La anulación de la sentencia Roe v. Wade convierte a Trump en el presidente más provida en la historia de EE. UU.
Donald Trump acabó su primer mandato pudiendo presumir de ser «el presidente más pro-vida de la historia de los Estados Unidos». Un título que pocos podían haber previsto unos años antes para alguien que no se había destacado precisamente por su interés en esos asuntos. Pero Trump quiso asegurarse el voto pro-vida en 2016 y prometió, entre otras cosas, nombrar jueces para el Tribunal Supremo capaces de anular la sentencia Roe v. Wade, que abrió las puertas del aborto en Estados Unidos en 1973.
Trump sorprendió a todos, ganó las elecciones y le encargó a Leonard Leo la selección de los jueces que debía llevar al Supremo. Tras sus nombramientos (Gorsuch, Kavanaugh y Coney Barret), una nueva mayoría revisó el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization y con su sentencia anuló Roe v. Wade. El aborto dejaba en 2022 de ser un derecho en todo el país y su tratamiento legal regresaba a cada uno de los estados. Una decisión jurídicamente impecable (hasta la muy progresista juez Bader Ginsburg había reconocido que Roe se basaba en un argumento retorcido y sin base sólida) que significaba la victoria de la larga batalla judicial pro-vida.
«Trump afirmó que iba a votar a favor de restringir el aborto a los embarazos de menos de 6 semanas»
Se abría pues una nueva época en la que la batalla, hasta entonces centrada en Washington, se fragmentaba en 50 disputas que los demócratas vieron como una oportunidad de movilizar a votantes. Especialmente mujeres, que veían con preocupación las posibles restricciones al aborto en determinados estados. Ese fue uno de los elementos explicativos de los no tan malos resultados demócratas en las midterms de 2022 y Donald Trump quiso desactivar esa amenaza de cara a las presidenciales del año pasado.
Ni republicanos ni demócratas tienen a día de hoy la fuerza necesaria para prohibir o legalizar el aborto a nivel federal
Lo hizo con determinación, como nos tiene acostumbrados. No le tembló el pulso para eliminar referencias pro-vida en la plataforma del Partido Republicano aprobada en la Convención nacional de Milwaukee. Trump avisó también de que no iba a promover una norma federal para declarar el aborto ilegal en todo el país (algo, por otra parte, para lo que en cualquier caso no tiene una mayoría suficiente: ni republicanos ni demócratas tienen a día de hoy la fuerza necesaria para prohibir o legalizar el aborto a nivel federal). Insistiendo en que era cuestión de cada estado y que a él le parecía bien así.
Sólo hubo una rectificación: preguntado sobre la votación en Florida para restringir el aborto a los embarazos de menos de 6 semanas. Una iniciativa impulsada por el gobernador Ron DeSantis, Trump declaró que 6 semanas le parecían demasiado poco. Presionado fuertemente por los pro-vida, rectificó unos días después, afirmando que iba a votar a favor de la propuesta. Fue su única concesión. Los pro-vida eran muy conscientes de que sus reivindicaciones no eran prioritarias para Trump. Pero la alternativa demócrata era tan rabiosamente abortista (amenazando con pagar con dinero federal cualquier aborto o con aumentar el número de jueces del Supremo para crear una nueva mayoría izquierdista) que la mayoría se decantaron por votar a Trump sin hacerse grandes ilusiones.
¿Y qué ha hecho Trump en estos primeros meses de gobierno?
Pocas sorpresas, pues está cumpliendo lo prometido. Fue el 22 de junio de 2024, en plena campaña, cuando Trump declaró que era una locura el encarcelamiento de activistas pro-vida por parte de la Administración Biden y prometió liberarlos el primer día de su presidencia. En realidad hubo que esperar cuatro días. Hasta el 24 de enero, para que Trump liberara a 23 activistas. Justo a tiempo para que alguno asistiera en persona a la Marcha por la Vida en Washington. La mayoría sufrían condenas por acciones de bloqueo en centros abortistas que hasta ahora eran castigadas por la ley firmada por Bill Clinton en 1994, Freedom of Access to Clinic Entrances Act, con hasta un año de prisión. Pero el fiscal Merrick Garland, nombrado por Biden, decidió añadir un delito adicional: «conspiración para interferir contra los derechos civiles», que amplía la pena de cárcel hasta 10 años.
«El 24 de enero, Trump liberó a 23 activistas pro-vida encarcelados por la Administración Biden»
Si este perdón presidencial ha sido acogido por los pro-vida con alegría, no se puede decir lo mismo de las medidas para promover y financiar con dinero público las fecundaciones in vitro. En esto Trump tampoco ha engañado. El pasado 29 de agosto, en un mitin en el Estado de Michigan, Trump hizo el siguiente anuncio: «bajo mi administración vuestro gobierno pagará o vuestra compañía aseguradora estará obligada a pagar todos los costes asociados al tratamiento de fecundación in vitro… Porque queremos más niños». Dicho y hecho. El pasado 18 de febrero firmó una orden ejecutiva en este sentido. Las críticas a esta decisión han incidido en varios aspectos. Por un lado, su coste (se calcula que un ciclo de tratamiento puede costar entre 12 000 y 25 000 dólares). Por otro, el efecto llamada y el incentivo a someterse a más ciclos pagados por el Estado.
Además, se señala, se incentiva así que muchas mujeres programen su maternidad para una edad demasiado avanzada. Por no hablar de las prácticas eugenésicas que conlleva. Pero quizás la crítica más fuerte sea la que hace referencia a los embriones sobrantes: más del 90% de los embriones producidos son descartados o no se llegan a implantar, por lo que estaríamos ante una masiva cantidad de microabortos. A pesar de todas estas críticas, Trump ha seguido adelante con su promesa, reflejando que la corriente tecnófila de Elon Musk, para la que no debe ponerse ninguna barrera a unos avances tecnológicos que supuestamente nos llevarán a una nueva era dorada, tiene hoy más peso que el movimiento pro-vida en el entorno del presidente.
«Trump también afirmó que promoverá y financiará con dinero público las fecundaciones in vitro»
Más allá de la liberación de los presos pro-vida y de la financiación pública de la fecundación in vitro, Trump ha recuperado la llamada «política de Ciudad de México», que se remonta a tiempos de Ronald Reagan y que prohíbe la financiación con dinero estadounidense de organizaciones que realizan o promueven el aborto en cualquier lugar del mundo. Además, ha recuperado la objeción de conciencia ante lo que se llamó el «mandato contraceptivo» de Obama y ha cortado la financiación pública a los «programas en los que el aborto es considerado un método de planificación natural», como en los de Planned Parenthood. El impacto de esta medida no es menor: el gigante de la industria del aborto ha recibido 533 millones de dólares al año de dinero público durante el mandato de Biden.
«El 24 de enero, Trump anuló también dos órdenes de la Administración Biden que promovían el aborto»
Por otro lado, fue como reacción a la sentencia Dobbs que Biden firmó la orden ejecutiva 14076 en la que se mandaba a todo el Gobierno federal promover el aborto como algo «esencial para la justicia y la igualdad y para nuestra salud, seguridad y progreso como nación». Le siguió la orden ejecutiva 14079. Autorizando específicamente la redefinición de las leyes sobre la no discriminación y de las leyes sobre el tratamiento médico de emergencia para garantizar el «acceso al aborto» en todo el país. El pasado 24 de enero, mediante una orden ejecutiva titulada «Aplicación de la Enmienda Hyde», Trump anuló esas dos órdenes de Biden.
«Ahora, los pro-vida demandan políticas pro-familia más activas en Estados Unidos y se preparan para la batalla contra el suicidio asistido»
Hasta aquí lo realizado. ¿Qué más esperan ahora los pro-vida? La regulación de la píldora abortiva y sobre todo la exigencia a los médicos de que informen de las complicaciones relacionadas con el aborto químico. Exigencia eliminada por Biden y que supone un riesgo para la salud de las mujeres. Además, los pro-vida demandan políticas pro-familia más activas y se preparan para la batalla contra el suicidio asistido. Tanto en las legislaturas estatales como en los tribunales. Lo que está claro es que, una vez anulada la sentencia Roe, el terreno de juego ha cambiado: de Washington ha pasado a los estados y a los referéndums. Y en este nuevo contexto los argumentos jurídicos, hasta ahora decisivos, dejan paso a una batalla cultural en la que los defensores de la vida tendrán que recuperar mucho terreno.
