Sólo con una visión nacional y a largo plazo se puede abordar el reto de aumentar y gestionar mejor los recursos hídricos de España

A nadie le puede escapar que el acceso al agua es uno de los mayores retos de la humanidad desde sus inicios y que hoy, en el siglo XXI, sigue siendo un factor geoestratégico de primer orden. Nuestro país no se encuentra entre los más favorecidos por la naturaleza: ríos poco caudalosos, lluvias irregulares y estacionales y una orografía muy abrupta… todo ello ha hecho que la gestión del agua haya sido desde la antigüedad un reto especialmente importante y que, además, ha determinado esa diferenciación económica y también social.

Tras la Guerra Civil el régimen del General Franco tuvo el objetivo de incrementar de forma masiva la producción agraria a la vez que se aseguraba el suministro de agua a las grandes poblaciones. Esto se produjo con grandes inversiones en infraestructuras como presas, pantanos y canalizaciones de riego. Esta política se mantuvo en los primeros años de los 80 y, aunque parezca hoy increíble, existió en España una convergencia de los partidos principales en aumentar las superficies de regadío y mejorar la producción agraria.

La realidad es hoy muy distinta: Tras la anulación del Plan Hidrológico Nacional en 2004 por el Gobierno de Zapatero, España renunció a nuevas conexiones entre las cuencas hídricas y optó por incrementar la capacidad de desalación en determinadas zonas de Levante. Con un modelo económico construido alrededor del ambientalismo, y en donde los tweets de Greenpeace son más importantes que las demandas de agricultores o ganaderos de la Mancha, España se ha dedicado a promover unas políticas basadas en la precariedad; un modelo fracasado que, como demostró el caso de Acuamed, también es corrupto e ineficaz.

Pero esto no acaba aquí.  El déficit hídrico español en lugar de ser mitigado por las políticas públicas, está en crecimiento ante una incapacidad de llevar a cabo actuaciones necesarias como el aumento de la desalación, el fomento de la reutilización o la gestión de las cuencas de forma que no se viertan millones de litros a los mares o se regalen a Portugal.

Y es que, a pesar de que el agua es un factor de prosperidad y bienestar, nuestro país adolece de una política a largo plazo que fije los intereses nacionales y que ponga medios eficaces para que la disponibilidad de recursos hídricos no sea un factor de carestía sino de abundancia. Y esto puede y debe hacerse.

En primer lugar, hace falta tiempo: las infraestructuras hídricas se deben planificar a largo plazo mediante trasvases entre cuencas, desalaciones masivas, reutilización de recursos y más embalses y presas donde sea posible almacenar agua de ríos, de lluvia, etc. Sólo con una concepción a largo plazo es posible paliar el problema del agua y se ha de evitar el cortoplacismo que por desgracia sufrimos los españoles actualmente.

Después hace falta energía: la desalación, el trasvase, el bombeo, son actividades que, para ser viables, precisan una energía masiva, barata y con alta disponibilidad. Las experiencias en Emiratos Árabes, Israel muestran como la desalación a gran escala sostenida por la energía nuclear es una solución estratégica y asequible. Una idea gratis para el gobierno: si se quiere más agua disponible, se podría anular el anunciado cierre de las centrales nucleares y, en su lugar, dedicar toda esa potencia disponible y que no emite CO2 a la desalación y a la producción de agua dulce para uso agrario en el levante español.

Junto con tiempo y energía, también se precisa dinero. Dinero y financiación. Las gigantescas infraestructuras necesarias como presas, canalizaciones, bombeos, etc., la tecnología y los recursos energéticos harían necesarias unas inversiones a largo plazo con un retorno muy diferido en el tiempo.

Por todas estas razones la mejor solución para España es que el Estado adquiera una función en la que, tal y como sucede en otros países como China o incluso Holanda, pueda fomentar este tipo de infraestructuras y facilitar su acceso con criterios políticos, no de mercado; es decir, no en base a prioridades empresariales sino con una visión nacional. España precisa una Agencia Nacional del Agua que tenga por objetivo no sólo el acceso a los recursos hídricos, sino que tenga por prioridad la abundancia generalizada de agua y al mínimo coste. Se podría por supuesto dar entrada a empresas privadas y realizar inversiones conjuntas e incluir la gestión y la operación, pero la estrategia y la visión deben ser una prioridad nacional y nada impediría que esta institución pudiera tener recursos propios de generación eléctrica que se utilizarían en actividades relacionadas como la desalación, la depuración de aguas residuales o el bombeo. España, por ejemplo, lleva años sin luchar activamente contra la desertización de ciertas zonas meridionales y una entidad como la que se propone podría ayudar en este campo e incluso fomentar la agricultura en zonas donde naturalmente no podría ser viable. Esto se lleva haciendo décadas en países como Israel o, más recientemente, en Emiratos Árabes Unidos.

El marco legal también debería cambiarse. El agua, los recursos hídricos deben adquirir el mismo nivel de importancia que los energéticos, que la Defensa o las fronteras. El agua debe ser efectivamente una competencia exclusiva del Estado y evitar que las taifas autonómicas puedan utilizarla para enfrentamientos territoriales. Una Agencia podría servir a esto y, con el tiempo, podría tener una red de conducciones y trasvases que podría servir para ofrecer recursos hídricos a zonas de la España seca, favorecer el desarrollo de infraestructuras turísticas que tienen una gran rentabilidad en términos de empleo y de creación de riqueza (véanse los campos de golf y el impacto en el turismo).

Pero además de tiempo, energía y dinero hace falta algo más. Se necesita aquello que, desafortunadamente, es lo más complicado para los españoles: una clase política a la altura de lo que merece nuestro país, que tenga el sentido moral de poner a los agricultores de Albacete como una prioridad en lugar de plegarse a vergonzosos pactos con Bildu o ERC; unos responsables legisladores que antepongan las inversiones en los campos de Soria para luchar contra la despoblación frente a dotar con más dinero a las Rodalies de Cataluña.

Por desgracia esto es mucho pedir. Llevamos décadas sin que haya existido un Gobierno que haya tenido la capacidad y la determinación de arreglar esta situación y de poner el reto hídrico, que es también el reto agrícola y demográfico de la España de interior, como prioridad.

Desde la época de los romanos pasando por el periodo de dominación árabe, nuestro país siempre ha tenido un reto continuo que es la baja disponibilidad de recursos hídricos. Es hora de afrontarlo con tecnología y con decisión política. Lo que no es admisible es asistamos impasibles y resignados a una situación que podría y debería cambiarse con voluntad política.

Se suele decir que ‹‹quien tiene hambre con bollos sueña››; muchos españoles soñamos con agua, con mucha agua. Y también, claro, con un gobierno decente y patriota.

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