¿Cómo países abiertamente contrarios a la libertad, al Estado de Derecho y a la protección de los Derechos y Libertades de las personas forman parte de un organismo internacional comprometido con la protección de dichos derechos?

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es un organismo intergubernamental creado para responder a dos grandes objetivos: Por un lado, observar la situación de los Derechos Humanos (DD.HH.) a nivel planetario; Por otro, denunciar toda aquella acción o situación que amenace la estabilidad y existencia de dichos derechos. Sin embargo, cuando analizamos la composición del Consejo, sus miembros activos, observamos la doble moral que permea la organización en estos tiempos marcados por la corrección política y el buenismo.

A día de hoy y hasta el año 2022, países como Sudán, Filipinas, Nigeria o Venezuela, forman parte del Consejo que se supone debe defender los Derechos Humanos en el mundo. La situación es, como el lector puede deducir, contradictoria. Confiar la protección de nuestras libertades a naciones que pisotean las mismas cotidianamente no parece la mejor solución para responder a los importantes desafíos que enfrentan la mayoría de sistemas políticos en la actualidad. Y eso, desafortunadamente, es lo que sucede en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.  

Sudán sigue sufriendo conflictos armados en su geografía. Nigeria, además de soportar la violencia del yihadismo radical de Boko Haram, padece conflictos étnicos de todo tipo que fomentan una violencia impune con un elevado coste en vidas humanas. Pero además, en el citado país africano, las libertades de reunión y asociación se encuentran muy debilitadas, con un gobierno que propina torturas de todo tipo a sus ciudadanos y que actúa bajo un manto de impunidad. En definitiva y como señalábamos líneas atrás, no parece que estas naciones estén “cualificadas” para ser parte de un Consejo comprometido con la protección de los DD.HH. y las libertades civiles.

Por la cercanía cultural que dicha nación tiene con España, es muy preocupante que un país  como Venezuela forme parte de dicha organización. Es nuevamente la expresión de una contradicción, pues el 16 de septiembre de este año, la ONU produjo un informe resultado de una misión independiente señalando el drama que vive el país desde hace ya más de diez años. El documento generado señalaba en un escrito de más de cuatrocientas páginas que en la citada nación iberoamericana han tenido lugar ejecuciones extra-judiciales, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y torturas. En definitiva, todos aquellos que se consideran opositores al régimen autoritario encabezado por Nicolás Maduro se encuentran en peligro.

¿Cómo puede suceder todo lo anterior? Es decir, ¿Cómo países abiertamente contrarios a la libertad, al Estado de Derecho y a la protección de los Derechos y Libertades de las personas forman parte de un organismo internacional comprometido con la protección de dichos derechos? Quizás la ONU quiera integrar a países como Sudán y su nuevo presidente. Quizás desee, de la mano de la integración, influir en la toma de decisiones interna con objeto de transformar estas naciones y acercarlas a la democracia. Sea como fuere, definitivamente el modelo no funciona. No es correcto desde un punto de vista político (tampoco ético) integrar en el Consejo de Derechos Humanos a naciones que abiertamente están contra el pluralismo, la democracia, la división de poderes y los derechos y libertades de las personas.

La ONU se hace un flaco favor promoviendo este tipo de sistemas. Lo anterior, solo contribuye, al igual que con la crisis provocada por el COVID 19, a dinamitar la imagen de una organización internacional caduca, plagada de política y de políticos, de ideologías de otro tiempo y de burócratas que viven a costa de la riqueza generada por otros. Un establishment internacional que además de promover medidas a todas luces equivocadas y contra el sentido común, no responde a los objetivos que ella misma se adjudica. Difícilmente se puede proteger la vida de las personas sometiéndose a la narrativa proveniente de China en relación al tratamiento y gestión de la pandemia generada por el coronavirus. De la misma manera, poca credibilidad tendrá un organismo comprometido con la defensa de los Derechos Humanos, cuando en su seno interactúan en las reuniones dirigentes que oprimen a sus pueblos un día sí y otro también. Guste o no a los burócratas internacionales de la ONU, es poco creíble que el Gobierno de Venezuela o el presidido por Rodrigo Duterte en Filipinas, ambos a la izquierda del espectro político, asuman la protección de las libertades. La contundencia contra el autoritarismo y el compromiso con la división de poderes y el Estado de Derecho deberían ser líneas maestras a la hora de cualificar quién sí protege las libertades de las personas y quién, con sus acciones cotidianas, destruye Derechos y libertades.