La izquierda, por supuesto, puede servirse del argumento marcusiano que afirma que la enorme riqueza de Estados Unidos impide a la gente reconocer su propia servidumbre y, por lo tanto, nuestras escuelas deberían enseñar a los niños que su país es un país malvado.

En Estados Unidos se ha abierto un debate de dimensiones gigantescas y son los Estados los que están librando esa batalla de las ideas. Los gobernadores de Florida, Virginia y Arkansas han decidido oponerse con todas sus fuerzas a que se clasifique Estados Unidos como una nación opresiva y podrida por sistema. Ya era hora.

La izquierda woke se ha sorprendido de que alguien les plante cara. Como era de esperar, está furibunda. Es una excelente señal. Por su parte, el presidente Biden ha decidido incorporarse a la nómina de los practicantes de la poesía cuando habla de los grandes programas gubernamentales, como si volviéramos a estar en la década de 1930 y cede las políticas de su administración a la izquierda woke.

Por fortuna, tenemos la inmensa suerte de contar con un sistema federal constituido por 50 laboratorios de democracia. Nueva York, por ejemplo, puede exigir que para graduarse en la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), los estudiantes tengan que asistir a un curso sobre equidad racial. A cambio, aquellos estados a los que cientos de miles de neoyorquinos huyen en masa cada año, han decidido buscar el regreso a la normalidad.

Así es como, en Florida, el gobernador Ron DeSantis sigue embarcado en un enfrentamiento público con la Junta Universitaria sobre los Cursos Avanzados de Estudios Afroamericanos (APAAS). El gobernador dio un gran paso cuando le explicó a la Junta que no podía ofrecer cursos de APAAS porque enseñaban la historia negra a través de una óptica marxista, según la cual Estados Unidos es un país opresor que debe ser sometido a un cambio de sistema.

La Junta, una organización sin fines de lucro que, además de realizar cursos AP que se imparten en los institutos de todo el país, también administra los exámenes que utilizan las universidades en los procesos de admisión, se retractó. Desaparecieron del plan de estudios las doctrinas de marxistas como Keeanga-Yamahta Taylor, Robin D.G. Kelley, bell hooks y la abiertamente comunista Angela Davis.

Stanley Kurtz, autor de una brillante crónica sobre la labor de DeSantis en las páginas de National Review, escribió el jueves que:

La exacerbada irritación de la izquierda, fruto de la tenacidad de DeSantis en contra de estos cursos, es muy importante. DeSantis está haciendo tambalear los cimientos del establishment educativo de Estados Unidos al exponer sin descanso las distorsiones de la Junta de Universidades y su intervención en las decisiones curriculares estatales y locales.

DeSantis también obtuvo una disculpa de los líderes negros de Miami después de que uno de ellos llamara al gobernador “racista” por el enfrentamiento con la Junta de Universidades. Pierre Rutledge, presidente de la Junta Asesora de Asuntos Afroamericanos de Miami-Dade, emitió un comunicado después de que un miembro de la Junta declarara esta semana que “nuestro gobernador es un racista”.

«Las palabras importan”, declaró Rutledge. “Así que, como presidente, debo empezar diciendo que queremos retirar esas palabras. No hay nada de malo en decir ‘lo sentimos’. Eso no es lo que pretendíamos decir”.

No satisfecho con la disculpa, DeSantis también ha nombrado una nueva Junta de Fideicomisarios para el New College of Florida, en un intento por alejar a la institución con sede en Sarasota de la Teoría Crítica de la Raza (CRT) y devolver la educación a sus términos clásicos. El gobernador también ha anunciado iniciativas para impedir que las Universidades estatales cuenten con programas CRT.

DeSantis tiene la gran fortuna de contar con el respaldo de una mayoría de su propio Partido Republicano, que controla el Senado de Florida en Tallahassee, por lo que no habría impedimentos para confirmar la nueva Junta.

En Richmond, Virginia, el gobernador Glenn Youngkin se enfrenta a una mayoría demócrata -de cuatro escaños- en el Senado, que esta semana, en una votación estrictamente partidista, destituyó a Suparna Dutta, uno de sus nombramientos para la Junta de Educación del Estado.

La razón, especialmente desconcertante, es que Dutta, una inmigrante de la India, defendió los valores estadounidenses tradicionales y rechazó la idea de que la Declaración de Independencia y la Constitución consagraran la esclavitud en Estados Unidos.

La semana pasada, Dutta participó en un debate con Anne Holton, otro miembro de la Junta que habló en contra de los nuevos estándares de aprendizaje de Youngkin, que califica a los documentos fundacionales de Estados Unidos como “dignos de atención”.

Holton declaró: “Para una audiencia tan inclusiva como es la de nuestro Estado de Virginia, no se puede hacer referencia a la Declaración de Independencia y a la Constitución como ‘documentos dignos de atención’ sin reconocer al mismo tiempo que son básicos a la hora de consagrar la esclavitud y limitar la protección del derecho a la propiedad a los hombres blancos”.

Y ahí es donde se desencadenó batalla. Holton, una izquierdista casada con el senador norteamericano Tim Kaine, ha hecho suyas las tendencias socialistas que han cuajado en las mentes de la izquierda.

Si Estados Unidos es un estado opresor o no, y si las políticas debieran intentar remediar esa opresión, es un debate importante que, en última instancia, debe resolverse en la esfera política, como ocurrió con la elección de Youngkin en 2021.

Aquellos que se sitúan en el lado pronorteamericano podrían preguntarse cómo es posible que tantos inmigrantes como Dutta sigan llegando sin tregua a nuestras costas. La izquierda, por supuesto, puede servirse del argumento marcusiano que afirma que la enorme riqueza de Estados Unidos impide a la gente reconocer su propia servidumbre y, por lo tanto, nuestras escuelas deberían enseñar a los niños que su país es un país malvado. Que gane el mejor argumento.

En su refutación al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Biden del martes por la noche, cargado de promesas sobre programas gubernamentales, la gobernadora de Arkansas Sarah Huckabee Sanders fue al grano y dedicó la mayor parte de su intervención a este gran debate que nos ocupa.

“La mayoría de los norteamericanos simplemente quiere vivir en paz y libertad, pero la izquierda nos está atacando con una guerra cultural que nosotros no empezamos ni quisimos alentar”, declaró Sanders. Así que no cabe duda de que la gobernadora no tiene la intención de bajar los brazos.

“La elección”, dijo la joven gobernadora, “es entre normalidad y delirio”.

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