El problema, desde Sócrates, sigue siendo la supina ignorancia. Y es que los “inteligentes”, miembros de la clase gobernante, ignoran que el espíritu revolucionario lo quiere todo.

El 18 de octubre de 2019 Chile acaparó las portadas de la prensa a lo largo y ancho del globo terráqueo. Si no hubiese sido por el discurso hegemónico que repiten los medios, siempre al servicio del avance del poder estatal, nadie lo habría podido explicar. Chile era por lejos el mejor país para vivir en la región. Pero su fama internacional no la debe a sus virtudes, sino a lo que es considerado un éxito del modelo “neoliberal” heredado de la dictadura. Eso la izquierda no lo perdona. Y aprovechó la oportunidad para avanzar un discurso de corte crítico gramsciano, vinculando la explosión violenta de los revolucionarios al malestar ciudadano ante los abusos mal regulados por un Estado que, al mismo tiempo, es el más abusivo de todos los actores. El discurso ancla sus fundamentos ideológicos en aquella igualdad de cuya búsqueda y promoción se sigue la ruina de las condiciones de vida y el empoderamiento antidemocrático de nuevas élites. De modo que, ante la pregunta, “¿qué pasó en Chile?”, la respuesta que contenta al mundo de los “poco pensantes” se reduce a una sencilla fórmula de dos variables: el neoliberalismo y su desigualdad.

Pero, la realidad es muy distinta. Lo que comenzó el 18 de octubre es una revolución de izquierda radical sólo frustrada por las cuarentenas. Su origen se encuentra en el propio Estado o sea, en un conjunto de personas con consciencia de clase que monopoliza la coerción. De ahí que, ante el difícil escenario, la clase política se defendiera en bloque firmando un pacto que desmantela la institucionalidad vigente con un plebiscito para cambiar la Constitución.

“El Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución” ha tenido tres efectos. Primero, la clase política no sólo conservó sus privilegios, sino que, de ganar la opción que inicia el proceso constituyente, los aumentará a niveles de un régimen totalitario. Y es que, para negociar los contenidos de la nueva Carta Magna, se usa la fórmula de la <hoja en blanco>. De modo que los derechos que protegían las libertades de los ciudadanos desaparecen y quien esté en el poder no tendrá restricciones a la hora de hacerlos desaparecer.

El segundo efecto también favorece a la clase política. Ello en la medida en que el proceso constituyente la exime de hacerse cargo de una mejora sustancial en la eficiencia y focalización del gasto público, hoy despilfarrado por operadores políticos cuya única propuesta frente a la mala calidad en salud, educación y seguridad, es siempre la misma: subir los impuestos y aumentar el tamaño del Estado.

Por último, con élites tan felices, alguien podría pensar que en Chile se volvió a los cauces democráticos. De hecho, sus miembros apuestan a que una Constitución nacida en democracia – no como la vigente, redactada en dictadura- construirá un nuevo hogar para los chilenos. En este punto el mapa de los actores políticos se divide en dos: los inocentes que creen tendrán una mejora en su calidad de vida gracias a los derechos sociales y los “inteligentes” que entienden esos derechos como “aspiraciones” y dicen que no son jurídicamente exigibles. Este último grupo espera que la nueva Constitución nutra el alma del ciudadano, aunque no resuelva ningún problema. Sin embargo, es difícil que estos sueños se hagan realidad debido a que, de aprobarse el proceso constituyente, la crisis institucional se extenderá dos años más frenando la inversión y la creación de empleo. Y nadie es feliz con el estómago vacío.

Lo que parte de los gobernantes no quieren integrar en su análisis es el tercer efecto del pacto. Éste tiene un carácter enteramente negativo, cual es que no trajo la paz prometida. La receta para desmantelar la institucionalidad vigente estaba sobre la mesa: “Buscar creativamente formas de acumulación de poder que no alcancen a ser percibidas por el derecho […] construir la magnitud política necesaria volando bajo el radar del derecho.” La cita es de uno de los intelectuales que más ha influido en el proceso constituyente y muestra la triste realidad en que se sume el país con una total impunidad y anonimato de los revolucionarios que se coludieron para destruir las ciudades más importantes, incendiar 136 estaciones de metro, quemar iglesias, comercio, atacar comisarías y cuarteles militares. Gracias a ellos más de trescientas mil personas perdieron su empleo.

En otras palabras, los chilenos ya no contamos con un estado de derecho debido a la captura de tribunales de justicia por parte de activistas de izquierda que buscan un recambio antidemocrático de las élites gobernantes. También son responsables quienes, siendo miembros de la clase política, se niegan a aceptar que Chile no es un caso de revolución frustrada. Ésta sigue adelante y la única salida democrática segura es un triunfo de la opción que rechaza una nueva Constitución.

El plebiscito se realizará el domingo 25 de octubre en plena pandemia, con varias ciudades en cuarentena, la violencia desatada en el centro de Santiago y los adultos mayores- que vivieron las consecuencias del socialismo de Allende- con miedo a votar para no contagiarse. Así las cosas, el caótico escenario descrito pone un manto de duda sobre la legitimidad de un proceso cuyo origen parece ser un pacto entre gobernantes y grupos violentistas: paz por Constitución. El problema, desde Sócrates, sigue siendo la supina ignorancia. Y es que los “inteligentes”, miembros de la clase gobernante, ignoran que el espíritu revolucionario lo quiere todo.