Además del perjuicio permanente a la industria nuclear española, el español medio paga hoy en torno a 200 euros el MWh mientras las centrales existentes ofrecen al mercado 7.400 MW de energía al precio de 45 euros/MWh.

El pasado 14 de mayo de 2021, entre grandes aplausos y con el único voto en contra de VOX, el Congreso de los Diputados aprobó una ley de emergencia climática que obliga a España a reducir sus emisiones de CO2. Para 2030 deben descender un 23% con respecto a los niveles de 1990 y, atención, según el compromiso con rango de ley, para 2050 se establece que el 100% de la electricidad procederá de fuentes que no emitirán CO2.

Hace casi cuarenta años, entre similares ovaciones y con el rodillo de la mayoría absoluta, otro gobierno socialista, el de Felipe González, introdujo la llamada moratoria nuclear por la que España paralizó y canceló los planes para la construcción de siete centrales nucleares. Los aplausos de entonces no anticiparon unos costes brutales de más de 15.000 millones de euros a precios actualizados que tuvieron que ser aportados por los españoles en la factura de la luz durante muchos años para evitar la quiebra del sector eléctrico. Además del perjuicio permanente a la industria nuclear española, el español medio paga hoy en torno a 200 euros el MWh mientras las centrales existentes ofrecen al mercado 7.400 MW de energía al precio de 45 euros/MWh. Qué diferente sería el panorama actual si España no hubiera prescindido erróneamente de esos reactores y, en lugar de tener una potencia instalada de 7.400 MW, tuviéramos el doble, a precios baratos y sin dependencia exterior.

Pero volvamos al presente. En primer lugar, es necesario subrayar que la contribución española a las emisiones globales es prácticamente insignificante (inferior al 1% global) y los compromisos adquiridos son muy cuestionables ya que implican, a priori, un aumento de los costes de generación, una menor competitividad económica y, además, la práctica renovación de todo el sistema eléctrico español y de sus infraestructuras de transporte.

Pretender sostener el sistema eléctrico sobre fuentes de suministro exclusivamente renovables y dependientes de la climatología no es creíble. Basta con evidenciar la enorme proporción de producción eléctrica renovable que hoy recibe primas y ventajas en la liquidación de mercado. ¿Cómo puede hablarse de reducir los precios de la energía si progresivamente se va a prescindir de las fuentes de producción que son las que financian a las renovables?

El Gobierno español mantiene obsesivamente su objetivo de cerrar los siete reactores nucleares existentes en España y que producen casi el 25% de la energía eléctrica anualmente consumida. Y esto a pesar de que la energía nuclear tiene las menores emisiones de CO2 a lo largo de la vida útil de las instalaciones en comparación con cualquier otra tecnología.

Los reactores nucleares son la mayor fuente de generación eléctrica libre de carbono en muchos países como Estados Unidos o Francia. De hecho, Macron ha anunciado recientemente la adición a su gigantesco parque nuclear de 6 grandes reactores con diferente tecnología, el desarrollo de minirreactores modulares (SMR) y la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares existentes. El motivo es simple: más autonomía, menos emisiones y más energía barata.

En España, el Gobierno se limita a su mantra de “sólo renovables” que, además de prácticamente imposible desde el punto de vista técnico, será extremadamente caro. Erróneamente, este gobierno y los ecologistas aplican un criterio de coste unitario por producción del kWh sin tener en cuenta los costes para actualizar y operar la red que hoy no tiene capacidad para evacuar y transportar una potencia intermitente y de baja intensidad.

Cualquier modelo de planificación energética debe tener en cuenta una potencia de base, electricidad masiva a partir de fuentes propias, económicas y no condicionadas a la climatología. Sustituir la generación de base existente (carbón, gas y nuclear) por renovables será extremadamente costoso sin la energía nuclear. El Gobierno se equivoca planteando una supuesta elección entre nuclear y renovables sin ver que, al contrario, existe una complementariedad que se intensificará con la mayor flexibilidad que ofrecerán los reactores SMR para para equilibrar el sistema de transporte.

Las renovables no deberían ser un fin en sí mismo. Junto a la nuclear, ambas fuentes tienen que ser el medio para conseguir un sistema energético seguro, económico, sostenible y que reduzca la sensibilidad de la economía española a las variaciones de precios de los hidrocarburos en los mercados internacionales mediante una mayor autonomía energética.

España no debe cometer el mismo error que hace cuarenta años. De no haberse suprimido el ambicioso programa nuclear, hoy tendríamos unas fuentes de energía con menor dependencia exterior, una industria exportando conocimiento y un coste de la electricidad en torno a un 50% más económico. ¿Cuánto nos ha costado y nos está costando no haber proseguido en el programa nuclear de los años 70 y 80?

Francia, con diferentes gobiernos tiene en la energía nuclear su medio para la descarbonización y para mantener el interés nacional con una fuente de energía masiva, barata y propia.  ¿A qué esperamos en España?

No podemos permitir que estos ridículos aplausos parlamentarios traigan de nuevo cargas adicionales y perdamos una oportunidad para reducir la dependencia exterior, los costes de producción eléctrica y, sí, también, las emisiones de CO2. 

Sería de nuevo un grave error prescindir de los reactores nucleares existentes justo cuando más los necesitamos.