Al renunciar a la explotación de sus recursos mineros, España incrementa su dependencia exterior y favorece una progresiva desindustrialización.

Al contrario de lo que pueda parecer al escuchar a ciertos políticos o de lo que se perciba en la mayor parte de los medios de comunicación, el bienestar y el progreso de una sociedad no dependen de leyes vacuas o de medidas contra los motores de combustión.  Como ha demostrado la historia, los avances científicos y tecnológicos han impulsado los cambios económicos, sociales y políticos que caracterizan hoy las sociedades modernas y prósperas.

En un mundo globalizado y con una economía cada vez más integrada, la capacidad económica, industrial y tecnológica de un país están condicionadas por muchos factores. Uno de ellos, qué duda cabe, es el conocimiento; es decir, la capacidad de innovación aplicada y la de formar un capital humano preparado, pero, igualmente, es crítico el acceso de un país a recursos naturales de todo tipo y no sólo los energéticos.

Es cierto que en un mercado globalizado el acceso a las materias primas se ha convertido progresivamente en una cuestión meramente económica: si un país no tiene petróleo lo compra; si a un país le falta cobre, lo adquiere en los mercados internacionales. El valor añadido, se supone, no está en estas materias primas sino en su transformación y en la producción industrial que a partir de ellas se obtiene.

No es menos cierto que, en determinados casos, el acceso a esos recursos supone unos costes adicionales y una vulnerabilidad desde el punto de vista estratégico. Observar los precios de la energía en Europa ahora en comparación con hace un año es un buen ejemplo de lo que supone la dependencia energética del exterior y de cómo esa vulnerabilidad afecta especialmente a quienes menos recursos tienen.

La existencia de recursos naturales no significa que un país sea próspero: Nigeria y Venezuela son ejemplos arquetípicos, como también lo son, para el caso contrario, países de Europa, Japón u otros que, sin recursos naturales, pueden tener una economía basada en el conocimiento que genera el valor añadido a partir de los recursos. De igual modo, es innegable que los recursos naturales pueden servir con las políticas correctas para garantizar un bienestar y prosperidad, como es el caso de Noruega, algunos países del Golfo o, también, a servir de vectores de desarrollo económico nacional, como es el caso de Chile con el cobre, Australia y Canadá con los minerales o, a otro nivel, el propio Marruecos con los fosfatos o Argelia con el gas.

Se nos ha repetido muchas veces que España es un país escaso en recursos naturales. La realidad no es tal. La producción del mineral wolframio en el siglo pasado y su exportación a otros países para la producción de armamento fue una de las principales fuentes de divisas de España. En los años 50 y 60 del siglo pasado, con una política nacional orientada a la industrialización y al desarrollo económico, se utilizaron los recursos energéticos propios de las cuencas mineras para las primeras grandes centrales térmicas. Lo cierto es que España, en el contexto de los países europeos, tiene una extraordinaria diversidad geológica que lo convierte en uno de los países con mayor riqueza mineral de la Unión Europea y cuenta, además, con reservas de las llamadas “tierras raras”, minerales clave para la producción de determinados productos de alta tecnología.

En la actualidad, existen en España unas 2.500 explotaciones mineras que contrastan con las más de 4.000 que existían a principios de los años 90. Las políticas medioambientales han provocado una auténtica represión a este sector y, amparándose en falsos presupuestos, se ha negado a los españoles la posibilidad de reducir la dependencia exterior en el ámbito energético y no energético renunciando a miles de puestos de trabajo, muchos de ellos de alta cualificación y de una fuente de ingresos adicionales para el Estado.

Hoy en día, España cuenta con importantes reservas de hierro, litio, cobre, níquel e incluso oro. Existen en el lecho marino importantes yacimientos y, en particular en las Islas Canarias, reservas de tierras raras de enorme valor estratégico y económico.

Las tendencias geopolíticas internacionales han motivado que desde la Comisión Europea se apueste de forma creciente por la explotación de los recursos mineros de forma sostenible y es aquí donde España tiene la oportunidad de revertir la situación actual y apostar por un sector económico que fija población en el olvidado medio rural, generando oportunidades y que eleva el perfil estratégico de nuestro país al poder convertirse en un suministrador de estos recursos.

Pero, al igual que sucede con otros países como Noruega o Emiratos Árabes, la legislación se ha de modificar para favorecer una explotación de recursos en donde la producción y los ingresos tengan una doble función de generar una economía y unos puestos de trabajo y que los beneficios redunden en un colchón financiero para el Estado.

Y, de nuevo aquí, nos encontramos con un falso dilema ideológico donde parece que sólo hay dos posiciones: Por un lado, la izquierda socialista que considera a la minería una actividad condenable por su impacto negativo sobre el medio ambiente y que ha establecido una moratoria para poder extraer, por ejemplo, uranio. Y, por otro lado, tenemos a una visión capitalista tradicional en donde la explotación de las minas acabará en manos de gigantes extranjeros con trabajos poco cualificados y en donde los beneficios de esta explotación acaban en alguna multinacional canadiense o australiana.

La política minera en España debe huir de esta falsa dicotomía. Las preocupaciones medioambientales deben ser atendidas y gestionadas desde la racionalidad el pragmatismo, mitigando y reduciendo el impacto ambiental. Y, por otro lado, se debe establecer un marco regulatorio que favorezca la inversión y en el que se aseguren los incentivos locales y la creación de economía y puestos de trabajo. En otras palabras, no puede darse un caso como el de Boliden, donde una empresa minera extranjera que apenas generaba economía en España incumplió unos protocolos de seguridad generando una catástrofe medioambiental. El Estado debe involucrarse y supervisar que se cumple con la normativa ambiental y se minimiza el impacto al mismo tiempo que se aprovecha al máximo el beneficio económico. De hecho, se debería plantear que esos ingresos adicionales que se generarían para el Estado pudieran ser dedicados a un fondo soberano que pueda, por ejemplo, servir como una reserva nacional, como ya ocurre con tantos países desde Noruega a Emiratos Árabes Unidos o Malasia.

Aprovechar los recursos existentes en beneficio de la población de un país es una obligación moral de los poderes públicos. En un contexto de creciente competición internacional, España no debe renunciar a unos activos que pueden mejorar su competitividad y que pueden ser una fuente de mejora económica para el conjunto de la sociedad y de desarrollo económico para muchas zonas de España.