Lo que el Gobierno de coalición, sostenido por partidos diseñados para erosionar la unidad de la nación española, ha sacado adelante es una ley que trata de ser compatible con las historias autonómicas que trabajan en la destrucción de todo nexo con el resto de la nación.

El 06 de abril de 2022, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, cuya entrada en vigor se produjo un mes más tarde. Como es lógico, la cristalización de este Real Decreto, ligado al Ministerio de Educación y Formación Profesional, cuya cartera ostenta un miembro del PSC, estuvo marcada por los condicionantes exigidos y en gran medida asumidos por el actual Gobierno, por las facciones políticas que mantienen en el poder a Pedro Sánchez. Unas facciones a las que hay que sumar las de un partido, el PSOE, de estructura federal que, en lo que respecta a lo territorial, tiende a la implantación, bien que maquillada bajo diversas fórmulas elusivas, de un modelo confederal que requiere de una serie de pasados particulares. A todo ello han de sumarse componentes ajenos a la propia disciplina que se ordena en el Real Decreto, pero que constituyen un denominador común de la acción legislativa de un gobierno de resabios globalistas. Todo ello ha determinado la aprobación de unos contenidos a los que dedicaremos las siguientes líneas.

Lo primero que llama la atención a este respecto es el, por decirlo de algún modo, desdén hacia la cronología. Un descuido que sólo es entendible si de lo que se trata es de atender a asuntos que el legislador considera poco menos que eternos. Para este, la Historia sería un campo sobre el cual gravitarían problemas relacionados con cuestiones relativas al género, a la opresión de colectivos, etc. Esta falta de cuidado respecto a un aspecto constitutivo de la práctica historiográfica rompe la ordenación de los hechos pretéritos, que lo son, precisamente, por estar insertos en una línea temporal, obstaculizando el reconocimiento de causas y efectos, algo a lo que ha de atender el historiador, que, en modo alguno, es un juez de la Historia, razón por la cual las condenas lanzadas por este -¿desde qué tribunal?- no son sino flatus vocis. El desvanecimiento de la cronología favorece el tratamiento presentista que recorre toda una ley de fuerte sesgo ideológico, que considera a la Segunda República como una auténtica Edad de Oro en la que se habrían acometido “las grandes reformas estructurales”, omitiendo, de este modo, las sombras que acompañaron, y que en gran medida determinaron su colapso, a ese breve periodo de nuestra Historia. El culto a la Segunda República, fortalecido por las leyes de memoria histórica y democrática, cobra todo su sentido si se repara en los apoyos que el PSOE, que imposta un antifranquismo post mortem, necesita para su acción de gobierno. En efecto, rodeado de todas las facciones secesionistas y, en algunos casos golpistas, muchas de estas ven en los estatutos de autonomía alcanzados durante ese quinquenio la antesala de sus rupturistas anhelos políticos.

Las referencias a la España que precedió a la Segunda República, cuyo dígito ya señala a una anterior, son escasas y se difuminan más allá de 1808. El mundo previo a 1931 se diluye en alusiones fugaces a una serie de estructuras temporales -estamentales, absolutistas- que contrastan con el democrático tiempo sin monarca. Más allá del XIX se situarían una serie de reinos que, desde la perspectiva que se adopta en el Decreto Ley, podrían interpretarse como brumosos antecedentes de diversas realidades nacionales que, en todo caso, mantendrían los hechos diferenciales, también los históricos, en los que se asienta la actual estructura territorial de España.

En el Real Decreto se afirma que la Historia es «un ámbito de conocimiento en construcción, en constante revisión y cambio». Una aseveración inobjetable si va acompañada del necesario rigor, es decir, si la aparición de “reliquias y relatos” sirve para una construcción sólida, alejada de todo relativismo. Unos afloramientos que tendrían valor en la confección de una Historia fenoménica y secuencial que en el texto se ve comprometida por la inclusión de contenidos sociológicos, politológicos y económicos pero, sobre todo, de los llamados “saberes básicos”, esto es: educación en igualdad de género, sensibilidad hacia el cambio climático, objetivos de desarrollo sostenible, perspectiva solidaria hacia colectivos vulnerables, ciudadanía ética digital, formación ante los retos de futuro… Contenidos ajenos al campo de la historiografía que se ven acompañados por los vinculados a los memorialistas -memoria histórica, memoria colectiva y memoria democrática- que no memorísticos, pero también a los perspectivísticos, en concreto a una suerte de visión de los vencidos aparejada a la idea de una historia hecha “desde abajo”.

En definitiva, lo que el Gobierno de coalición, sostenido por otra serie de partidos programáticamente diseñados para erosionar la unidad de la nación española, ha sacado adelante es una ley que trata de ser compatible con las historias autonómicas que se enseñan en la España de las competencias educativas transferidas, en muchos casos, a esos mismos partidos que trabajan con denuedo en la destrucción de todo nexo con el resto de la nación, tanto en el presente como en el pasado. No extraña, por ello, que se hable de “sentimientos de pertenencia” o que se enfatice el valor de las “identidades múltiples” y que, en consecuencia, se hayan introducido las suficientes dosis de relativismo capaces de dar a cada cual según sus -autonómicas o protonacionales- necesidades.