Artículo de Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso, publicado originalmente en el diario brasileño Gazeta do Povo.

Con el resultado de las últimas elecciones generales que tuvieron lugar en España el 23 de julio, se reedita el gobierno socialista y comunista aliado del Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla.

Por primera vez en la historia de la democracia española, una monarquía parlamentaria respaldada por el 87,78% de los españoles en el año 1978, el partido (el PSOE) que no ha recibido el respaldo mayoritario de los españoles ha formado gobierno apoyándose en minorías destructivas: fuerzas comunistas, separatistas y filoterroristas.

El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido investido presidente del Gobierno con votos favorables procedentes de Sumar, una coalición de partidos que integra a la izquierda radical y a formaciones de tradición comunista; de Junts, partido separatista catalán dirigido desde Bruselas por el prófugo de la justicia y autor del golpe de Estado Carles Puigdemont; de ERC, partido separatista catalán dirigido por Oriol Junqueras, indultado por el PSOE y los comunistas de los delitos de sedición y malversación de fondos públicos en el año 2021; y de Bildu, partido de inspiración marxista-leninista que representa al grupo terroristas ETA, responsable del asesinato de más de 850 españoles.

Una amalgama de formaciones políticas cuyos objetivos son radicalmente contrarios a los intereses generales de los españoles. Las negociaciones para la conformación del nuevo gobierno han estado marcadas por la aprobación de una Ley de Amnistía para todos los encausados por el golpe de Estado del año 2017 en Cataluña. Sánchez ha negociado su investidura con un delincuente huido de la justicia española, Carles Puigdemont, en la capital de un país extranjero, Bruselas.

La amnistía es contraria a nuestro ordenamiento jurídico y no tienen cabida en la Constitución española. El propio Pedro Sánchez denunció su ilegalidad en un programa de televisión: «La amnistía es inconstitucional, es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico». Es más, el día después de las elecciones, su líder en Cataluña y exministro de Sanidad, Salvador Illa, se expresaba en estos términos sobre las exigencias de los partidos separatistas: «La amnistía no es factible desde un punto de vista de respeto al Estado de Derecho».

Días después de las elecciones del 23-J, lo que antes estaba fuera de la Constitución, como sostuvieron públicamente en reiteradas ocasiones Pedro Sánchez y varios ministros de su gobierno, ahora era una medida necesaria a favor de la convivencia entre españoles. La realidad que ocultan los eufemismos es que el gobierno de Pedro Sánchez saliente de la investidura ha cometido el mayor acto de corrupción: perdonar delitos de políticos y terroristas callejeros a cambio de votos.

La futura ley es contraria a la Constitución española e implica un cambio de régimen por la puerta de atrás. España transita un peligroso sendero de una democracia constitucional a una de corte bolivariano como la que padecen varias naciones iberoamericanas que no se han librado de las garras del régimen castro comunista, la tiranía de Maduro y los carteles del Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. La impronta de estas dos organizaciones ha estado muy presente en el acuerdo del PSOE y Junts con el asalto de ambas formaciones a la independencia del poder judicial con la inclusión del lawfare, un concepto rescatado por la izquierda corrupta para exonerar de la justicia a sus operadores.

Las instituciones del Estado son vulnerables como consecuencia de la ocupación de estás llevada a cabo por Pedro Sánchez en la anterior legislatura, en la que se preparó el terreno para dar carta de legalidad a los intereses del PSOE. Para ello, nombraron presidente del Tribunal Constitucional a un ex Fiscal General del Estado del PSOE e hicieron miembros del mismo a un ex ministro de Justicia y a un alto cargo del Palacio de la Moncloa (sede del poder ejecutivo) para hacer constitucional todo lo que requiriera el PSOE.

A lo largo de aquellos años, VOX denunció el plan del dirigente socialista y presentó dos mociones de censura que no obtuvieron el respaldo de ninguna otra formación, ni siquiera del Partido Popular dirigido primero por Pablo Casado y después por Alberto Núñez Feijóo. En las elecciones generales del 23J el PP dedicó más esfuerzos en atacar a VOX que en hacer frente al PSOE. La campaña de demonización contra la fuerza patriótica fue un error del PP, quien hizo suyos todos los marcos del PSOE mientras la formación de Sánchez blanqueaba a comunistas y terroristas. El resultado no pudo ser más desalentador a pesar de los anunciado por tierra, mar y aire por las encuestadoras de cabecera del PP y sus satélites mediáticos: brindaron la última oportunidad que necesitaba un sujeto que siempre va por delante del resto por el simple hecho de que no tiene un mínimo de moral.

A pesar de la desolación que generaron los resultados electorales, los acuerdos con comunistas y las minorías destructivas y el golpe contra la legalidad, los españoles han salido a las calles de modo ejemplar. Por primera vez, han salido en todo el territorio nacional frente a las sedes del PSOE exigiendo el fin del golpe y con el ánimo de frenar que la ley de amnistía llegué al Congreso. Es probable que Sánchez cumpla con los pactos de sus socios y que dé el golpe, pero se le avecina una legislatura muy complicada. Ha despertado la nación, la justicia puede aún frenar el golpe y hay un partido que ha dicho claramente que va plantar cara en todos los frentes al proyecto de bolivarianización de España.