La declaración de emergencia climática es en realidad una excusa para limitar, controlar y dirigir tanto la actividad económica como la vida diaria de los ciudadanos avanzando, así, hacía una dictadura energética.
Aprovechando el calor veraniego y los trágicos incendios forestales, gobiernos, instituciones, medios de comunicación y los informativos meteorológicos repiten a diario, casi sin cesar, frases alarmistas con respecto al cambio climático creando un ambiente de miedo, urgencia y vulnerabilidad. Desde todos los ámbitos se esgrime el estandarte de la “emergencia climática” como si tal declaración pudiera servir para revertir un supuesto calentamiento global.
Este tipo de alarma constante, además de provocar ansiedad en la población, puede llevar a decisiones precipitadas sin un análisis profundo de las causas y soluciones del problema. Es fundamental que las decisiones políticas y económicas se tomen con un enfoque basado en la evidencia y no en el miedo.
La realidad está lejos de ser tan simple como nos la muestran algunos. Según la prestigiosa revista The Lancet, las cifras de muertes por frío superan con creces las muertes por calor en el planeta y, sin embargo, nadie parece considerar que, en el caso de un supuesto calentamiento global, eso iría en la dirección de reducir un mayor número de muertes.
Por si fuera poco, en el caso de España, según datos del Global Carbon Atlas, las emisiones de CO2 de España en 2019 ascendieron a 278 megatoneladas, una cifra que representa menos del 1% del total global. Para poner esto en perspectiva, consideremos a los verdaderos gigantes emisores: China con 10.065 megatoneladas, casi 50 veces más, Estados Unidos con 5.416 megatoneladas, y la India con 2.654 megatoneladas. Frente a tales números, parece desproporcionado que España, con su modesta contribución, sea objeto de atención alguna o que, en todo caso, cualquier tipo de medida pueda tener un impacto significativo.
Tampoco tiene sentido considerar los niveles de CO2 como una amenaza a la existencia de la vida cuando a lo largo de la historia del planeta, la concentración de CO2 en la atmósfera ha sido incluso cinco veces superior a la actual sin que por ello la vida humana haya estado en peligro y sin que se
haya podido demostrar una causalidad entre dichos niveles de CO2 y las temperaturas medias del planeta. Es vital reconocer que las fluctuaciones climáticas son intrínsecas a la historia de nuestro planeta, y no todas las variaciones se traducen en consecuencias negativas para la humanidad.
La declaración de emergencia busca en realidad incrementar los poderes del Estado para actuar sobre las actividades diarias de la población e imponer un marxismo moderno en tanto en cuanto se podría controlar y dominar los medios de producción. En este caso, el gobierno o las autoridades de turno podrían limitar la actividad con medidas fiscales o mediante el estrangulamiento de la oferta de productos energéticos elevando el coste de acceso a la energía y reduciendo su uso.
En realidad, lo que necesita España y lo que necesita el planeta es justo lo contrario: más energía y más barata. El desarrollo económico y el bienestar de las poblaciones tienen una correlación intrínseca con el acceso a energía asequible. No es coincidencia que las naciones que lideran las emisiones también cuentan con las economías más robustas y con índices más bajos de pobreza. El World Energy Council ha subrayado que el acceso a energía barata es un factor crucial para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida. Sólo los combustibles fósiles por un lado y la energía nuclear, por otro, son hoy capaces de responder al reto energético mundial. En concreto, los combustibles fósiles, a pesar de su demonización, han desempeñado un papel esencial en esta ecuación, permitiendo que millones de personas puedan mejorar sus condiciones de vida y escapar de la pobreza.
Aquellos que pretenden reducir drásticamente el uso de los combustibles fósiles deberían explicar qué alternativas existen y, también, a qué costo para la economía y la población. La transición hacia fuentes de energía renovable es encomiable pero la realidad es que los precios de la energía no disminuyen sino todo lo contrario. Cualquier iniciativa que pueda conducir a una energía
más cara será responsable de perjudicar la competitividad, frenar el desarrollo y perpetuar la pobreza en regiones ya vulnerables.
Declarar o considerar una “emergencia climática” como justificación a medidas y poderes especiales es sacrificar no sólo la libertad sino también el bienestar y la competitividad económica de forma estéril y estúpida ya que cualquier medida no tendrá rédito alguno en lo que respecta a los niveles de CO2. La única alternativa moral para reducir el CO2 es tratar de disponer de una
energía masiva, barata y que no emita CO2 y esto sólo puede realizarse a través de la innovación y avanzar, por ejemplo, en tecnologías nucleares más competitivas.
Subsidiar o imponer unas tecnologías inferiores, tal y como se pretende hacer en España, significa penalizar a la economía, la competitividad y el bienestar de nuestro país. Igualmente, en el ámbito mundial, prescindir de determinados combustibles o encarecerlos es igualmente inaceptable pues la urgencia de sacar a la población global de la pobreza y ofrecer una mejor calidad de vida debe ser siempre antepuesta a entelequias ambientales que no van a ser resueltas por medidas estéticas. El acceso a la energía barata y abundante es una necesidad, no un lujo.
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