En Gotemburgo, la segunda ciudad más grande de Suecia, el ayuntamiento también se pliega a las presiones de las bandas de delincuentes: en el verano de 2021, se demostró que vendían drogas a plena luz del día o almacenaban armas y drogas en propiedades municipales.

Aún hay quien, como el que escribe estas líneas, recuerda cuando nos hablaban de Suecia como del paraíso terrenal. Un país igualitario, con un Estado del bienestar boyante que redistribuía riqueza, aseguraba un nivel de vida magnífico y que además era acogedor, abierto a todo tipo de emigrantes y refugiados, a quienes se integraba con facilidad en un marco de muebles de diseño y salmón ahumado. Todo el mundo quería ser socialdemócrata a la sueca.

El asesinato del primer ministro Olof Palme (para nosotros, el amigo de Felipe González) en 1986, nos avisó de que quizás no todo era tan idílico en el paraíso escandinavo. Desde entonces todo ha ido a peor en Suecia.

Si echamos un vistazo al presente, observaremos que raro es el día en que no se produce en Estocolmo un tiroteo. Tampoco es extraño ver, en los edificios de ciertas zonas, avisos que informan de qué hacer en caso de ser atacados con explosivos: las guerras entre “gangs” están a la orden del día y la nueva normalidad, más que en el uso de la mascarilla, consiste en la constante amenaza de un estallido de la violencia.

La justicia sueca, reflejo de aquellas teorías buenistas que tanto eco encontraron no hace mucho, no contempla ninguna condena penal para menores de 15 años y lo máximo a lo que se exponen, y eso en raras ocasiones, es a cuatro años en régimen de “custodia obligatoria”. Las bandas criminales, siempre atentas, se aprovechan y reclutan a sus “soldados” entre estos jóvenes.

Casi la mitad de los habitantes de Suecia viven en la actualidad en las llamadas “zonas vulnerables”, un eufemismo que usa la policía para designar los barrios donde la mayoría de la población es extranjera o de origen inmigrante y donde las bandas criminales campan a sus anchas. Como en el barrio de Botkyrka, al suroeste de Estocolmo, donde los jóvenes de origen extranjero con dificultades en la escuela son presa fácil de estas bandas de delincuentes.

Precisamente ha sido Botkyrka el caso que ha revelado el fracaso de las políticas públicas para afrontar la integración de la creciente población de origen extranjero. La medida estrella eran los «centros juveniles», lugares donde mantener a los chavales alejados de las calles y donde supuestamente se les inculcan “valores democráticos”. La realidad es que se han convertido en bases de delincuentes juveniles. En el caso de Botkyrka, según informó la policía, los miembros de las bandas alternaban su tiempo entre delinquir y pasarse noches enteras jugando a videojuegos en el centro juvenil, ataviados habitualmente con chalecos antibalas. En una redada, con amplia repercusión mediática, se encontraron en el centro abundantes armas y drogas. Los intentos de la alcaldesa, la socialdemócrata Ebba Östlin, de cerrar el centro juvenil convertido en refugio de delincuentes se saldaron con su destitución: varias investigaciones periodísticas señalan que la dirección de su partido tiene “deudas” con las bandas criminales, un poco al estilo de lo que ha ocurrido en la Italia meridional durante mucho tiempo. Solo que en Suecia no hablamos de Mafia o Camorra, sino de “gangs” y grupos yihadistas.

Sólo así se explica lo que ocurre en Södertälje, una ciudad cercana a Botkyrka con algo menos de 100.000 habitantes. El año pasado murieron en Södertälje tantas personas como en todo Londres. La policía descubrió que las redes criminales están infiltradas en la política local al menos desde 2011. A la delincuencia más visible, centrada en la violencia y el tráfico de drogas, se une otro nivel menos vistoso, el de quienes cometen delitos financieros y actúan como infiltrados y facilitadores ante las autoridades. En Gotemburgo, la segunda ciudad más grande de Suecia, el ayuntamiento también se pliega a las presiones de las bandas de delincuentes: en el verano de 2021, un informe basado en entrevistas a 50 trabajadores del ayuntamiento demostró que éstas habían conseguido que los empleados municipales hicieran la vista gorda cuando se vendían drogas a plena luz del día o cuando se almacenaban armas y drogas en propiedades municipales. A esto se une la pasividad de la policía y los servicios sociales ante las cada vez más extendidas entre la población musulmana “prácticas de honor”, que afectan a mujeres y niños y que cuentan con el respaldo de las familias, parientes y otras personas con vínculos estrechos con las víctimas de estas prácticas. En Malmoe, tercera ciudad del país, los suecos de nacimiento son minoría: con 357.000 habitantes, el 57% nació en el extranjero o de padres extranjeros, representando a 184 nacionalidades. De los 10,5 millones de habitantes de Suecia, el 20% nació en otros países.

Sólo siendo conscientes de la gravedad de la situación, del fiasco de la Suecia “socialdemócrata, multicultural e inclusiva”, se puede entender el histórico cambio de mandato, que llevó al poder a un inédito gobierno de derechas el pasado mes de octubre de 2022. Un gobierno que cuenta con el apoyo clave de los “Demócratas de Suecia”, que con el 20% de los votos ha emergido como el mayor partido de derechas y el segundo en el Parlamento.

La tarea que tiene ante sí el nuevo gobierno no será fácil: de hecho el primer ministro sueco Ulf Kristersson ha declarado recientemente que es bastante pesimista a corto plazo. Serán clave, en cualquier caso, las medidas impulsadas por la nueva ministra de Inmigración, Maria Malmer Stenergard, encargada de aplicar lo que ella misma describe como un “cambio de paradigma en materia de asilo” dirigido a “reducir drásticamente el número de inmigrantes irregulares”.

En una entrevista en Le Figaro, la ministra ha dejado bien claro su enfoque: “Nos enfrentamos a un gran reto: integrar con éxito a los inmigrantes que ya están aquí. De momento no lo estamos consiguiendo. Por eso tenemos que reducir al máximo la afluencia de nuevos solicitantes de asilo. Hay personas que crecen hoy en Suecia sin una oportunidad real de integrarse en la sociedad, viviendo en la exclusión y en sociedades paralelas que dividen y desgarran nuestra comunidad. Tenemos que empezar a asumir responsabilidades tras muchos años de política de integración poco exigente y excesiva inmigración, que ha dado lugar a la segregación, la exclusión y al aumento de la delincuencia”.

Por el momento, las llegadas autorizadas de “refugiados” han sufrido una drástica reducción, fijándose en una cuota de 900 refugiados al año frente a los 6.400 de 2022. Ostentando Suecia este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, está por ver si decidirán tomar alguna medida para solventar lo que la misma Maria Malmer Stenergard ha calificado como “una tasa inaceptable”: de las 340.500 sentencias de retorno emitidas en 2021 en los países europeos, sólo se produjeron realmente el 21% según datos de Eurostat.

Descargue el artículo en PDF clicando en el siguiente enlace.