Las elites europeas acaban de aprobar en Bruselas otra norma delirante: la llamada “Ley de Restauración de la Naturaleza”, que es una norma que pretende recuperar, de aquí a 2050, un supuesto estado natural previo a la acción humana.

Las elites europeas acaban de aprobar en Bruselas otra norma delirante: la llamada “Ley de Restauración de la Naturaleza”, que es, en realidad, una norma europea que pretende recuperar, de aquí a 2050, un supuesto estado natural previo a la acción humana (o sea, la ganadería y la agricultura) y que precisamente será financiada con los actuales fondos de la política agrícola común, conocidos como las ayudas PAC.

Incluso con la oposición de la Comisión de Agricultura, el Consejo de la UE, esa institución con un claro déficit democrático que no es elegida ni votada por los europeos, ha forzado un acuerdo que sólo ha contado con el apoyo de los grupos de izquierda y de numerosas asociaciones y organizaciones ecologistas y de los lobbies de los sectores agroalimentarios, quienes, tan activa y eficazmente, medran en los pasillos de la política comunitaria.

Estas élites, bajo una aparente defensa del medio ambiente que en realidad les es indiferente, pretenden eliminar progresivamente la agricultura y la ganadería familiares, allanando el camino para que empresas multinacionales del sector agroalimentario, como Monsanto, Cargill, Syngenta o fondos multimillonarios acaparen progresivamente la producción, control y comercialización de todo lo relativo al sector agroalimentario. Se puede ver, por ejemplo, cómo en los Países Bajos el Estado está llevando a cabo una compra masiva de granjas ganaderas para cerrarlas bajo la excusa de “eliminar la contaminación”. La medida ha sido respaldada por los influyentes grupos ecologistas que, cual mercenarios, están subvencionados por esas élites y que argumentan que, sin actividad ganadera, se contribuye a la lucha contra el calentamiento global y a la racionalización del uso del agua.

Se hace necesario cuestionarse qué se persigue con las políticas agrícolas en Europa en los últimos años y cómo es posible que exista esta anómala y antinatural convergencia de inversores millonarios, empresas multinacionales que cotizan en las bolsas mundiales, fondos de inversión del sector de la alimentación y, por otro lado, grupos ecologistas y el espectro político de la llamada izquierda. Todos alineados para controlar, poner trabas de forma progresiva a la agricultura tradicional de carácter familiar o que se realiza a través de pequeñas empresas.

Los objetivos de estos grupos son diferentes pero las consecuencias son las mismas. Por el lado de los llamados políticos “progresistas” se pretende controlar aún más la propiedad y la producción de alimentos, limitando al máximo la autonomía individual y dirigiendo el uso que se hace de la tierra y de los recursos naturales. En el caso de los fondos de inversión o las empresas multinacionales, como Monsanto o Cargill, aquellas corporaciones que controlan los mercados de cereales, carne o semillas, su intención es que, sin los pequeños productores, el control de la producción y la distribución de los productos se hará más fácil, eficiente y con una dimensión global. Lo que sucede a escala global con las bananas o las piñas, en manos de dos o tres compañías, sucederá con todos los alimentos de nuestra cesta de la compra. Y todo con el beneplácito de esos grupos ecologistas de alquiler a los que la prensa les ha dado una autoridad moral para hablar de sostenibilidad, pero que se quedan mudos ante las tropelías de multinacionales y de conglomerados, que son a los que les deben su financiación.

Por estos políticos, bajo la aparentemente beneficiosa Agenda 2030, en Europa no será posible que un agricultor siembre tomates, ajos o cebada. Los cultivos serán los que se decidan desde Bruselas a través de sus terminales en las administraciones estatales y autonómicas. Se cultivará con las semillas que se determinen, con las condiciones de riego, de abono de plazos y con las restricciones económicas de costes e ingresos que se planeen.  Y esto no es el futuro. Con las trabas que se imponen paulatinamente, los requisitos de notificación, las sanciones continuas, ya es prácticamente imposible que un ganadero pueda iniciar la actividad si no es con la financiación externa y con la propiedad de su granja en manos de grandes empresas o fondos de inversión.

Pero no se preocupen, esto no se llamará comunismo; todo se justificará en la sostenibilidad, en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de la actividad agrícola y seguridad alimentaria. Igual que bajo la excusa de la sequía se restringe el uso del agua en la agricultura y la ganadería mientras se aprueba para otros fines, como la refrigeración y mantenimiento de instalaciones solares, campos de golf o turbinar para producir electricidad. Todo siempre en la dirección de que el acceso al agua, como la tierra, estará reservado a aquellos que puedan ser graciados por las administraciones.

El nuevo modelo exige un cambio de paradigma que tendrá implicaciones sociales y culturales que, para el campo, supondrá una revolución sin precedentes. De un entorno de propietarios y productores vinculados a la tierra y a su medio social y cultural, se pasará a un modelo de grandes empresas multinacionales con empleados temporales, precarios y foráneos y con un nulo arraigo en esas tierras. El esquema corporativo anglosajón, con unas pocas empresas controlando los precios, se impondrá paulatinamente a costa de los pequeños productores. La tierra, las semillas, el agua y los medios de producción estarán en manos de unos pocos. Sobre el papel, todo estará regulado por unas administraciones que, en realidad, serán meras correas de transmisión de las élites de Bruselas y de los lobbies que las alimentan, gracias a una enrevesada y ambigua legislación que no obedece a la voluntad popular sino a los intereses de esos grupos de poder.

En España los medios de comunicación y los dos partidos principales han abrazado estas iniciativas bajo la excusa de la lucha contra el cambio climático, la Agenda 2030 y la convergencia con Europa. En lugar de defender y proteger un sector productivo y de apoyar a aquellos que fijan población en la llamada España vacía, las sucesivas políticas agrícolas hacen cada vez más difícil la viabilidad económica del sector primario. En el caso de Castilla-La Mancha ya ni se esconde la posibilidad de la expropiación forzosa de tierras con la nueva ley de terrenos, la cual permite a la administración forzar la venta de un terreno si su uso no obedece al designado por la Administración y en las condiciones que se dicten.

El panorama no puede ser más sombrío. Las actividades agrícola y ganadera se ven amenazadas en Europa en general y en España en particular por esa siniestra pinza formada por elites y fondos multimillonarios y, por el otro, políticos de izquierda y organizaciones ecologistas. Por desgracia, en nuestro país, para las elites políticas, la agricultura familiar es un mal menor que hay que soportar y en su modelo social y económico, el sector primario directamente sobra. Apoyados en los Foros de Davos o en la Agenda 2030, el proceso parece imparable; se elaboran leyes, reglamentos, directivas, ordenanzas que, en realidad, son trabas administrativas, exigencias burocráticas que, por ejemplo, exigen a personas que nunca han trabajado en una oficina, la cumplimentación de trámites digitales con una Administración que, lejos de protegerles, por la vía de los hechos consumados, intenta extinguirlos.

¿Se puede hacer algo contra esto?  Es el momento de que el campo español sea consciente de esta amenaza y de cuáles son las alternativas políticas que, en efecto, existen. El horizonte para el sector primario debe pasar por un giro de 180 grados en las políticas agrícolas. Se debe apoyar la producción nacional, extender el regadío, acabar con la competencia desleal de países terceros y desarrollar el potencial agrícola y alimentario de España a partir de sus agricultores y ganaderos. El sector primario no debe ser un estorbo o un problema sino una palanca de crecimiento y futuro para el país en general y el ámbito rural en particular.

La solución no puede basarse en pequeños ajustes, discursos vacíos o fotos de políticos en un tractor en la campaña electoral. El campo español necesita una visión de futuro que debe venir de una visión de país en donde se favorezca la producción y las prioridades se fijen con la máxima de beneficiar a su gente y no a agendas establecidas por élites globales, políticos progresistas o grupos ecologistas y medios de comunicación a sueldo de los anteriores.

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