Los chilenos deben aprovechar estos meses para discutir en profundidad el nuevo proyecto constitucional con ánimo de votar en conciencia el próximo cuatro de septiembre.
Chile ha sido uno de los grandes ejemplos de desarrollo para la Iberosfera y para el mundo. En la segunda mitad de la década de los ochenta, el país experimentó un crecimiento económico sin igual, que ayudó a un gran número de personas a salir de la pobreza. La transición a la democracia mejoró la situación, provocando transformaciones de fondo en la nación andina durante más de treinta años. Sin embargo, a partir de las protestas estudiantiles sufridas en el año 2006 y conocidas como «la revolución de los pingüinos», el ambiente político comenzó a deteriorarse de forma preocupante.
Durante la segunda década del siglo XXI, el crecimiento chileno se ralentizó, el escenario político fue progresivamente polarizándose y las protestas sociales organizadas no dejaron de crecer. Lo anterior condujo a las algaradas y disturbios que tuvieron lugar a finales del año 2019, con un coste para la sociedad chilena superior a los 1.500 millones de dólares. Estas, continuaron durante el año 2020 y provocaron que el Gobierno liderado por Sebastián Piñera cediera a la realización de un plebiscito nacional con objeto de modificar la Constitución de la nación. A finales del año 2021 y fruto de la victoria en las elecciones presidenciales que se celebraron en el país, un gobierno de extrema izquierda liderado por Gabriel Boric tomó las riendas, destruyendo parcialmente todo lo conseguido durante el periodo anterior.
Chile se encuentra en este momento en una encrucijada. El otrora ejemplo, lucha por seguir manteniendo la identidad liberal democrática de su sistema político. El nuevo proyecto constitucional no parece respetar los elementos básicos que dan forma a una sociedad de personas libres, pavimentando el camino hacia un nuevo tipo de democracia.
Las constituciones son documentos seminales que buscan organizar y controlar el poder del Estado con ánimo de proteger la estructura de derechos y libertades de las personas. Dicho esto, no parece que la limitación del poder sea el objetivo final del proyecto de Constitución aprobado por la Convención Constitucional el pasado mes de junio. Más bien todo lo contrario. El documento es una fuente de privilegios para minorías organizadas de todo tipo, representando una amenaza para la libertad de todos los chilenos.
Son muchos los detalles que nos alertan de la identidad liberticida de la nueva Constitución. El primero de ellos, aunque suene extraño, sus dimensiones. El texto posee 388 artículos, convirtiendo al proyecto en una de las constituciones «democráticas» más extensas existentes a nivel mundial. Esto puede parecer a primera vista algo positivo. Sin embargo, el hecho de que un documento constitucional sea tan amplio es muestra de una debilidad, pues evidencia la capacidad de los grupos de presión que han participado en su redacción a la hora de introducir sus demandas y preferencias con objeto de constitucionalizar las mismas. Es un «café para todos» cuyas consecuencias son impredecibles.
Al mismo tiempo, el nuevo escrito constitucional modifica el bicameralismo existente en Chile, eliminando el Senado y creando la nueva Cámara de las Regiones. Lo anterior puede provocar tensiones de naturaleza centrífuga y freeriding en caso no exista una apuesta clara por la responsabilidad fiscal de las unidades descentralizadas. Esto, la cuestión centrífuga, es de gran relevancia en el documento constitucional que el pueblo chileno votará en el mes de septiembre. Además de la eliminación del Senado y de la creación de la nueva Cámara de las Regiones, el texto reconoce cuestiones de amplio calado como la plurinacionalidad. Lo anterior, una afirmación explícita de la existencia de varias naciones al interior del país, puede representar una amenaza a la igualdad jurídica de todos los ciudadanos y la fragmentación total o parcial de la nación. En este sentido, el proyecto valida y reconoce la justicia e instituciones indígenas. No seré yo quien critique estas, pues en cierto sentido el respeto a la tradición y costumbres que determinadas comunidades han desarrollado a lo largo del tiempo debe ser respetado. Sin embargo, es imperativo poner límites a dicha justicia, pues, en muchos casos, tanto el proceso como las penas que imponen las comunidades van contra los más elementales Derechos Humanos de las personas.
Además de las dimensiones, la modificación del bicameralismo, la cuestión plurinacional y la fuerza de la ideología indigenista que subyace en el documento, el nuevo proyecto de Constitución ingresa en terrenos que no deberían ser objeto de un texto de esta naturaleza. Se toca la cuestión del agua, de los Derechos animales y temas que tendrán un profundo impacto económico, como el de las pensiones.
A día de hoy, parece ser que el nuevo documento carece de imparcialidad. No se trata de un texto en defensa de principios universales y abstractos con objeto de gestionar adecuadamente las relaciones de poder. En cierto sentido, el proyecto impone una agenda ideológica. Gabriel Boric señalaba a finales del año 2021 que «no deseaban el desarrollo de una Constitución partisana». Por desgracia, eso parece ser el resultado final que ha dado a luz la Convención Constitucional. El documento ha generado infinidad de críticas, algunas provenientes de lugares insospechados. El expresidente Ricardo Lagos señalaba, trayendo a colación las palabras de Boric, que la discusión constitucional debía continuar después del propio referéndum, indicando nuevamente que «una constitución no puede ser partisana».
Los chilenos deben aprovechar estos meses para discutir en profundidad el nuevo proyecto constitucional con ánimo de votar en conciencia el próximo cuatro de septiembre. Del resultado obtenido en el plebiscito ratificatorio, dependerá el futuro de Chile y el bienestar que han conseguido edificar durante los últimos treinta años de democracia.
