Al final, Francia ha logrado lo que pretendía: mantener su capacidad para condicionar la política energética (e industrial) europea y que España siga sin poder dar salida a su exceso de capacidad gasística a Europa a través de territorio galo.
El Gobierno español parece empeñado en vender como un éxito histórico la última ocurrencia en materia de energía, que es la conexión gasística entre España y Europa a través de Francia denominada “BarMar”: un corredor submarino de más de 400 kilómetros entre Barcelona y Marsella que serviría para transportar gas natural y también, según dicen, en el futuro ser una conexión para transportar hidrógeno verde, aquel producido a partir de fuentes no emisoras de CO2.
Esta vez, y a diferencia de lo que sucedió con el MidCat, Francia sí ha aceptado la propuesta y ha conseguido venderla convenientemente como un gran acuerdo europeo al que, en realidad, le quedan muchísimas cuestiones por resolver, tanto de carácter técnico, como económico o político. De hecho, si en 2015, desde la propia Comisión Europea, se estimaban en 300 millones de euros las necesidades financieras para que los apenas 190 kilómetros de gasoducto MidCat pudieran realizarse en un plazo de dos años para después ser operado por Enagás y su socio francés, el nuevo gasoducto BarMar no estará listo, en el mejor de los escenarios, antes de 2030 y el coste de su diseño, construcción y operación se valora en hasta unos 3.000 millones de euros (diez veces más que el MidCat) y, por si fuera poco, no se sabe quién o quiénes aportarán estas cantidades y lo operarán. Es decir, se ha prescindido de un proyecto tangible, definido, realizable y viable económicamente por una pura entelequia.
Al final, Francia ha logrado lo que pretendía: mantener su capacidad para condicionar la política energética (e industrial) europea y que España siga sin poder dar salida a su exceso de capacidad gasística a Europa a través de territorio galo y, de momento hasta 2030, sus plantas de regasificación en Marsella podrán seguir recibiendo metaneros y bombeando gas a Alemania y al centro de Europa sin competencia del gas proveniente de la Península Ibérica.
Es conveniente conocer cómo se ha llegado a esta situación y cuáles son las motivaciones reales. En el caso de España, debido a políticas energéticas erráticas y desacertadas en las últimas décadas, se han realizado inversiones masivas y de dudoso retorno en el sector gasístico, construyendo instalaciones de transporte, almacenaje y regasificación que superan con creces las necesidades de la economía española. De hecho, nuestro país cuenta hoy con un exceso de capacidad de regasificación que supera el 30% del total de la Unión Europea y que es más del doble de la de Francia y, además, con dos gasoductos directamente conectados con Argelia (uno de ellos, el que atraviesa Marruecos, actualmente sin utilización).
Del mismo modo, Alemania, con políticas igualmente erradas, apostó por el gas y por las conexiones gasísticas con Rusia como forma de asegurar su suministro y poder prescindir paulatinamente de su generación eléctrica de carbón y nuclear. La invasión rusa de Ucrania, el bloqueo al gas ruso y el sabotaje al gasoducto Nordstream, han supuesto para Alemania una situación de vulnerabilidad energética sin precedentes y que pone en riesgo su competitividad industrial.
Es aquí donde aparece la oportunidad para España y en donde el Gobierno socialista desempolva el proyecto MidCat aprovechando la potencial complementariedad: el exceso de capacidad gasística española podría servir para que Alemania mitigue el impacto producido por la carencia del gas ruso y, para España, sería una oportunidad de poder elevar el aprovechamiento de sus costosas e infrautilizadas infraestructuras gasísticas y convertirse en un proveedor de gas al resto de Europa. La propuesta tiene una lógica indudable y, al final los errores y excesos en materia de planificación energética de España y Alemania se podrían compensar con el suministro gasístico a Europa desde España. Pero lo que tendría un sentido económico se encuentra con una dificultad política y es que este gas tendría que atravesar Francia y la posición francesa, por encima de las excusas estéticas relativas a la cuestión medioambiental, es que Paris no quiere ser un mero cobrador de peaje del gas.
Apoyada en su masiva generación nuclear, conviene siempre recordarlo, y en su geografía, la política energética francesa para Europa es condicionar cualquier modelo y situarse en una posición hegemónica. El MidCat iría en contra de esa dirección porque daría a España, a sus empresas y a sus instalaciones un papel clave en el suministro de gas a Europa
Francia no va a facilitar una mejora de las conexiones de España con Europa porque minaría su posición estratégica y, al contrario, todo serán trabas a cualquier propuesta que pueda suponer una competitividad de la industria o economía españolas.
La dura realidad es que, por el lado español, a una política exterior infantil que idealiza a Europa, vista como solución para todo, se ha unido una catastrófica política energética que, desde hace décadas, ha apostado por el gas como base de la generación eléctrica. Esto contrasta con el efectivo pragmatismo francés en materia de política exterior, anteponiendo siempre sus intereses nacionales y, también, con una política energética consistente desde De Gaulle, que vertebra su independencia y suficiencia energéticas en la generación nuclear.
El Gobierno socialista ha fracasado en su intento de mitigar parte de los errores de planificación energética de las últimas décadas y lo ha hecho porque Francia no está dispuesta a dejar de perder su posición de privilegio.
Y Lo peor para España no es asistir a otro fracaso en política exterior; es que, lejos de realizar un análisis objetivo con respecto a la política energética o a cómo se defienden los intereses nacionales en Europa, tanto el Gobierno como buena parte de la clase política ha optado por mantenerse, o al menos escenificar, ese estado de irresponsabilidad buenista pensando que “todos los problemas se resuelven con Europa” y se da la bienvenida a un nuevo proyecto que no es más que un producto de propaganda política.
El análisis necesario debería examinar si la apuesta por el gas fue, ha sido y es una buena opción para España, cuando es un recurso natural del que nuestro país no dispone y si, en general, ha sido acertada una política energética que, lejos de reducir la independencia exterior, la ha acrecentado al apostar por el gas.
La segunda cuestión, tan o más importante, es examinar el papel de Francia, que, ni aún en una situación de necesidad de Alemania, no ha cedido y, de nuevo, ha antepuesto sus intereses nacionales a una visión europeísta. Francia ha negado a España la posibilidad de poder reequilibrar su sector gasístico y a Alemania una alternativa de suministro que no sea dependiente de la propia Francia. ¿Somos conscientes en España de que en política energética y en política exterior los intereses nacionales se deben defender?
Y mientras, algunos como Macron (y Borrell), quieren ya un ejército europeo.
