La agricultura, pesca y ganadería en España suponen, según datos del INE para 2022, menos del 3% del PIB nacional.

Desde hace décadas el peso del sector primario en España ha ido descendiendo hasta situarse en el 2,65% de la riqueza nacional y contar con aproximadamente 750.000 trabajadores.

Si bien el sector primario fue lo que salvó a nuestro país de las hambrunas en los años de la posguerra, hoy se enfrenta a un doloroso declive fruto de las calamitosas y suicidas políticas que se han ido siguiendo desde la transición. Bajo la excusa de las llamadas “políticas europeas”, España ha ido progresivamente perdiendo su campo ante la indiferencia, cuando no desprecio, de políticos cortoplacistas que, paradójicamente, a la vez que proponen recortar los subsidios a los combustibles agrarios, desarrollan pomposos planes para luchar contra la España vaciada.

Es propio de ignorantes no ver la estrecha relación entre el campo y la vida rural. Mientras el Gobierno favorece energías renovables que eliminan superficie de cultivo y puestos de trabajo subvencionando a empresas intensivas en capital y recursos, resulta que al sufrido pequeño agricultor se le enfrenta a un horizonte de exterminio mediante la eliminación de las ayudas y, mucho peor, mediante una continua cascada de trabas administrativas para que sea casi imposible tener un perro cuidando de un rebaño de ovejas porque lo dice una supuesta ley de supuesto bienestar animal. ¡Qué gran sentido de Estado y qué gran visión política! Para el agricultor de la tierra todo son trabas, exigencias y problemas para los que no tiene margen de maniobra, sin financiación, sin créditos NextGen, sin subvenciones; para las grandes empresas todo son facilidades, créditos ICO, subvenciones y connivencia política.

Para desgracia de los agricultores de verdad y para perjuicio de todos los españoles, el campo español está en manos de los que piden no comer carne mientras ellos no reparan en solomillos, de los que denuncian un supuesto exceso del uso del agua para limitar los trasvases mientras se autorizan que millones de metros cúbicos de agua produzcan electricidad en lugar de dedicarse al riego, de los fanáticos ambientalistas que privilegian, por ejemplo, el cultivo de insectos como forma de ingerir proteínas o que sitúan al aceite de colza producido por grandes corporaciones de forma industrial a la par que el aceite de oliva. Muy de izquierdas, muy progresistas, pero siempre favoreciendo a los Monsanto, a los Cargill y a todas las grandes empresas frente al pequeño agricultor o ganadero.

Por desgracia, ni los políticos ni los medios reparan en las consecuencias, ¿es positivo para nuestro país que los jóvenes del ámbito rural se vean obligados a emigrar a los extrarradios de las grandes urbes y que el campo quede reservado a unos pocos empleos precarios, temporales y sólo aceptables para inmigrantes? España va a pagar muy caro estos errores. En unos pocos años ya no estarán los actuales e incompetentes de turno, pero, si no se actúa, será muy tarde para recuperar demográficamente el medio rural, se habrá perdido el tejido productivo y todos estos dislates actuales habrán causado un daño irreparable en la economía, en la demografía y, en definitiva, en la propia concepción de nuestro país.

El antiguo ministro de la época de Aznar, Manuel Pimentel, lo ha denominado “la venganza del campo” según el título de su reciente libro en donde, asombrado, se pregunta cómo es posible que aquellos que son alimentados por el sector primario son los que desprecian y agreden el campo. La venganza vendrá de la mano de la escasez de productos, de la subida de precios, del vaciamiento y envejecimiento de las zonas rurales y de la pérdida de patrimonios naturales y culturales que perecerán cuando los pueblos desaparezcan. Y tiene razón. Es una cuestión de tiempo que se vea el craso error que es prescindir de terreno cultivable para poner placas solares subvencionadas, que ante crisis mundiales como la de la invasión ucraniana, se evidencie la falta de producción propia y la desventaja de no tener una soberanía alimentaria.

Desde la Transición nadie se ha preocupado del campo y de dotarlo de un futuro para las generaciones venideras para que preserven esa riqueza inmaterial de nuestra patria. ¿Cuántos años llevamos sin considerar la superficie de cultivo y su producción? ¿cuánto tiempo lleva España sin una política nacional que incremente los regadíos y busque mejorar la producción agrícola? Desde los 80, la única política ha sido eliminar producción primaria, la leche, las ganaderías, quitar cultivos… Cuando países emergentes como China, India o Arabia priorizan la soberanía alimentaria y tratan a toda costa de aumentar su producción agrícola en entornos naturales muy hostiles y sin un capital humano, nuestro país, a pesar de contar con un enorme potencial y una rica tradición, se dedica a destruir progresivamente el campo y su actividad.

Por paradójico que pueda parecer, el altar ante el que se sacrifica el sector primario español no es sólo el del ridículo y superficial wokismo; el progresivo abandono de la actividad agrícola familiar favorece la concentración de la propiedad en lo que en este foro denominamos “la perversa alianza”, donde los grandes propietarios de la industria agroalimentaria se ven beneficiados por esa izquierda supuestamente anticapitalista que, con sus políticas hostiles a la propiedad y al sector primario, expulsan progresivamente a los pequeños propietarios para dejar el campo y la producción alimentaria en manos de fondos de inversión y de grandes grupos multinacionales con los que no pueden competir en eficiencia y rentabilidad. Esto sin mencionar el grado de intensidad y perjuicio al medioambiente en cuestión de biodiversidad, ya que la agricultura intensiva practicada por las grandes empresas es mucho más dañina para el medio ambiente que la agricultura tradicional practicada por los pequeños agricultores, que es mucho más sostenible y arraigada al territorio.

Y no sólo subirán los precios de la alimentación, también tendremos que resignarnos a consumir lo que Nestlé o Monsanto decidan y les salga rentable y los españoles podremos sólo alimentarnos como hoy es alimentado el ganado: con piensos sintéticos y químicos patentados y, eso sí, producidos en otros países y con atractivos embalajes en muchos idiomas.

Ojalá no sea así. Hay otra forma de hacer las cosas y hay otras políticas que se deben aplicar urgentemente. El campo español debe considerarse como lo que es: un activo fundamental de nuestro país que puede y debe contribuir a la riqueza económica y a la soberanía alimentaria como lo ha hecho a lo largo de la historia. El sector agrícola debe potenciarse en lugar de castigarse y fomentar el valor añadido que proporciona el campo en términos sociales, culturales y medioambientales.

Nuestro país debe continuar siendo una potencia agroalimentaria mundial y ello no será posible si el sector primario agoniza. Hoy en día la balanza agroalimentaria muestra cómo, a pesar del acoso regulatorio, la balanza comercial agrícola en España es positiva en más de 17.000 millones de euros.

Balanza comercial agrícola de España:

Fuente: Statista 2024

Y es que, a pesar de reducirse progresivamente la superficie de cultivo y de todas las trabas que hemos comentado, aún seguimos siendo capaces de producir y de hacerlo con calidad.

Imaginémonos lo que podría ser el campo español si España tuviera buenos políticos y acertadas políticas que fomentaran la producción, que facilitaran el regadío mediante desalación masiva y la comunicación de las cuencas hídricas, que incentivaran la actividad económica con ayudas a los pequeños agricultores y que, en definitiva, defendieran al campo de la misma forma que se protege, por ejemplo, al cine español.

Estamos aún a tiempo de evitar que el campo español y su forma de vida queden extinguidos y pasen a ser un mero recuerdo del pasado con fotografías en las salas costumbristas de museos regionales o en los álbumes familiares.

Se lo debemos a muchas generaciones que nos han precedido y a las que vendrán.

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