España es un país cuya dependencia energética del exterior se sitúa por encima del 70% puesto que nosotros apenas producimos un tercio de la energía final que se consume y, lo más grave, esta situación no tiene una perspectiva positiva.
Uno de los males más comunes de los españoles es lamentarse demasiado tarde de situaciones que se podrían haber evitado.
Mientras asistimos resignados a un alza continuada de los precios de la energía eléctrica, han pasado sorprendentemente desapercibidas noticias como las del apagón definitivo de una de las principales centrales eléctricas de Andalucía , los pasados cierres de centrales térmicas o los futuros cierres de centrales nucleares por “no ser rentables” cuando ofrecen su energía en el mercado a coste prácticamente cero.
El motivo aparente para el Gobierno y las empresas generadoras es el objetivo de descarbonización de la producción energética amparándose en los “compromisos de la Agenda 2030” . Los motivos reales son bien diferentes. ¿Dejaría de producir una empresa un bien cuyo precio está incrementándose? ¿Permitiría un Gobierno decente que se dejase de producir electricidad en un momento de precios récord y generando falta de competitividad en la Industria y, por tanto, desempleo?
La realidad es que, por un lado, para las empresas generadoras, se trata de un mercado cautivo y con una estructura de precios marginalista en el que todos los productores son retribuidos al precio de corte más elevado del mercado. Es decir, cuanto mayor sea la carestía, mayor es el precio y mayor el beneficio. Y, después, qué decir de un Gobierno que reclama para sí mismo un reconocimiento por escenificar una estrategia “verde” de cara a Europa que consiste en tomar medidas cosméticas que elevan la precariedad energética española mediante energías más costosas y con menos disponibilidad.
Pero lo más frustrante es que en estos días no se hable de una cuestión básica: La baja capacidad de España para autoabastecerse de energía y su enorme dependencia del exterior.
La dependencia energética se define como la proporción de energía primaria que un país necesita importar para poder abastecerse, ya sea en forma de calor, electricidad o para el transporte. Esta dependencia del exterior tiene consecuencias en la dificultad para garantizar un suministro continuo y económico lo cual, a su vez, genera en primer lugar una vulnerabilidad geopolítica (como se está viendo en las negociaciones con Argelia para el suministro del gas) y, también, una tremenda inestabilidad en los precios de abastecimiento del exterior y de suministro en el interior generando desequilibrios en la balanza comercial y mermas en la competitividad industrial que se traducen en mayor desempleo.
Según los datos existentes proporcionados por el INE, la dependencia energética del exterior de España se sitúa por encima del 70% puesto que en nuestro país apenas se produce un tercio de la energía final que se consume y, lo más grave, esta situación no tiene una perspectiva positiva.
Tal y como se aprecia, en las últimas décadas las políticas energéticas en España no han reducido la dependencia exterior y este es el verdadero fracaso de modelos, de sistemas, de planes estratégicos, de libros blancos, verdes o cómo se les quiera llamar.
La dura realidad es que desde los primeros años 80, las políticas energéticas han sido erráticas y han resultado en una mayor dependencia exterior, en unos precios superiores y sólo han tenido unos beneficiarios: los proveedores internacionales y los beneficios de las empresas energéticas, algunas de ellas antes propiedad del Estado y hoy en manos de grupos extranjeros.
Este problema que es común a casi todos los países europeos es, en el caso de España, más agudo por su situación geográfica, su bajo nivel de interconexión con Europa y por su estructura económica basada en el sector terciario. Como se puede apreciar en la siguiente tabla, España se sitúa entre los países con niveles más elevados de dependencia energética y es uno de los que peor evolución tiene desde los años 90.
A diferencia de, por ejemplo, lo que ha sucedido en países como Estados Unidos o Portugal. En España no se ha abordado esta cuestión desde una perspectiva de realista, madura y que priorice el interés nacional. Ningún Gobierno en los últimos años ha sido capaz de enfrentarse a la realidad de que el abastecimiento energético en un país con escasos recursos naturales precisa una diversificación de tecnologías, una búsqueda de fuentes de suministro y un marco regulador que favorezca la inversión en innovación y en mayor capacidad de generación.
Es cierto que se ha instalado capacidad de generación eléctrica renovable (eólica y solar) y que, de hecho, en 2021la primera fuente de generación eléctrica se prevé que sea la eólica pero las fuentes renovables no son suficientes para abastecer la demanda de una forma competitiva en un contexto donde, por ejemplo, inexplicablemente se ha prescindido del carbón nacional (liquidando miles de puestos de trabajo), de centrales nucleares y se han suspendido proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos o de otros recursos energéticos . ¿Es esto una política coherente con la situación de vulnerabilidad energética? Y mucho peor, ¿cómo puede ser aceptable una progresiva sustitución de la energía nuclear por fuentes cuya oferta de capacidad está supeditada a elementos no controlables como es la climatología y para las que no existe una red de transporte que pueda absorber la generación intermitente y descentralizada que suponen las energías renovables?
Potencia instalada vs. Energía generada (2020)
La realidad es tozuda: mientras la energía nuclear cuenta con una potencia instalada en torno al 6% del parque de generación español, produce el 22% de la energía eléctrica consumida en España. Sin embargo, la energía eólica, con más de un cuarto de la potencia instalada en España, genera la misma energía que la nuclear. ¿Se ha valorado en qué medida son eficientes y confiables estas nuevas fuentes de suministro? ¿Se ha tenido en cuenta que estas energías renovables, en especial la solar, están condicionadas por empresas suministradoras de material que están fuera de España?
En las últimas décadas se ha dado una visión simplista e infantil en la que políticos y empresas han priorizado unas presuntas agendas medioambientales en las que la seguridad de suministro y el desarrollo industrial han sido sacrificados en aras de unas políticas centradas en supuestos criterios medioambientales sin que se haya explicado bien el coste que esto supone para la industria española ni para los consumidores. Inexplicablemente se han contrapuesto tecnologías que son en realidad complementarias y se han obviado las importantes posibilidades que existen en materia de gestión de agua (trasvases, desalaciones) y en materia ambiental con una energía disponible y barata.
En definitiva, la política energética debería basarse en un criterio de sostenibilidad bien entendida y, por tanto, apostar por un modelo energético que priorice, por este orden:
- Seguridad energética
- Competitividad económica
- Sostenibilidad ambiental
Es hora de que estos criterios entren en el debate político y que cuando los precios de la energía eléctrica sean noticia, la opinión pública pueda entender que el alza de los precios se debe a que se han hecho muchas cosas mal durante mucho tiempo y que existen soluciones para evitarlo y éstas pasan por reducir la dependencia energética.