La transición ecológica, tal y como está concebida, afecta sobre todo a las clases menos favorecidas. No podemos pedirle a una persona que tiene un coche de 20 años que se compre un automóvil eléctrico último modelo porque es evidente que no tiene capacidad económica para hacerlo.

Una nueva ideología recorre Europa y es la denominada “ideología verde”. En los últimos años, un tema tan importante como la conservación de la naturaleza se ha convertido en la prerrogativa de un ambientalismo ideológico que, sirviéndose de la transición ecológica, amenaza con poner en riesgo nuestras costumbres, tradiciones y estilos de vida. Los ejemplos son numerosos y van desde prohibir los motores diésel y de gasolina en 2035 hasta intentar introducir una nueva dieta basada en insectos.

Hace ya tiempo que resultaba evidente que la transición ecológica no iba a ser un plato de gusto para los ciudadanos europeos, pero el rumbo que ha tomado la Unión Europea es cada vez más preocupante para el bolsillo de los ciudadanos. La transición ecológica, tal y como está concebida, afecta sobre todo a las clases menos favorecidas. No podemos pedirle a una persona que tiene un coche de 20 años, pero contaminante, que se compre un automóvil eléctrico último modelo porque es evidente que no tiene capacidad económica para hacerlo y lo mismo ocurre con las últimas normas que se pretenden imponer para la eficiencia en nuestras casas.

Salvo cambios de última hora, la directiva europea sobre eficiencia energética será aprobada por la Comisión de Energía del Parlamento Europeo el 24 de enero para que el Parlamento la apruebe a su vez antes del 13 de marzo. Se trata de una medida que se viene discutiendo desde hace tiempo y que ya en 2021 suscitó numerosas polémicas debido a las estrictas normas que exigían la rehabilitación de las viviendas para el año 2027 con el fin de hacerlas energéticamente eficientes. De no realizarse dichas reformas, será imposible venderlas o alquilarlas. Una auténtica locura verde mitigada por posteriores intervenciones, aunque la medida de fondo se mantiene invariable.

Para el 1 de enero de 2030, todas las viviendas residenciales deben tener al menos la calificación energética «E» para luego llegar a «D» en 2033 y alcanzar cero emisiones entre 2040 y 2050.

Es una petición que choca con la situación del patrimonio inmobiliario italiano compuesto por numerosas casas construidas hace décadas, si no siglos. De hecho, alrededor del 60% de los edificios italianos tienen una calificación energética entre F y G. La clase E suele corresponder a edificios construidos en los años 80 y 90.

La transición a esta clase energética se produce con una reducción del consumo de alrededor del 25% gracias a la renovación del aislamiento térmico, la sustitución de los electrodomésticos, una nueva caldera o la instalación de paneles solares.

A pesar de los incentivos previstos en el sector de la construcción, las reformas tienen un coste que no todos los ciudadanos pueden afrontar y, al igual que ocurre con la transición al coche eléctrico, la transición ecológica así concebida adquiere un carácter clasista que viene bien a los que se la pueden permitir. Aquellos que no tienen capacidad económica, deberán arreglárselas como puedan.

Aunque se ha eliminado la prohibición de vender o alquilar una vivienda con una clase energética inadecuada (propuesta que, por si eso fuera poco, cuestionaba también el principio de propiedad privada), corresponderá a cada Estado decidir las sanciones que se deben aplicar a quienes no cumplan con los estándares energéticos establecidos por la UE. Lo cierto es que la pérdida de valor de una propiedad no renovada constituye de por sí una forma de sanción que afecta al patrimonio de los europeos.

Según la UE, los edificios son responsables de más de un tercio de las emisiones y el 75% de los edificios del espacio europeo son inadecuados desde el punto de vista energético. La eficiencia vendría a representar, en consecuencia, un paso fundamental para alcanzar los objetivos del “Fit for 55”, el paquete de medidas de la Unión Europea para combatir el cambio climático.

Una vez más, el problema reside en que el coste de estas medidas recaerá sobre los ciudadanos, con un impacto significativo para Italia, que tiene un parque inmobiliario antiguo y donde un número considerable de ciudadanos es propietario de sus viviendas.

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