Es esencial que España enmiende el camino seguido en las últimas décadas y trabaje para desarrollar un parque de generación con capacidad masiva para asegurar un suministro energético seguro, estable y asequible.

Todos los sistemas eléctricos basan su operación en un ajuste dinámico de la demanda y la oferta de potencia en la red. Este ajuste se produce de forma continua y en tiempo real a partir de unas predicciones de consumo y de una planificación de generación eléctrica. Desde el origen mismo de las redes eléctricas, las empresas operadoras han buscado vías para mitigar el riesgo de una caída total de la red debida a la falta de capacidad para satisfacer la demanda y, tal y como se demostró en los años 2001 y 2002 con los apagones de California, este riesgo es real y su gestión pasa por moderar y reducir de forma selectiva la demanda de potencia para evitar una caída total del sistema.

En el caso de España, desde finales de los 90, y posteriormente en el año 2000, se estableció un marco legal para que la compañía Red Eléctrica, la operadora de nuestro sistema de transporte de electricidad, pudiera interrumpir el suministro de forma temporal a grandes consumidores en ciertos escenarios puntuales de falta de capacidad del sistema peninsular español para generar suficiente potencia y, a cambio, se establecían unas compensaciones para estas industrias que voluntariamente se acogían a este mecanismo que se denominó “servicio de interrumpibilidad voluntaria”.

El servicio de interrumpibilidad era por tanto una medida de carácter preventivo con el que el operador de red podría flexibilizar la operación en determinados momentos puntuales de forma que se cortase el servicio a determinados consumidores para poder mantener así el equilibrio entre oferta y demanda, es decir, entre generación y consumo de potencia. La compensación a las empresas o industrias acogidas a este servicio se imputaba a los costes totales de la provisión de servicio y, por tanto, la pagaban y la pagan todos los consumidores en la tarifa eléctrica.

Este servicio fue reformado en el año 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy con la que se denominó “la solución Alcoa”; llamada así por el nombre de una gran industria de aluminio que, ante los costes crecientes de la electricidad, amenazó con cesar completamente su actividad en Galicia. Desde el Ministerio de Industria se legisló para que se realizasen de forma periódica subastas de interrumpibilidad, pero con la novedad de que la activación de estos cortes de suministro no sólo podía deberse a un exceso de demanda sino, también, a unos niveles de precios específicos, de forma que la gran industria podría cesar su actividad en esas circunstancias. Este servicio supuso entonces un coste aproximado de 500 millones de euros anuales y se convirtió en la práctica en una subvención encubierta para el sector industrial electrointensivo que, a pesar de ello, y en el caso concreto de Alcoa, no sirvió para reducir los costes totales de forma que, al final, esta empresa ha ido progresivamente reduciendo su actividad en España y ha vinculado la continuidad de sus operaciones a la reducción de los costes energéticos. En efecto, como no puede ser de otra forma y aunque se quiera ignorar en el Ministerio de Industria, los costes energéticos se pagan en competitividad y con desindustrialización y pérdidas de empleo.

El año pasado, concretamente el 20 de septiembre de 2022, ya con el PSOE en la Moncloa, se publicó el Real Decreto-ley 17/2022 por el que se adoptaban medidas en el ámbito de la energía y que, entre otras cuestiones, establecía la regulación del Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), sustituto del anterior servicio de interrumpibilidad y que no ha variado gran cosa excepto en determinadas limitaciones como la exclusión de la pequeña demanda, los consumidores domésticos o la de las actividades de acumulación y/o almacenaje de energía.  La próxima subasta se celebrará en torno al 4 de diciembre, cubrirá todo el año 2024 y fijará la interrumpibilidad en 1.812MW que contrasta con los 497MW adjudicados en 2023.

Y esto es lo preocupante. Puesto que las necesidades energéticas de España disminuyeron en 2022 hasta aproximadamente 250.000GWh, es decir, los valores de hace 18 años, cabría esperar que fuera más sencillo (y económico) satisfacer esta demanda en el entorno actual de creciente inversión en energías renovables, las cuales apenas tienen costes operativos y con un creciente peso de estas tecnologías en el mix de producción eléctrico.

La realidad es bien distinta: si bien la demanda de energía en nuestro país ha disminuido ligeramente y hoy es aproximadamente un 2,5% inferior a la de 2019, España, bajo la excusa de la necesaria reducción de emisiones de CO2, ha prescindido por motivos políticos de centrales eléctricas que utilizaban el carbón e incluso ha autorizado el cierre de plantas de gas natural haciendo menos flexible la oferta de potencia a la red y creando una mayor dependencia de fuentes de generación intermitente y dependientes de la situación meteorológica. Evidentemente el sistema queda con menos capacidad de respuesta y con más incertidumbre en situaciones de alta demanda. El problema real del mercado eléctrico no es por tanto y simplemente el encarecimiento de los precios ligados al sector energético sino el hecho de no tener certidumbre de que con el parque de generación actual se pueda satisfacer el pico máximo de potencia. A diferencia de lo que cabría esperar, por causas políticas, España se hunde paulatinamente en una creciente precariedad energética que tendrá como consecuencia un nivel más elevado de precios y una menor seguridad de suministro que nos afectará a todos.

Está claro que la interrumpibilidad de suministro una salvaguarda de la red y conceptualmente es positivo pero, cuando el incremento para 2024 de potencia susceptible de ser interrumpida crece más de un 200% con respecto a los niveles de 2023, esto indica algo mucho más grave y es, al fin y al cabo, nuestro canario en la mina; una clara y dolorosa evidencia de las tensiones crecientes en el sistema eléctrico español y de los riesgos reales de incapacidad de satisfacer la demanda de potencia. El parque español de generación eléctrica pierde progresivamente capacidad y flexibilidad con la entrada de generación renovable y esta nueva potencia instalada no es suficiente para compensar la eliminación de potencia convencional por decisiones del gobierno. La realidad es que empresas como Alcoa, con consumos intensivos de electricidad, no buscan ni quieren los ingresos extra que les suponen los servicios de interrumpibilidad; lo que precisan estas empresas es electricidad segura y asequible que les permita planificar e invertir a largo plazo.

Frente a las cuestiones climáticas o ambientales, como en cualquier país, la planificación energética se debe realizar situando el centro de gravedad en la propia economía española y considerar que los empleos que generan empresas como Alcoa o tantas otras sólo se pueden asegurar con unos costes energéticos viables y competitivos. ¿Para qué queremos más y más energía renovable si los precios de la luz siguen subiendo y siguen dañando nuestra productividad?

Es esencial que España enmiende el camino seguido en las últimas décadas y trabaje para desarrollar un parque de generación con capacidad masiva para asegurar un suministro energético seguro, estable y asequible. De no hacerlo, mantener el esquema actual de progresiva entrada de energía renovable, sólo servirá para dificultar la operación del sistema, aumentar los precios y, al final, empobrecer a la sociedad española. Es crucial una inversión continua en tecnologías de generación masivas y seguras que sean económicas y reduzcan los costes energéticos de familias y empresas. Para ello se ha de de dejar en segundo plano la cuestión medioambiental o de cambio climático y concentrarse en marcos regulatorios que favorezcan la inversión y que eviten sumir a España en una precariedad energética que tendría graves consecuencias tanto para la industria como para los consumidores en general.

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