Seamos sinceros, ¿en qué puede consistir el trabajo de un guardia fronterizo si no es principalmente “devolver en caliente” a los que asaltan vallas? Pues esta pregunta de una lógica meridiana no tiene respuesta legal en la UE

Mis más sinceras disculpas por una pregunta tan ramplona, pero confieso tener serias dudas. Y parece que no soy el único, pues Fabrice Leggeri, el director de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras), dimitió el viernes pasado porque ya no le queda claro si su papel es ayudar a los Estados miembros a controlar sus fronteras o, al contrario, vigilarles y denunciarlos si vulneran los Derechos Humanos de los inmigrantes irregulares mientras lo hacen. De hecho, me temo que, para algunos, controlar fronteras es en sí una violación de los Derechos Humanos y, por lo tanto, ilegal.

¿Para quienes? El culebrón Frontex, cuyo último capítulo se cerró con la renuncia de Leggeri, nos brinda algunas respuestas muy pertinentes. Bajo el mandato de este alto funcionario francés y al albur de la crisis migratoria de 2015, esta agencia creció exponencialmente y se tomó en serio su mandato, es decir, apoyar a las fuerzas nacionales a controlar las fronteras exteriores de la UE. Cumplir con su cometido (y no solo fingir que lo hacía) le puso en la diana del muy influyente lobby pro-migración europeo: ONGs tan minoritarias como militantes, medios de comunicación y, cómo no, el Parlamento Europeo. Por el contrario, los Estados miembros renovaron el mandato de Leggeri en 2019.

Las críticas recurrentes pronto se convirtieron sin demasiado disimulo en una campaña bien orquestada. En 2020, una coalición de medios europeos de izquierdas, encabezados por Der Spiegel, atacó con regularidad a Leggeri y a su equipo por tierra, mar y aire. Se hicieron eco de las acusaciones de las ONGs, que a su vez estaban basadas en información de diplomáticos turcos. El Parlamento también y, sorprendentemente, la mismísima Comisaria europea de Migración, Ylva Johanson, aprovechó la oportunidad para intentar decapitar la agencia dando por ciertas las acusaciones de la prensa y de la “sociedad civil”.

El siguiente paso fue abrir una investigación interna contra Leggeri y acusarle del peor crimen posible en la galaxia “sin fronteras”: cometer devoluciones en caliente, es decir, expulsar de inmediato a los inmigrantes que fuerzan ilegalmente una frontera.  OLAF, la agencia antifraude y rottweiler multiusos de la UE, se puso manos a la obra y, en un procedimiento en el que los derechos de defensa de los investigados brillaron por su ausencia, propusieron sanciones disciplinarias contra Leggeri. Sin éxito: 22 países las rechazaron. Solo Italia, Suecia, Estonia y la Comisión votaron a favor. Sin embargo, el director tiró la toalla y dimitió por voluntad propia.

¿Por qué? Desde luego, no para confesar culpa alguna, al contrario, lleva dos años defendiéndose como un jabato y me consta que así lo hizo durante su último consejo de administración. No, más bien dimitió para lanzar un mensaje claro: hoy por hoy, ni siquiera el director de Frontex sabe a ciencia cierta si es legal o no proteger las fronteras europeas. Seamos sinceros, ¿en qué puede consistir el trabajo de un guardia fronterizo si no es principalmente “devolver en caliente” a los que asaltan vallas? Pues esta pregunta de una lógica meridiana no tiene respuesta legal en la UE, principalmente porque, durante años, el lobby anti-fronteras ha utilizado la noción de “refoulement” de la Convención de Ginebra (es decir, devolver a un refugiado a un lugar en el que su vida corra peligro) como un arma de intimidación masiva contra todo aquel que se atreva a controlar fronteras. El argumento es tan conocido como tramposo: no se puede expulsar a nadie sin darle la oportunidad de pedir asilo, por si acaso, entre por donde entre y entre como entre.  Si nos atenemos a esta lógica, ningún Estado europeo podría controlar sus fronteras sin caer en la ilegalidad, ¿verdad?

Pues, precisamente, no, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice el muy garantista Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, nada menos. En el caso N.D. y N.T. contra España, del 13 de febrero de 2020, la máxima autoridad continental en Derechos Humanos dejó muy claro que España podía perfectamente devolver inmediatamente a migrantes africanos que asaltaron con violencia la frontera de Melilla sin transitar por los puntos legalmente previstos. Es decir, por las buenas no se puede devolver en caliente, pero por las malas, sí.

¿Ha tomado la Unión Europea nota de esta sentencia meridianamente clara? Parece ser que no. Para empezar, en su investigación OLAF ignora esta sentencia histórica y basa su razonamiento sobre la premisa de que las devoluciones en caliente son ilegales y que el papel de Frontex no es ayudar a los Estados a controlar sus fronteras, sino vigilarles cuando lo hacen y denunciar potenciales devoluciones en caliente. Un cambio radical que Leggeri no está dispuesto a asumir, además de una incertidumbre jurídica mantenida a propósito para intimidar a los guardias fronterizos y ponerlos bajo la amenaza constante de violaciones de Derechos Humanos y el correspondiente escarnio mediático.

La renuncia de Leggeri no es una confesión, es más bien una llamada de atención contra la castración sibilina de Frontex sobre la base de una campaña más política que veraz. Esta agencia, cuyo mandato estipula sin ambigüedades que su razón de ser es apoyar a los Estados miembros, corre ahora el riesgo de convertirse en su perro guardián.

La incertidumbre no se limita al mandato de Frontex o a la situación personal de Leggeri, va mucho más allá. En enero de este año, 16 ministros de Asuntos Interiores pidieron a gritos una clarificación legal a la Unión para que, por fin, traslade la sentencia del “caso Melilla” a su acerbo jurídico y, de paso, suelte fondos europeos para construir más vallas y proteger mejor las fronteras. Y no les falta razón.  Bielorusia y Marruecos lo dejaron muy claro, los migrantes se han convertido en un arma más del arsenal de las guerras no convencionales con las que amenazan Europa. A estas alturas, mantener una ambigüedad jurídica sobre las devoluciones en caliente a pesar de la sentencia de Estrasburgo es mucho peor que un el delirio buenista al que nos tienen acostumbrados. Es fanatismo ideológico, una amenaza directa a la seguridad de Europa.

Por lo tanto, me temo que no queda otra forma de contestar la pregunta con la que iniciábamos este artículo, ¿es legal controlar las fronteras?, admitiendo que lo es en todos los lugares del mundo salvo en uno: la Unión Europea.

Ironías de la vida: el mismo día en que la comisaria (socialista sueca) Johansson votaba a favor de sanciones disciplinarias contra Leggeri, la primera ministra de su país, Magdalena Andersson (también socialista), declaraba que la política migratoria de Suecia ha sido un fracaso, y que la falta de integración ha llevado a la creación de sociedades paralelas en las que no se respetan ni sus valores ni sus leyes.  Tal cual, mientras los suburbios suecos están arden y nuestros vecinos lanzan oleadas de migrantes, la UE sigue filosofando sobre las devoluciones en caliente. El camino del infierno está plagado de buenas intenciones. Y de las peores, también.