inversión cuenten con más recursos y más subvenciones para seguir ganando, estos sí, competitividad a costa de los pequeños.
La Política Agrícola Común (PAC) es, en teoría, una herramienta para apoyar a los agricultores europeos, pero la realidad es que se ha convertido en una herramienta para que los grandes propietarios y las empresas tenedoras acaparen más mercado y expulsen del mismo a los pequeños propietarios. Aunque el informe menciona lo que denomina como «un apoyo más justo para los pequeños agricultores», las reformas propuestas no abordan los problemas estructurales que dificultan su acceso a las ayudas.
«El informe menciona la importancia de reducir las importaciones agrícolas, pero la UE los promueve con acuerdos de libre comercio con Marruecos o Mercosur»
Hace tiempo que a Europa no se le puede pedir que proteja los intereses de los europeos y la prueba es como, en una incomprensible contradicción, el informe de la Comisión Europea también menciona la importancia de reducir la dependencia de las importaciones de productos agrícolas justo cuando, al mismo tiempo, es la propia Unión Europea la que promueve mediante acuerdos de libre comercio con Marruecos o con Mercosur el acceso de productos alimentarios de terceros países a nuestros mercados sin los mismos criterios laborales, fiscales o medioambientales que inmisericordemente se exigen a un agricultor europeo.
Y es que esta apertura de mercados auspiciada por Europa está permitiendo la entrada masiva de productos alimentarios que, sin los mismos criterios fitosanitarios, de bienestar animal y sin los costes de carácter laboral o legales, ya pueden ser comercializados a precios más bajos. A Marruecos la vicepresidenta Yolanda Díaz no puede ni quiere exigir unas jornadas reducidas de horas ni unos incrementos de salarios mínimos, ni una normativa legal. ¿Qué concepto de igualdad y competencia mercantil puede existir cuando para una parte, foránea, se eliminan todos los requisitos legales y para otra, la propia, se exige un cumplimiento absoluto?
«En España llevamos décadas sin que haya preocupado a nadie defender la actividad agrícola y que esta se considere estratégica para garantizar la seguridad alimentaria»
Las autoridades legislativas en Europa no son en todo caso las culpables. Poco se puede esperar de burócratas que, excelentemente pagados, dedican sus vidas a regular los entornos económicos pensando en sus premisas ecologistas y atendiendo a los grupos de presión de Bruselas. El problema lo tenemos en España con esas elites políticas que, desde el inicio del actual régimen constitucional, se han dedicado a acabar con la competitividad del campo y con la propia actividad del sector primario. ¿Qué medidas se han propuesto en España para incentivar la formación de especialistas, para aumentar la producción o para aumentar las superficies de regadío? ¿Por qué no se da a los agricultores o ganaderos locales la misma comprensión que se ofrece a Amazon o a otras empresas tecnológicas para que usen recursos hídricos? ¿Quién tiene más arraigo y quién genera más empleo en las zonas rurales?
Se habla mucho de Trump en Estados Unidos, pero, a diferencia de Estados Unidos, en Europa en general, y en España en particular, llevamos décadas sin que haya nadie que se haya preocupado de defender la actividad agrícola y que ésta se considere estratégica para garantizar la seguridad alimentaria y la estructura social de muchas regiones; especialmente en nuestra España de interior. ¿Cuántos regadíos o cuantos embalses se han construido en los últimos años en la España de interior para mejorar la producción agrícola? Compárese con todo lo que se ofrece a Amazon, Google o Microsoft para que se instalen en la España de interior y utilicen los recursos hídricos que se niegan al sector primario.
«Este informe es un plan claro para hacer a la sociedad europea menos autosuficiente y dejar a la agricultura en manos de grandes tenedores de tierras, fondos de inversión y multinacionales»
En lugar de estos informes edulcorados, estaría bien es obligar a que las élites bruselenses se quiten las máscaras y que expliciten sin ambages y eufemismos lo que está detrás de esta «visión»; es decir, un plan claro para hacer a la sociedad europea menos autosuficiente y dejar a la agricultura europea en manos de grandes tenedores de tierras, fondos de inversión y multinacionales agroindustriales y tecnológicas mientras los pequeños agricultores son progresivamente expulsados de su entorno. ¿Es esto lo que queremos para España?
