La energía producida no va a dejar ninguna riqueza en la región.
No es moralmente aceptable que, con la falsa excusa de salvar el planeta, se expropien unos terrenos de cultivo de olivos a unos pequeños agricultores para entregárselos a una empresa o fondos de inversión y que éstos se enriquezcan (aún más) instalando paneles solares.
Adaptado de Johannes Leak. The Australian
Otra vez ha vuelto a pasar. Ahora es en una zona de olivos centenarios situada entre las provincias de Jaén y Córdoba y que ha sido varias veces propuesta para convertirse en patrimonio de la humanidad. Es aquí, en los municipios de Arjona, Lopera y Marmolejo donde, en nombre de la sostenibilidad, de la lucha contra el cambio climático, de la huella de carbono y del consabido largo e hipócrita blablablá ecologista, que se va a producir otra tropelía que consiste en la usurpación, de carácter legal, de unas propiedades familiares para entregárselas a una sociedad privada y que esos terrenos se dediquen a la producción de energía solar para beneficio exclusivo de esa empresa.
Una sociedad, ‹‹Greenalia SA›› (hasta en el nombre son cursis y ridículos), que parece estar ubicada en España, pero cuyos accionistas podrían ser perfectamente fondos de inversión en las islas Caimán, se lucrará durante décadas sin hacer nada más que instalar unos paneles solares para producir electricidad. Mediante esta expropiación y gracias al marco regulatorio del mercado eléctrico y a la escasez energética fomentada por el Gobierno, esta propiedad cambiará de manos por la fuerza y, sin riesgo alguno para el adquiriente, se convertirá en una fuente de ingresos estables y seguros para esos privilegiados accionistas.
“Una medida estalinista”
Si la Justicia no lo evita, más de cien agricultores van a asistir indefensos a que, en una medida estalinista, se les expropie colectivamente una superficie total equivalente a 100 campos de futbol y se talen consiguientemente 100.000 olivos. Olivos que están hoy en producción, que son un medio de vida y la principal actividad económica de la zona. Una actividad que, como es sabido, tiene un arraigo secular de carácter cultural y humano en la zona. Olivos que, como esas gentes, esas tradiciones y esos derechos individuales, van a ser sacrificados ante el altar de esa curiosa política energética cuya sostenibilidad se traduce en destrozar lo que existe y que tantos siglos ha costado construir para que todo sea sustituido por placas de silicio.
Para que este robo legal tenga lugar ha tenido que existir una cooperación necesaria y no se trata de otra que la de la Junta de Andalucía; esa institución cuya función principal debería ser la promoción y protección de los bienes materiales e inmateriales de la región pero que, esgrimiendo de forma perversa y totalitaria una ley para la protección del interés común, ha considerado que es ‹‹de utilidad pública›› la construcción de ese mamotreto de placas de silicio, producidas en China, operadas remotamente desde alguna oficina bien climatizada y con los accionistas y sus fondos cotizando en el Nasdaq o en alguna bolsa de valores internacional.
“Sin olivos, se perderá producción agrícola, se reducirá la producción de aceite de oliva”
Y es que, por supuesto, la energía producida no va a dejar ninguna riqueza en la región a excepción hecha de algún empleado precario que vigilará las cámaras de seguridad o alguna misera contrata local. Los beneficios no se van a quedar en esa tierra ni van a contribuir a que exista actividad económica en los pueblos de la zona o a que se fije población en un medio rural de la España interior. Eso lo saben Greenalia, la Junta de Andalucía y también los jueces que incomprensiblemente han desestimado hasta la fecha de forma sistemática las alegaciones y que dejan en absoluta indefensión a los que más protección necesitan.
Se perderá producción agrícola, se reducirá la producción de aceite de oliva, se eliminará una actividad tradicional y, en lugar de pequeños propietarios con arraigo humano, social y cultural en el territorio, se convertirá todo en un terreno yermo que sólo será rentable contando esos kilovatios tan sostenibles que, para producirlos, hay que talar 100.000 olivos. Toda una hipocresía verde y sostenible que, para regocijo de ecologistas y ambientalistas, sigue dictando la política energética de Europa en general y de España en particular.
La indecencia se convierte en burla cuando desde la Junta de Andalucía se anuncia que, con este mega parque solar, ‹‹se podrá exportar energía a Europa››. Como si esto pudiera o debiera ser una prioridad para la Junta o para el propio Estado en general. De hecho cabe preguntarse para qué sirve el Estado español, la Constitución y el concepto de decencia política cuando se puede expropiar a muchos particulares su modo de vida para que se lucre una empresa privada.
“Aquí no vendrá Greenpeace a protestar”
Si fuera tan importante la energía y la descarbonización, el Gobierno podría anular sus planes de prescindir de las centrales nucleares que son las que producen energía abundante y sin CO2, pero es que esto no va de energía verde.
Para la elite política y los grandes capitales, esto es sólo una coartada para poder concentrar la producción de riqueza y evolucionar a una sociedad donde exista mucha menos libertad, menos propietarios y donde exista mucha más dependencia del propio Estado y de grandes empresas. Un modelo social ya avanzado en otros países de Europa y que, por desgracia, abraza casi toda la clase política española.
Lo que se pretende es mucho más siniestro: generar una escasez continua de energía mediante precios elevados que sólo favorecerán a esos nuevos rentistas extractivos cuya ventaja competitiva es estar cerca del poder y beneficiarse de esas decisiones políticas, siempre políticas, que declaran ‹‹de utilidad pública›› un mega parque solar con beneficios privados sobre 100 hectáreas de 100.000 olivos centenarios. Aquí no vendrá Greenpeace a protestar y tampoco se harán los medios mucho eco de esto.
‹‹Esto viene de Europa››
Se equivocan quienes piensan que esto es un hecho aislado, que es un ‹‹error›› o un fallo del sistema porque este es el marco legal que se está imponiendo en Occidente y que, además, tiene un alcance mucho mayor. La estrategia pasa por aprovechar la gran farsa ecologista para fomentar un cambio de paradigma en la propiedad del medio rural. Véase lo que está sucediendo en Inglaterra con los impuestos a las herencias de los terrenos rústicos que busca hacer inviable el traspaso de estos activos entre generaciones y todo ello con el visto bueno de élites políticas, corporativas y mediáticas y poco a poco se intenta prescindir de pequeños propietarios para que la actividad productora, ya sea de agricultura, ya sea de energía, acabe en los Cargill, Monsanto y en alguna Greenalia de turno.
Los compungidos alcaldes, concejales populares de la zona, los Consejeros, viceconsejeros, secretarios, y el propio presidente de Andalucía se lavarán las manos escudándose en que ‹‹esto viene de Europa››, que hay que cumplir ‹‹directrices››, en que no comparten lo que sucede pero, al final, sucederá como hace unos meses en Castilla y León o como hace unas semanas en Granada y como está ya pasando en Inglaterra u Holanda.
“Bajo la excusa del cambio climático, se enriquecen con este despropósito regulatorio.”
Envidia es lo que sentimos tantos españoles de otros países como Italia que han sido capaces de parar estos abusos. Allí el gobierno de Meloni ha parado cualquier expropiación de terrenos de cultivo para las energías renovables. O si no, el caso de Francia, que obliga a hacer compatible la producción agrícola con la producción energética. En definitiva es una cuestión de hacer que la propiedad privada, las actividades económicas con arraigo, y el interés social, cultural y paisajístico prevalezcan sobre estos depredadores del campo y sus accionistas multimillonarios que no son empresas productivas ni competitivas sino rentistas que, bajo la excusa del cambio climático, se enriquecen con este despropósito regulatorio.
Si de verdad les importara el medio ambiente o el paisaje, estas instalaciones nunca podrían obtener una declaración de impacto ambiental ni un visto bueno de la comunidad. Si de verdad quisieran una energía libre de CO2, no cerrarían nucleares sino que harían muchas más.
Ojalá llegue pronto el día en que la sociedad civil se pregunte por qué los poderes públicos facilitan el enriquecimiento de determinadas empresas con los impuestos de todos y mediante una regulación energética que obliga a los empobrecidos consumidores europeos a comprarles a precio de oro esa energía y a hacerlos aún más ricos regalándoles para producir esos terrenos que antes eran de cultivo.
Tanto en Italia, Francia, Reino Unido, Holanda o España, todo esto es una cuestión de prioridades morales, sociales y hasta patrióticas. Algo de lo que la mayoría de los políticos en España carecen y que, por desgracia, los desnortados votantes y el conjunto de la sociedad civil de nuestro país parece ignorar.
