Bajo la apariencia piadosa de luchar contra el fraude, los conflictos de intereses y la corrupción, esconde un arma financiera de tal potencia que bien podría marcar un punto de no retorno: el de la federalización a marchas forzadas, el de la erosión permanente de la soberanía nacional y el de la imposición ideológica de unos “valores comunes” a golpe de talonario.

El aluvión de noticias que engullimos a diario no informa, más bien aturde, amnesia e impide poner hechos en perspectiva. Así, las tragaderas ciudadanas crecen exponencialmente al son de los algoritmos hasta transformarnos en ciudadanos pasivos a la merced de relatos mediáticos precocinados, a veces hipnóticos. A su sombra, algunos dirigentes disponen de un bulevar para cometer, sin despeinarse, auténticos atropellos democráticos. La indolencia social hacia Pedro Sánchez es un perfecto ejemplo de tolerancia borreguil, pero no es el único. Últimamente, la Unión Europea también se aprovecha de la pasividad ciudadana para chantajear sin reparos a golpe de talonario sin que nadie se inmute.

Hablamos de un hecho sin precedentes cuya gravedad está camuflada en un relato bien hilado de eslóganes engañosos y con el estilo tecnocrático marca de la casa. En Bruselas lo llaman “condicionalidad de los fondos europeos” o “protección de los intereses financieros de la Unión”. Quizás conviene llamarlo autoritarismo financiero, o cómo transformar el presupuesto europeo en arma de chantaje político, en látigo ideológico y en pretexto para apropiarse competencias nacionales. Sobre todo, si los conejillos de indias se llaman Polonia y Hungría. La crisis derivada de la guerra en Ucrania ha puesto en bandeja la ansiada ocasión para aplicar un escarnio poco disimulado.

Veamos. A raíz de la pandemia, la UE se dota de un presupuesto extraordinario para relanzar la economía europea y, por primera vez, acude como tal a los mercados para endeudarse en nombre de los Estados miembros. Un momento “Hamilton” en referencia a uno de los padres de Estados Unidos, divagan los más federalistas. A renglón seguido, también adoptan un reglamento que bajo la apariencia piadosa de luchar contra el fraude, los conflictos de intereses y la corrupción, esconde un arma financiera de tal potencia que bien podría marcar un punto de no retorno: el de la federalización a marchas forzadas, el de la erosión permanente de la soberanía nacional y el de la imposición ideológica de unos “valores comunes” a golpe de talonario.

Así lo temieron Polonia y Hungría, los habituales centinelas de esta Europa mesiánicamente autoritaria, asumiendo además que éste reglamento les estaba personalmente dedicado. Entonces ejercieron su derecho de veto y exigieron garantías a sus socios para evitar que la “lucha contra el fraude” y la defensa del “estado de derecho” se convirtiera en un látigo ideológico y arbitrario. Las obtuvieron en los Consejos europeos de junio y diciembre de 2020 bajo la forma de unas pautas precisas y garantistas que, visto lo visto, han quedado en papel mojado.

Porque a día de hoy, al observar con cierto detenimiento la aplicación de esta nueva política de confiscación de fondos contra Hungría y Polonia, saltan a la vista sobrados motivos de preocupación y una pregunta clave: con la excusa de la lucha contra la corrupción, el estado de derecho y la defensa de los “valores comunes” ¿se está transformando la Unión en un régimen de autoritarismo financiero?

Para muestra, dos botones, los de siempre. Polonia se desangra en su apoyo a Ucrania. Dos millones de refugiados (auténticos, los que huyen de guerras al país más cercano, no los travestidos por ONGs) y ni un solo descampado con tiendas de campaña. Ayuda humanitaria y militar, constante y costosa. Un país que sufre las embestidas de la inflación como todos pero que solo obtiene de sus socios europeos aplausos, palmaditas y likes. Porque fondos europeos, de momento, ni un euro. Y nadie los espera hasta el desenlace de las elecciones de este otoño, ya que la UE ya no tiene ni el pudor de disimular que son una baza electoral para impedir que repita la coalición actual.

La Comisión ni siquiera se ha molestado en lanzar el procedimiento de condicionalidad. Le basta con declarar que los objetivos del Plan de Inversión presentado por Varsovia no cumplen con las reformas del poder judicial reclamadas por Bruselas sin tener una competencia clara al respecto. Una mezcla jurídicamente creativa e inédita entre el tocino y la velocidad también llamada arbitrariedad. Y la excusa perfecta para retener todos los fondos que Europa adeuda a Polonia: unos 100.000 millones de euros, según los cálculos más pesimistas.

Segundo ejemplo, Hungría. En el caso de Orbán, la Comisión sí se tomó la molestia de abrir un procedimiento para inaugurar su nuevo juguete. Y lo hizo con unas ganas evidentes de que se le vea el plumero anunciándolo dos días después de la cuarta victoria electoral de Orbán. Desde entonces, se inició una saga en la que la Unión maneja el látigo de los fondos europeos con el margen de maniobra que le permite un sinfín de zonas grises, de ambigüedades y de “creatividad” en la interpretación de textos voluntariamente opacos. Todo esto, no se rían, en nombre del “estado de derecho”.

Le ahorraré al lector la letanía de condiciones abusivas que la UE impone y que Hungría acepta a regañadientes al albur de la crisis económica. Hasta omitiré otras que, todo sea dicho, tienen sentido y están jurídicamente sustentadas. Solo me detendré en el último episodio del culebrón, por ser el que más nítidamente retrata la sed de vendetta de los que tienen la sartén financiera por el mango: la exclusión de dos tercios de las universidades húngaras del programa Erasmus. Tal cual: a partir de septiembre, 180 000 estudiantes húngaros quedarán excluidos de este programa insigna, el más popular, el que mejor habla de Europa, el que nunca nadie se atrevió a politizar. Mientras tanto, Turquía seguirá siendo un país miembro de pleno derecho y sus estudiantes podrán viajar, aprender, conocer y pasárselo bien. En la modalidad Erasmus Mundus, estudiantes de Venezuela, Irán, Arabia Saudí o Nigeria, también. Pero de Hungría, no.

Y qué delito de alta traición merece semejante castigo, qué atentado contra el “estado de derecho”, contra “los valores europeos” o qué fraude de fondos europeos han cometido estas universidades? Ninguno. La UE se limita a suponer que sus consejos de administración en los que hay algún ministro, podrían (¿tal vez, quizás, quién sabe?) tener consecuencias negativas sobre el presupuesto de la Unión. Y qué mas da si esos consejos de administración no gestionan ningún fondo europeo, ¿no? Lo importante es encontrar un pretexto, por muy grotesco que sea.

En definitiva, una patada en toda regla a la presunción de inocencia, secuestrando el futuro de miles de estudiantes en nombre del estado de derecho. Que baje Orwell y lo vea, y de paso, Kafka también. Pero no para que nos rasguemos las vestiduras, no sólo, porque esto es solo el principio y cualquier gobierno conservador que se niegue a tragar dogmas puede ser la próxima víctima de este juguete en manos de aprendices de brujos cegados de “buenas intenciones”.

Es indispensable revocar este reglamento que potencialmente, puede hacer volar la UE en pedazos. Cualquier acuerdo de coalición en el que partidos conservadores sean parte tendría que incluir la retirada inmediata de esta legislación por parte de la Comisión europea, y la propuesta de otro que luche contra la corrupción de verdad, no que la tome como un cínico pretexto. Un nuevo instrumento que, de paso, respete el estado de derecho, en vez de pisotearlo.

Descargue el artículo completo clicando en el siguiente enlace.